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Población de Namasigüe continúa vigilante sobre contratos de energía

Namasigüe vigila contratos de energía

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Redacción: Viena Hernández

Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

Tegucigalpa. – Los pobladores del municipio de Namasigüe, Choluteca, quienes han sido permanentemente víctimas de procesos de criminalización, pero continúan vigilantes a las investigaciones que anunció emprender el Congreso Nacional, respecto a la aprobación de contratos de energía con vicios de nulidad en los gobiernos del Partido Nacional que los vulneran cada día.

A inicios de mayo de 2022, el Congreso Nacional creó una Comisión Especial orientada a investigar todo lo relacionado a decretos de contratos de energía con vicios de nulidad y corrupción.

De igual forma, para indagar sobre las nuevas leyes del sector energético, reformas y concesiones. El presidente del Poder Legislativo, Luis Rolando Redondo Guifarro, denunció que, en 2014 los congresistas nacionalistas aprobaron de manera arbitraria e ilegal, en un solo día, 68 decretos y 99 contratos relacionados con el sector energético.

Las irregularidades van desde la compra de energía a precios sobrevalorados, adjudicación de proyectos hidroeléctricos y reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica.

La arbitrariedad que expuso Redondo es que, pese haber contado con 105 diputados presentes, se aprobaron decretos, reformas y contratos energéticos con apenas 44 votos a favor, lo cual violentó el Decreto Legislativo 210-2013, en el cual se acordaba que la aprobación de leyes y decretos finalizaría el 19 de enero de 2014, no obstante, fueron aprobados un día después.

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Karina Aguilar una de las pobladoras criminalizada por oponerse y proteger su territorio, comentó que “hemos pasado por procesos de criminalización por parte de estas empresas y lo hemos dicho siempre, se instalaron ilegalmente en nuestro país, en las empresas de energía hay mucha corrupción”.

NAMASIGÜE ESPERA RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE COMISIÓN

En noviembre de 2019, el 97% de los pobladores de Namasigüe fueron contundentes a través de una consulta ciudadana, mediante la cual dejaron claro que no están de acuerdo con la ejecución de proyectos de energía solar fotovoltaica y de minería. Además, argumentaron que son uno de los sectores con mayor conflictividad social por la imposición inconsulta de proyectos de esta índole.

Sobre la imposición de esas compañías y los actos de amedrentamiento, el poblador criminalizado Leonardo Amador, denunció: “Estas empresas vinieron hostigando a las comunidades con humillaciones, como tratándolo a uno como mendigo, tratando de comprar la conciencia para aceptar dichos proyectos”.

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No obstante, la aprobación de contratos irregulares aprobados durante el mandato del extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández Alvarado, permitieron la instalación del Megaproyecto Fotovoltaico los Prados, propiciando también persecución y violación de derechos de los comunitarios, quienes se resistieron al proyecto y su impacto ambiental.

A través de un vídeo, la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos de Honduras (RADDH), compartieron una parte de uno de los documentos del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en el cual el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal en contra de: Félix Pedro Pastrana Escobar, Erasmo de Jesús Pastrana, Kelvin Edilberto Gómez Meza, Noesis Gómez Cruz, Juana Zulema Mendoza Reyes, Marlene Pastrana Escobar, Ancelma Escobar y Yenny Karina Aguilar Álvarez, a quienes “acusa como responsables a título de autores del delito de daños en perjuicio de Empresa Energía Solar Fotovoltaica”.

La oficial jurídica de la RADDH, Cindy Sánchez, apuntó que “abogan para que la Comisión Especial realice un trabajo extraordinario para que los decretos puedan ser anulados, derogados por completo al ser ilegalidades que se han cometido y sin facultad para aprobarlos en un solo debate”.

De tal forma, se mantienen a la expectativa que realmente haya resultados de parte de la Comisión encomendada por el Congreso nacional, para detener la instalación anormal de proyectos energéticos, los cuales únicamente se erigen para vulnerar los derechos y la paz de las comunidades y quienes la habitan.

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