Por: Redacción CRITERIO
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WASHINGTON – Varios diputados estadounidenses presentaron este mièrcoles un proyecto de ley para que el Gobierno de EE.UU. retire los fondos de financiación destinados a Honduras a raíz de las últimas violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
La iniciativa es conocida como “Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos”, en honor a la activista medioambiental asesinada este año, el texto pretende acabar con los fondos que EE.UU. provee a Honduras para sus operaciones policiales y militares, “hasta que el Gobierno de Honduras investigue los informes fidedignos que indican que Policía y militares están violando los derechos humanos de los ciudadanos”.
El Departamento de Defensa de EE.UU. otorgó al Gobierno de Honduras 18 millones de dólares en 2016 para la asistencia de seguridad.
El texto ademàs prohibiría los préstamos internacionales que prevén la ayuda de seguridad, a no ser que Honduras haga esfuerzos “serios” para hacer frente a estas “violaciones flagrantes de los derechos humanos por parte de la Policía y las fuerzas militares”.
“Proporcionamos millones de dólares en asistencia de seguridad a Honduras cada año, pero estas mismas fuerzas atacan y matan a activistas ambientales, laborales y de derechos humanos, como
Cáceres, sin ninguna respuesta efectiva de las autoridades de Honduras”, dijo el representante demócrata Hank Johnson, principal promotor de la ley.
“Es hora de que nuestro Gobierno envíe un mensaje más fuerte mediante el aprovechamiento de la asistencia de seguridad y los préstamos multilaterales con el fin de ejercer presión real y duradera al Gobierno de Honduras para proteger a sus militantes y perseguir a los responsables de estos crímenes atroces”, añadió.
Johnson, junto a la congresista Keith Ellison, encabezó una carta firmada por más de 60 colegas del Congreso pidiendo una investigación internacional independiente sobre el asesinato de Cáceres con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cáceres, líder indígena, ambientalista y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el pasado marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas de protección.
Cáceres se había opuesto a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, considerado sagrado por su pueblo y por suponer una amenaza para su comunidad.
