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Por omisión de deberes y lesiones graves acusan a militar que hirió y torturó a menor en Choluteca

militar que hirió y torturó a menor en Choluteca

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  • El delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes no pudo ser incluido en la sentencia debido a falta de pruebas de la Fiscalía de Derechos Humanos, según el juez

  • La defensa privada del menor lamentó que en el Requerimiento Fiscal del MP ni siquiera habían contemplado que la víctima sufrió tortura, por eso pidió ampliación del delito, pero fue denegada

  • La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, manifiestan que las debilidades y desconocimiento sobre protocolos internacionales de DDHH por parte de operadores de justicia, es otro elemento que retrasa la justicia en Honduras

 

Tegucigalpa.- Kevin, un joven de 17 años regresaba a su casa luego de jugar al fútbol con sus amigos en una noche de crisis post electoral de 2017, había protestas en Choluteca y represión policial y militar, por lo que decidió buscar una calle alterna, pero fue perseguido por militares en una patrulla quienes le dispararon, la bala penetró en una de sus piernas, lo habían “confundido” con un manifestante en contra de la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández. 

A casi cuatro años del caso, el Juzgado de Letras Sección Judicial del departamento de Choluteca, dictó auto de formal procesamiento en contra del imputado Edgardo Rodríguez Andrades, militar de mando, por suponerlo responsable del delito de violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y lesiones graves en perjuicio de la víctima.

Aunque este fallo representa un paso importante para lograr justicia para la víctima, quien hoy es un adulto, deja en evidencia una vez más al sistema judicial de Honduras en el sentido del retardo de esta y hasta del desconocimiento en procesos de defensa de derechos humanos, según la Red de Defensoras de Derechos Humanos (RDDH), quienes llevan el caso de Kevin Pérez.

La abogada Nidia Castillo, representante legal de la víctima, informó que desde que se realizó la denuncia ante el Ministerio Publico (MP), han pasado toda una travesías en donde se han visto acciones hasta de criminalización de la protesta social y desconocimiento de la temática de niñez, tortura, uso de la fuerza, cadena de mando e ignorancia de protocolos internacionales en casos de derechos humanos.  

La abogada Nidia Castillo solicitó se incluyera el delito de tortura, en base al

Protocolo de Estambul, pero el juez determinó falta de pruebas de la fiscalía

Lo anterior, porque a la víctima le disparan creyendo que se trataba de un manifestante, lo que deja en evidencia la criminalización de la protesta. Al joven lo dejan en el piso tras haberle torturado, expresándole que por ser un protestante merecía cada golpe y la bala misma que recibió en la pierna y en el momento en que él se desangraba lo seguían golpeando, dijo la defensora de derechos humanos. 

“Kevin fue atacado brutalmente por diez agentes militares de la 101 Brigada de las Fuerzas Armadas (FF. AA), el venía de jugar fútbol en las canchitas de la colonia Venecia. Desafortunadamente hoy ha dejado de realizar esa práctica (deportiva) después de los traumas severos que sufrió a consecuencia de la tortura provocada por militares”, relató Castillo.

Explicó que en base al artículo 209 A del Código Penal consideraron que, en el Requerimiento Fiscal presentado en 2018 por el MP, merecía incluirse el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que ni siquiera habían sido tomado en cuenta por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, aun con las evidencias físicas que reflejó un dictamen forense, refrendado también por un experto consultor independiente. La solicitud de recalificación de los delitos fue denegada por el juez, quien consideró falta de pruebas, dijo tras resaltar que presentaron un análisis del Protocolo de Estambul respecto al caso.  

FISCALES Y JUECES IGNORAN EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL

El Protocolo de Estambul es un manual de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y para la presentación de hallazgos físicos y psicológicos frente a entes jurídicos y de investigación.

El caso de Kevin, es solo uno más de decenas registrados por la OACNUDH quien presentó en marzo su informe temático; “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras” el documento se deriva de la labor de observación y recomendación de la Oficina en virtud de la resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de conformidad con el acuerdo entre el Alto Comisionado y el Gobierno de Honduras, firmado el 4 de mayo de 2015, relativo al establecimiento de una oficina en el país. (Informe OACNUDH crisis post electoral).   

En relación al Protocolo de Estambul, Castillo lamentó la falta de investigación por parte del MP lo que habría debilitado la recalificación del delito que desestimó el juez quien hizo una interpretación del termino tortura en base a que la misma se lleva a cabo con la finalidad de obtención de información o confesión de una persona excluyendo así el tipo penal en relación al caso de Kevin y consideró “que no se acreditó el dolo consistente en el conocimiento de la arbitrariedad del proceder y en la voluntad de ejecutar la acción típica”, según se lee en el escrito de la Audiencia.   

“El protocolo de Estambul que se presentó en audiencia recoge tres elementos fundamentales como la parte psicológica que sufrió la víctima, se recoge la parte jurídica como también las afectaciones físicas que sufrió la víctima y sus consecuencias, es decir que el joven fue afectado física, psicológica y emocionalmente”, expresó la abogada Nidia Castillo, directora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos (RADDH).

Por su parte, la ex directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, en su condición de consultora independiente en el caso, explicó que el Protocolo de Estambul se utiliza desde 1984 como un argumento científico para investigar estos delitos tipificados en el Código Penal.

“Lamentablemente la falta de coordinación o la incorporación en un solo documento hace que las penas, más bien se degraden, y queden sencillamente en faltas leves o simplemente en lesiones que curan espontáneamente el efecto directo de lo que significa encontrar incorporados todos los elementos en un protocolo investigativo que haga justicia a las víctimas de tortura, pero sobre todo que se trate de rehabilitarlas y que los hechos no se repitan”, expresó.

Villanueva amplió que en el Protocolo de Estambul intervienen no solo médicos forenses; sino también psicólogos y psiquiatras e igualmente fiscales, “lamentablemente a pesar de las múltiples capacitaciones alrededor de este protocolo no se integran todos los elementos y los fiscales no logran incorporar lo valioso que tiene el mismo y al final con el desconocimiento de los jueces hacen que el propósito no se cumpla cuando se toma la situación en forma desintegrada”.   

MIGRAR, COMO CONCLUSIÓN

“Yo solo venía de jugar futbol y con unos amigos decidimos pasar por otra calle en donde no había las protestas, pero al ver el relajo que se armó y la persecución de las patrullas, decidimos correr, de repente ya no podía hacerlo porque sentí molestia en la pierna y en ese momento varios militares se bajaron de una patrulla y comenzaron a golpearme en la cara y el cuerpo con sus toletes”, expresó la víctima a Criterio.hn.

“Mientras me golpeaban me insultaban, me decían te vamos a matar perro, hijo de p… eran muchos insultos y repetían que me matarían, que era un manifestante y que pagaría, hasta que ya no aguanté más y desperté en un hospital”, añadió bajando su cabeza con un gesto que indicaba que lo que recordaba le duele mucho. 

Kevin dijo además que está consciente de que a raíz de lo que le ha pasado, psicológicamente le ha afectado porque, no solo sufre de pesadillas en relación con ese momento, sino que su estado anímico le genera alejarse de ambientes y personas y aunque no guarda rencor hacia los militares, evita verlos o estar cerca de ellos porque su presencia no le generan confianza ni tranquilidad. 

“Hay momentos en que pienso que ya no quiero seguir con esto (proceso legal) porque no veo que quieran hacer justicia, he repetido mi testimonio y aun con todas las pruebas presentadas por las abogadas, mire cuántos años han pasado y esa gente anda tranquila, ¿de qué sirve? En este país no hay ni justicia ni oportunidades para los jóvenes, he pensado en irme a Estados Unidos (migrar)”, expresó Kevin en relación con cómo ha venido analizando su caso y las conclusiones que él considera de su vida. 

La Red de Abogadas informó a Criterio.hn que éste es solo uno de tres procesos relacionados al expediente de Kevin, puesto que se trata de tres militares en el requerimiento fiscal, según su participación como responsables en la cadena de mando obligados a instruir a su tropa lo que establece el manual de uso de la fuerza.

“A lo largo de cuatro años y a pesar de todo el apoyo nacional e internacional por parte de la Oficina del Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha sido difícil acceder a la justicia (…) estos casos cuando están relacionados con militares se sobreseen o se cierran y quedan en impunidad fortaleciendo la corrupción en nuestro país”, dijo Castillo al tiempo de expresar que esperan una prisión preventiva para el imputado y todos los demás involucrados.

Los imputados son: Edwin Obed Padilla Raudales, Edgardo Rodríguez Andrade y Ermes Vásquez Euceda, efectivos militares que participaron en la dispersión de los manifestantes a la altura de la Colonia Venecia en Choluteca.

Añadió que la figura “cadena de mando” está establecida según el artículo 189 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras: Mando es la autoridad de que está investido todo militar, cualquiera que sea su jerarquía, para ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que les competen.

Lo anterior, deja claro que estos militares son los responsables del actuar de su personal a cargo. El personal que participó en el desalojo de los manifestantes anduvo con pasamontañas y no portaban ficheros de identificación, con el objetivo que las personas a las cuales le ocasionaron lesiones no les fuera posible identificarlos, indicó la defensora de derechos humanos.

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