Las incongruencias se han evidenciado en múltiples áreas, incluyendo la seguridad, las relaciones con empresarios, los asuntos ambientales, las relaciones exteriores, los derechos humanos, la igualdad de género e incluso en sus propias posturas políticas ideológicas y de austeridad.
Tegucigalpa, Honduras. – Las acciones del gobierno liderado por el Partido Libre, con la presidenta Xiomara Castro al frente, han desencantado tanto al pueblo hondureño como a los sectores de poder económico, generando constantes fisuras y discrepancias con ambos grupos.
Durante los dos años y medio de gestión del gobierno de Castro, se han llevado a cabo diversas acciones, algunas positivas. Sin embargo, también se han producido decisiones erráticas que han provocado el descontento de diversos sectores.
Las incongruencias en la administración pública se han manifestado en diversos ámbitos, tales como la seguridad, las relaciones con empresarios, temas ambientales, relaciones exteriores, derechos humanos, género e incluso en sus propias posturas políticas ideológicas y de austeridad.
El clima de confusión pone en duda si la población otorgará el voto de confianza para que Libre continúe en el poder por otro periodo. Esto, según lo manifestado por la presidenta Xiomara Castro, a medios de comunicación, sería necesario para cumplir con sus promesas y megaproyectos.
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PELEA CON EMPRESARIOS
Una de las discordias más notables ha sido la confrontación con los empresarios. Por un lado, el gobierno intenta ganarse el favor del pueblo exigiendo que los empresarios paguen impuestos, una acción que ha generado malestar en este sector. Sin embargo, esta medida no se concreta y se percibe solo como una amenaza, lo cual deja insatisfechos tanto a los empresarios como al pueblo que espera que aquellos que generan riquezas trasladen parte de sus ganancias para proyectos de desarrollo y obras sociales.
De momento se mantiene una férrea lucha con los empresarios en torno a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, y revertir los enormes beneficios fiscales que las grandes empresas han gozado por más de dos décadas gracias a la aplicación de exoneraciones fiscales.
Según el secretario de Finanzas, Marlón Ochoa, las reformas del Código Tributario, aprobadas en 2016, permitieron que 503 personas jurídicas y naturales evadieron 57,132 millones de lempiras en impuestos entre 2017 y 2023, lo que representa un promedio del 7.3% de la recaudación anual.
La Ley de Justicia Tributaria no se ha aprobado, después de una lucha férrea en la que se ha llevado a la población afín al oficialista partido Libre a movilizarse, sin embargo, esta aprobación cada vez está más lejos, debido a que siete diputados de Libre han migrado al Partido Liberal, reduciéndose la bancada a 43 escaños.
Durante la gestión de Castro, el gobierno y los empresarios también han tenido otras discrepancias como las derogaciones de la Ley de Empleo por Hora, la Ley Especial de Alianzas Público-Privadas y los fideicomisos bancarios, que según los empresarios han estancado las inversiones y, por ende, la generación de empleos.
Las entorpecidas relaciones ha provocado que inversionistas y empresarios acudan a entablar demandas en contra del Estado de Honduras, de hecho, solo en la administración de Castro se han interpuesto once demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) lo que provocó que la administración Castro denunciara y oficializará la salida de Honduras de dicho organismo y que surtirá efecto a partir del próximo 25 de agosto.
Esta decisión ha acrecentado las molestias del sector empresarial. Según el analista y economista hondureño Julio Raudales, los constantes desacuerdos entre el gobierno y los empresarios, sumado a las amenazas de sancionar a los supuestos evasores de impuestos, sin hechos concretos, no hace más que generar un clima de incertidumbre.
Este clima incierto ahuyenta a los inversores extranjeros y priva a los hondureños de oportunidades de empleo ya que la armonía entre el sector público y privado son esenciales para crear un entorno de confianza y estabilidad que favorezca la inversión.
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PODER A MILITARES
De igual forma, en temas de seguridad, las contradicciones del gobierno son notables. Previo a que el Partido Libre llegara al poder se criticó fuertemente el rol que estaban desempeñando los militares, incluso se responsabilizó a los uniformados de perpetrar asesinatos de manifestantes durante el Golpe de Estado en 2009, víctimas que hoy son recordadas como mártires y cuyos nombres son utilizados en premios que se entregan a periodistas cada año.
Los militares también son responsables de reprimir y asesinar, junto a elementos de la Policía Nacional, a manifestantes durante la crisis poselectoral de 2017, derivada de la ilegal reelección presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), hoy sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
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Sin embargo, ahora que Libre está en el poder, ha continuado apoyando a los miembros de las Fuerzas Armadas, similar a lo que hacía el exmandatario Juan Orlando Hernández, asignándoles mayores presupuestos.
En 2024, se les asignaron 11, 651, 738,277.00 lempiras, un aumento de 1, 449, 479,677.00 lempiras, lo que representa un 14% más con respecto a lo otorgado en 2023.
A los militares no solo se les ha otorgado dinero, sino también poder, colocándolos al frente de las políticas de seguridad ciudadana mediante el “Plan de Solución contra el Crimen”, implementado en marzo del 2023, a través de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), que opera bajo un estado de excepción, desde el 6 de diciembre de 2022. Asimismo, se les dio el liderazgo de la Comisión Interventora para los 24 centros penitenciarios de Honduras, bajo el comando del coronel Ramiro Fernando Muñoz.
Otra postura errática del gobierno es el uso del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para aprobar medidas de seguridad, otorgando más herramientas a los militares con el pretexto de fortalecer las medidas de seguridad, que no son más que una réplica del modelo salvadoreño implementado por el presidente, Nayib Bukele.
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La copia del modelo bukelista se evidencia, por ejemplo, en la potestad que tienen los uniformados para intervenir en los barrios y colonias considerados los más peligrosos del país, además que se pidió al Poder Legislativo reforme el Código Penal para clasificar a los criminales como terroristas y el Código Procesal Penal para permitir la realización de juicios colectivos, ya que aseguran que sin estas reformas no se podrá lograr resultados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La exaltación del CNDS demuestra un cambio de discurso, porque inicialmente se prometió su derogación, luego una reforma. Sin embargo, con el paso de los meses no se ha hecho ni lo uno ni lo otro, lo cierto es que, esta plataforma, que da poderes omnímodos al titular del Poder Ejecutivo, se sigue usando como lo hizo en su momento Juan Orlando Hernández.
Según el analista político Raúl Pineda Alvarado, el gobierno de la presidenta Castro está tomando decisiones contradictorias. Las promesas hechas antes de asumir el poder no se están cumpliendo, y esto se debe en gran medida al protagonismo otorgado a las Fuerzas Armadas en decisiones que deberían corresponder al sector civil.
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DOBLE DISCURSO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
La administración Castro también ha sido cuestionada por el cambio de discurso en temas de protección ambiental. Anteriormente, se había prometido proteger el ambiente, y se criticó enérgicamente el asesinato de Berta Cáceres, defensora ambiental, asesinada en 2016 por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, territorio Lenca y propiedad de la empresa DESA.
La lucha, destacada tanto en discursos como en el plan de gobierno, ahora parece una simple promesa que se diluye en el tiempo.
Esta incongruencia tomó mayor auge a partir del año pasado al anunciarse la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, a pesar de las advertencias de ambientalistas y biólogos sobre el daño ambiental que esta construcción podría causar.
Pese a las múltiples advertencias, en lugar de cancelar el megaproyecto, el CNDS ordenó, en junio pasado, acelerar su construcción, incluso el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, informó recientemente que ya cuentan con una licencia ambiental que avala el proyecto.
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La construcción de esta cárcel refleja un panorama similar al observado en el proyecto de la ZEDE, Próspera, donde se justificaron daños en los arrecifes, bajo el argumento que existía una autorregulación.
Jimena García Merino, fundadora de la organización de sociedad civil Honduras Resurge, manifestó que se está planeando un proyecto que viola convenios ambientales y no consulta a los pueblos originarios.
Adicional al proyecto del centro penal en las Islas del Cisne, siempre a través del CNDS se ordenó la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en una zona despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, donde se encuentra la Moskitia y la Biosfera del Río Plátano.
Este centro pretende albergar a 20,000 privados de libertad, y sigue los mismos procedimientos de la cárcel prevista en las Islas del Cisne.
El gobierno ha ignorado las múltiples advertencias nacionales e internacionales, catalogándolas como una oposición impulsada por Estados Unidos para instalar sus propias bases de seguridad.
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POLÍTICA EXTERIOR CONTRADICTORIA
Precisamente con la nación norteamericana, el gobierno de Libre ha mantenido muchas incongruencias. Por un lado, acusa a Estados Unidos de injerencia cuando opina sobre temas como la corrupción. Sin embargo, antes aplaudía la emisión de la lista Engel, la que ahora rechaza por incluir a diputados del oficialismo como Rasel Tomé.
La incongruencia de las relaciones con Estados Unidos se afianza cada vez que la nación del norte apoya la militarización de Honduras, algo que es celebrado por la administración Castro, pese a cuestionar la hegemonía geopolítica yanki.
Además, la compra de armas a Israel resulta contradictoria, ya que en el plano internacional se condena a dicho Estado por la muerte de cientos de palestinos. Tanto la cancillería como la presidenta Xiomara Castro han pronunciado posturas en contra del genocidio, pero el gobierno sigue adquiriendo armas y equipo bélico israelí.
Según el analista en temas internacionales Graco Pérez, las posturas incongruentes en la política exterior de Honduras no son nuevas ya que el país nunca ha tenido una definición clara en cuanto a política exterior, y solo se ha limitado a actuar en función de las naciones que le ofrecen mayores beneficios.
Sin embargo, Pérez destaca que en el actual gobierno se añade un componente ideológico debido a que, a nivel internacional, este gobierno se presenta como de izquierda, pero en la práctica adopta muchas acciones propias de la derecha.
Por ejemplo, el fortalecimiento del papel de los militares y la adopción de posturas conservadoras en temas de género y derechos humanos, contrastan con el comportamiento esperado de un gobierno que se autodenomina socialista.
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VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS Y ACCONES DE DERECHA
La presidenta dirige un gobierno que se autodefine como socialista democrático, que representa una tendencia de izquierda, lo cual ha quedado evidenciado únicamente con la cercanía con ciertos países de dicho corte, que al igual que Honduras solo en discurso sostienen dicho modelo.
Como parte de las prácticas conservadores destaca la violación a los derechos humanos a través de un Estado de excepción que se extiende cada vez que se vence y que es violatorio de las garantías constitucionales.
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Otro detonante a los derechos humanos, es que el gobierno de Castro aseguró que no reprimiría las protestas ciudadanas, sin embargo, las quejas de la población han demostrado que estas sí han sido reprimidas con el uso de agua a presión lanzada por vehículos policiales.
Además, se ha mantenido una postura conservadora en temas como el veto presidencial a la Ley de prevención de embarazos en adolescentes, en agosto de 2023, en respuesta a presiones de sectores religiosos y conservadores.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, este acto representa un retroceso en los derechos de las mujeres, que la presidenta Xiomara Castro prometió defender.
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Asimismo, el gobierno de Libre ha quedado en deuda en otros aspectos de derechos humanos. Para el caso, la comunidad LGTBI ha mostrado posturas conservadoras, incumpliendo sus promesas de igualdad y justicia.
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POLÍTICA DE AUSTERIDAD
Otra incoherencia notable ha sido la política de austeridad prometida durante la campaña y tras la asunción al poder. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido, ya que continúan practicando medidas de años anteriores, entre ellas, el uso de vehículos de lujo, incluso para actividades personales, así como numerosas comitivas de funcionarios y particulares en viajes al exterior.
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Como reflejo de la ausencia de austeridad, un análisis de datos de este medio de comunicación reveló que al menos cinco funcionarios, desde el inicio del gobierno, reciben un sueldo superior al de la presidenta, pese a la promesa de evitar esta práctica.
Además, investigaciones periodísticas han expuesto la compra sobrevalorada de productos comestibles en diversas instituciones.
“Hace falta mucha conciencia ideológica. Algunos funcionarios la tienen, pero no la viven. No han seguido el ejemplo de líderes políticos como Pepe Mujica, quien predicó y practicó la austeridad”, apuntó la analista Jimena García Merino.
A las prácticas de derroche de los bienes estatales se suma el nepotismo y la falta de rendición de cuentas, siguió exponiendo “, García Merino.
Tras analizar las incongruencias del gobierno de Xiomara Castro, se puede afirmar que carece de una ruta y una ideología clara para gobernar.
Esta falta de dirección ha llevado a repetir escenarios y la contratación de personajes del mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en puestos clave del gobierno, sin mayores resultados.
En conclusión, sí no se rectifica, es probable que el gobierno pierda el apoyo de los 1,716,793 hondureños que votaron por Xiomara Castro en noviembre de 2021, respaldo que le otorgó el triunfo presidencial al Partido Libre.
