Por: InsightCrime
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Washington. Una serie de escándalos de corrupción que comprometen a altos funcionarios del gobierno han sacudido a Honduras y Guatemala en los últimos meses. En ambos países, los organismos de seguridad social de los gobiernos son los primeros en generar la crisis, debido a características propias de estas entidades, que las hacen vulnerables a ilegalidades, corrupción y actos criminales.
La actual serie de escándalos de corrupción en Guatemala comenzó en abril, cuando las autoridades detuvieron a funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acusados de participar en una red de fraude aduanero conocido como “La Línea”. El presunto jefe de esta red es el exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció en mayo como consecuencia del escándalo, pero quien siempre ha negado haber cometido cualquier ofensa.
Poco después de la dimisión de Baldetti, las autoridades guatemaltecas detuvieron al jefe del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, junto con al menos otros 15 sospechosos de fraude. Las acusaciones se basaban en irregularidades en un contrato de US$15 millones que el IGSS le adjudicó en octubre de 2014 a la compañía farmacéutica Pisa. Se cree que los participantes en la estafa se apoderaron de entre 15 y 16 por ciento del valor del contrato —aproximadamente US$2,27 millones—.
Estos dos escándalos han puesto al presidente de Guatemala Otto Pérez Molina bajo una creciente presión. El 30 de junio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó una solicitud de amparo presentada por Pérez, quien pretendía detener una investigación del Congreso sobre corrupción en sus actividades.
En la vecina Honduras, un escándalo de corrupción en el Instituto de Seguridad Social de ese país (IHSS) se desató en 2014. El exdirector del IHSS, Mario Zelaya Rojas, está acusado de malversar hasta US$330 millones de la institución; otros funcionarios del IHSS son sospechosos de aceptar sobornos de proveedores médicos y de hacer compras ficticias.
La debacle del IHSS resurgió a principios de junio, cuando el presidente Juan Orlando Hernández admitió que su campaña para las elecciones presidenciales de 2013 recibió dinero de empresas involucradas en el escándalo. El 30 de junio, la Corte Suprema de Honduras ordenó la detención de 16 personas sospechosas de complicidad con actividades corruptas del IHSS, entre las que se encuentra Lena Gutiérrez, vicepresidenta del Congreso hondureño.
En general, Guatemala y Honduras son notoriamente corruptos. Sin embargo, el hecho de que los organismos de seguridad social de estos países estén en el centro de las investigaciones y el escrutinio público se debe en parte a por lo menos cinco rasgos centrales de estas instituciones. En su conjunto, estos rasgos han permitido que las entidades sean susceptibles a la corrupción y la explotación por parte de funcionarios del gobierno, quienes en varias ocasiones han utilizado estas agencias como vehículos para el enriquecimiento personal.
1. Manejan enormes presupuestos
El presupuesto del IGSS en 2015 es de un poco más de US$2 mil millones —una considerable porción del presupuesto total del gobierno de Guatemala, que en 2015 se estima en US$9,2 mil millones—. El presupuesto aprobado en el año 2015 para el IHSS es de alrededor de US$300 millones (el presupuesto total del gobierno de Honduras para el 2015 es de casi US$8,5 mil millones). Ambas se encuentran entre las empresas más grandes en sus respectivos países.
Un gran presupuesto por sí mismo no significa que una agencia esté destinada a ser corrupta. Sin embargo, la corrupción rampante y una cultura de la impunidad en Honduras y Guatemala ofrecen amplias oportunidades para que los funcionarios en ambos organismos sustraigan dinero sin crear mucha (o acaso ninguna) sospecha.
Esto es especialmente cierto en Guatemala. Los grandes recursos del IGSS han permitido que la entidad —y sus altos funcionarios— se conviertan en actores políticos importantes. Incluso se habla del IGSS como el departamento de “caja menor”, dado que su dinero es utilizado para comprar favores de políticos y funcionarios del gobierno.
Sin embargo, los favores políticos y personales comprados por el IGSS toman con frecuencia la forma de inversiones, compras de medicinas y contratos de servicios. Esto conduce al segundo rasgo de estas agencias que les hace susceptibles a la corrupción.
2. Demasiados contratos
Para cumplir sus funciones básicas con el fin de proveer bienestar a los hondureños y guatemaltecos, el IHSS y el IGSS firman contratos con diversas empresas privadas y con proveedores de bienes y servicios. Estos contratos, sin embargo, crean oportunidades de sobornos y fraude a manera de comisiones ilegales y sobornos.
Por ejemplo, Mario Zelaya Rojas —además de malversar grandes sumas de dinero del IHSS cuando dirigió la entidad—presuntamente recibió más de US$2 millones en sobornos para facilitar los pagos a una empresa contratada para digitalizar el sistema de registro del IHSS. Al menos 320 personas conformaban la red que facilitaba las transacciones corruptas de IHSS, incluyendo empleados de la institución y parientes de altos funcionarios. Las esposas de José Alberto Zelaya (exjefe de compras y suministros del IHSS) y de José Ramón Betetty (exjefe financiero de IHSS) ayudaron a lavar el dinero que sus esposos robaron haciendo compras falsas en empresas ficticias.
En Guatemala, la mayor parte del dinero del IGSS se gasta a través de contratos otorgados sin licitación previa. (En los primeros meses de 2015, el IGSS otorgó nada menos que 1.000 contratos sin licitación). Por ejemplo, en septiembre de 2014, el IGSS adjudicó a la empresa Nextec S.A. un contrato por más de US$22 millones para la digitalización de formatos, aunque se conocían pocos detalles sobre la empresa, y nunca antes había tenido contratos con el gobierno. Además, Nextec fue la única empresa que participó en el proceso de licitación (que duró una semana), por lo que ganó fácilmente el contrato con un sobreprecio exorbitante.
Sin embargo, ésta es sólo una de varias irregularidades de contratos del IGSS en años recientes. En marzo de este año, el IGSS asignó un contrato de US$1,66 millones a la empresa Grupo MC2 S.A. para la adquisición de muebles y papelería, así como para el alquiler de impresoras, una fotocopiadora, un fax y un escáner. La empresa, sin embargo, presentó la segunda oferta más baja, que el IGSS pudo seleccionar debido a una excepción legal que le permitía hacerlo en el caso de alquiler de equipos. Las compras del IGSS bajo esta excepción aumentaron de US$12,2 millones en 2012 a US$68 millones en 2013 —el mismo año en que Juan de Dios Rodríguez se convirtió en director del IGSS—.
3. Conflictos de interés
Una razón por la que el IGSS y el IHSS han podido otorgar turbios contratos inescrupulosamente y con mínimas repercusiones es que muchos políticos y funcionarios del gobierno tienen intereses personales en juego.
Por ejemplo, Lena Gutiérrez —vicepresidenta del Congreso hondureño, cuyo arresto fue ordenado el 30 de junio— y miembros de su familia son acusados de estafar al IHSS por vender medicina de mala calidad a precios inflados, potencialmente malversando unos US$120 millones del IHSS.
Las ventas de medicamentos se realizaron a través de AstroPharma, una compañía farmacéutica a la que su familia ha estado vinculada y que pudo incluso haber sido creada por ésta con el propósito de estafar al sistema de salud de Honduras.
4. El lobby farmacéutico
Completando este círculo nefasto de corrupción y turbias contrataciones, se encuentra el poder del lobby farmacéutico, que es uno de los mayores financiadores de campañas políticas en Guatemala.
En Honduras, parte del dinero que AstroPharma ganó por sus contratos con el IHSS ayudaron supuestamente a financiar la campaña del presidente Hernández en 2013; el mismo Hernández admitió que recibió por lo menos US$145.000 en contribuciones de empresas relacionadas con el escándalo de corrupción del IHSS.
A cambio de proporcionar financiamiento político, las compañías farmacéuticas reciben lucrativos contratos gubernamentales para la compra de medicamentos y por otros servicios relacionados. Por otra parte, los políticos hondureños y guatemaltecos están en condiciones de impedir las investigaciones o actuaciones judiciales que cuestionan la validez y legalidad de los contratos sospechosos.
5. Corrupción e impunidad
Finalmente, el IHSS y el IGSS existen y operan dentro de un amplio contexto de corrupción institucional e impunidad rampantes en Honduras y Guatemala. Como resultado, las élites políticas y económicas arraigadas han podido manipular las dos entidades para beneficio político y financiero personal, sin controles ni procesos legales. Con tanto dinero en juego, no es sorprendente que el resultado sea un organismo gubernamental que a menudo actúa más como una mafia que como una institución de servicio público.
Se puede percibir un cambio en el horizonte. Estos escándalos han provocado protestas generalizadas sin precedentes en la historia reciente de ambos países. Los hondureños y guatemaltecos del común parecen estar hartos de la corrupción entre la clase política y están exigiendo un cambio —lo que ha llevado a algunos analistas a preguntarse si estamos frente a una “primavera centroamericana”—.
Los factores que dan lugar a la corrupción en los organismos de seguridad social deHonduras y Guatemala no se revertirán de la noche a la mañana. Pero la reciente detención de la vicepresidenta del Congreso hondureño, Lena Gutiérrez, y la negación de la medida cautelar del presidente guatemalteco Pérez Molina para detener las investigaciones de corrupción adelantadas por el Congreso, sugieren que los legisladores y políticos de ambos países están sintiendo la presión de la protesta pública a raíz de los escándalos, y que pueden empezar a dar pasos significativos hacia reformas serias.
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