Por razón de forma C-Libre pide declarar inconstitucional el nuevo Código Penal

Por: Redaccion CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-El Comité por la Libre Expresión C-Libre ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo, 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal. La acción que tuvo lugar este jueves, 27 de agosto, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, es debido a que el Congreso Nacional no siguió el procedimiento establecido para la aprobación de leyes.

El presidente de la Junta Directiva de C-Libre, abogado y periodista, Saúl Bueso, explicó que la Constitución de la República establece que para la aprobación de leyes, el Congreso Nacional debe de realizar tres debates. Sin embargo, sostiene, que de manera injustificada, el nuevo Código Penal lo aprobaron con un solo debate. Bueso dice que está nueva legislación la han comenzado a aplicar para favorecer a los corruptos. 

El nuevo Código Penal fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 10 de mayo del 2019 y entró en vigencia el 25 de junio recién pasado, en medio de la emergencia del Covid 19 y bajo un estado de excepción, que restringe las libertades fundamentales de los hondureños.

Fuentes jurídicas indican que esta legislación no pudo haber entrado en vigencia el 25 de junio, porque desde marzo pasado el país está bajo un toque de queda permanente y que el artículo 188 constitucional prohíbe establecer nuevas penas y delitos en tiempos de excepción y de restricción de garantías.

Vale decir que este Código Penal también es rechazado diversos sectores sociales que consideran que fue aprobado en el Congreso Nacional para favorecer a los corruptos, los lavadores de activos y los violadores sexuales, con la reducción de penas. El sistema interamericano de los derechos humano igualmente se ha pronunciado en contra de esta legislación por la criminalización de la protesta y de los delitos contra el honor.     

Sin embargo, el recurso de inconstitucionalidad presentado por C-Libre es por razón de forma, según explica, el coordinador del área legal de ese organismo, abogado Mario Rojas, quien reitera, que la Asamblea Legislativa, no siguió el proceso legal para la aprobación del nuevo Código Penal vigente.

Rojas dice que según la Constitución, antes de crear un decreto o una ley penal, el Congreso Nacional  debe de escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia y  “eso lo hicieron hasta seis meses después de empezar a discutir el decreto”, expresó. 

Asimismo,  dijo que el procedimiento señala la discusión de tres debates, que solo se pueden dispensar motivados por una emergencia, que en la aprobación del Código Penal se dispensaron dos y que el Congreso Nacional, eso no ha justificado. 

Además, dijo que varios artículos no contaron con la aprobación del mínimo número de diputados que establece la Constitución. “Y por último, utilizando la figura de la reconsideración que es utilizada para corregir errores de ortografía, uno de los diputados  modificó en su totalidad artículos que tienen que ver con delitos de corrupción, infringiendo totalmente la norma de la Constitución”, aseguró Rojas.

Para él, estas violaciones de fondo no son subsanables, porque determinan cómo crear una ley y aseguró, que si estas cuestiones fueran subsanables, la sociedad estaría en un estado de indefensión por falta de seguridad jurídica.

De la abrogación del nuevo Código,  aprobada por 67 diputados de la oposición que se reunieron en sesión extraordinaria, el 24 de junio, previo a la entrada en vigencia de esta legislación, Rojas dijo que los diputados han cumplido con lo que establece la Constitución de la República, pero que esa ya es una cuestión política que depende de si la aceptan o no en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo. No obstante, Rojas dice que los diputados de la oposición utilizaron preceptos legales contenidos en la Constitución de la República.

Por su parte, la directora de C-Libre, Amada Ponce, cuestionó la forma en que se aprobó el nuevo Código Penal, aduciendo que es ilegal porque en un inicio la Corte Suprema de Justicia no fue consultada antes de aprobar el Decreto; que el Congreso dispensó dos debates sin justificar las razones que tenía y que varios artículos los declararon aprobados sin contar con la cantidad de votos requeridos.

Amada dice que C-Libre tiene las actas del Congreso Nacional donde se pueden observar  artículos aprobados hasta con 20 votos menos de los que se requerían. Y sostuvo, que existen otras irregularidades que motivan la solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para que lo declare inconstitucional.

Ponce afirma que como defensora de los derechos humanos y como periodista, espera que la Corte Suprema de Justicia, resuelva favorablemente la petición de C-Libre, y que no se vaya a traicionar a sí misma, porque uno de los reclamos que hace el recurso es que la Corte no fue consultada por el Congreso Nacional. Para ella no puede ser posible que los magistrados digan que no les interesa. 

De igual manera, anunció la realización de más acciones porque el nuevo Código Penal no solo presenta problemas de forma, sino también de contenido. Ella dice que esta legislación contiene 20 artículos que criminalizan la libertad de expresión, la protesta social, la investigación periodística y la participación ciudadana.

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