Ilustración: Guillermo Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa.- A menos de un mes que se convoque e instale la Junta Nominadora para la proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organizaciones piden se garantice estándares de publicidad, transparencia y escrutinio social en ambos procesos.
La recomendación forma parte de una serie de sugerencias realizadas por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la oficina en Honduras de Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), mediante las cuales buscan mejorar el marco normativo sobre el funcionamiento de la Junta Nominadora a cargo de la selección y evaluación de las personas candidatas a magistradas y magistrados.
Las propuestas incluyen temáticas relacionadas a trasparencia, publicidad, meritocracia, participación ciudadana, y la igualdad de condiciones y no discriminación en el proceso de designación de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia en Honduras.
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Estos planteamientos se desprenden del informe conjunto “El proceso de selección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia en Honduras: Recomendaciones desde el derecho internacional y comparado para seleccionar a las y los mejores”, y toma en consideración las propuestas legislativas presentadas ante el Congreso Nacional para mejorar el mecanismo de selección que inicia en la primera quincena de julio de este año.
Ambas organizaciones señalan que “la implementación de medidas rigurosas disminuye las posibilidades de influencia política sobre la judicatura y contribuye a fortalecer la independencia judicial, a la vez que permite afianzar la democracia y el Estado de derecho al promover una efectiva separación de poderes y la garantía de los derechos humanos”.
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO PARA DENUNCIA CIUDADANA Y OTRAS RECOMENDACIONES
Además de solicitar la publicidad y transparencia tanto en los mecanismos de selección de la Junta Nominadora como en el proceso de selección de magistrados y magistradas, piden el establecimiento de una vía para que la ciudadanía denuncie conflictos de interés o presuntos vínculos entre integrantes de la JN y candidaturas específicas o denuncias –debidamente sustentadas– vinculadas a candidaturas específicas.
Asimismo, descartar la participación de personas con vínculos político-partidarios en la JN, o que puedan afectar tanto su independencia real como la apariencia de independencia de esta y establecer un mecanismo de responsabilidades y rendición de cuentas para integrantes de la JN.
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Con respecto a la meritocracia, señalan el establecimiento mediante una norma de rango legal, el perfil del cargo que describa el conjunto de capacidades, cualidades y elementos éticos que debe reunir una persona para desempeñarse como magistrado o magistrada de la Corte Suprema.
También proponen el establecimiento obligatorio para que la Junta Nominadora exponga las razones por las cuales nomina a cada uno de los candidatos o candidatas, así como hacer pública toda la información tomada en cuenta para evaluar la idoneidad de las personas integrantes de la nómina y de enviarla íntegramente al Congreso Nacional.
Otras sugerencias incluyen: la promoción de la veeduría ciudadana en el proceso de selección como un derecho, prepublicar el reglamento del proceso de selección para recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía, organizaciones civiles, academia y sociedad civil y que estás a la vez formulen preguntas a las y los candidatos durante la etapa de entrevistas.
Otro planteamiento es la regulación de un recurso efectivo para que la ciudadanía pueda impugnar o solicitar la reconsideración de decisiones adoptadas por la Junta Nominadora o el Congreso Nacional, incluyendo la designación final.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
En cuanto a la temática de equidad de género urgen la promoción de la participación de mujeres en el proceso de selección a través de pronunciamientos y promoción en universidades y colegios de abogados. Así como entrevistas que neutralicen conscientemente los sesgos y estereotipos de género y alcanzar la composición paritaria de la Junta Nominadora.
También sugieren incorporar medidas afirmativas en el proceso de selección, como cuotas de género que garanticen un mínimo de mujeres electas, o la obligación de nombrar de forma alternada, de listas separadas de hombres y mujeres.
La mayoría de estas recomendaciones están incluidas en el proyecto de “Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia” socializada por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
No obstante, esta y otras propuestas de Ley para la selección de la junta nominadora y magistrados -presentadas por diversos sectores- quedaron en pausa, luego que el Congreso Nacional entró en receso durante el mes de junio.
Cuando el Poder Legislativo retorne en julio deberá dar inicio la convocatoria e instalación de la Junta Nominadora en los primeros 15 días del mes de julio, además los entes convocados deberán acreditar a sus representantes a más tardar el 31 de agosto de 2022.
En la actualidad está instalada una Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por magistrados y magistradas seriamente cuestionados por actuaciones contrarias a los intereses de la nación y denuncias en el desempeño de sus cargos.
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Uno de los cuestionados es el magistrado presidente de la CSJ, Rolando Argueta, a quien se le señala por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos acusado por delitos conexos al narcotráfico, entre otras irregularidades, como el nombramiento arbitrario como notaria a su hermana Diana Rubí Argueta Pérez.
