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Politización y padrinazgos deben extinguirse en la selección del Fiscal General y magistrados de la CSJ

Juicio político contra fiscal y titular de CSJ

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Tegucigalpa.- La politización y padrinazgos, pese a señalamientos por actos de corrupción, deben extinguirse en los procesos de selección de los fiscales generales y magistrados de los Poderes Judiciales en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Esta fue la conclusión a la que llegaron lideresas en la lucha contra la corrupción durante el foro virtual «¿Cómo mejorar los procesos de selección de magistradxs y fiscales en Centroamérica para combatir la corrupción y la impunidad?», organizado por la Seattle International Foundation (SIF) y el Center for Latin American & Latin Studies de la American University.

En el evento participaron la exfiscal general de Guatemala y directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),  Claudia Paz y Paz Bailey; la jefa del área Anticorrupción y Justicia de Cristosal en El Salvador, Ruth López; la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos; la presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional de Honduras, Fátima Mena; y el asesor principal de USAID para el Triángulo Norte, Michael Camilleri.

La directora del CEJIL y exfiscal general de Guatemala afirmó que la región enfrenta enormes desafíos en cuanto a la despolitización de los procesos de selección de los fiscales y jueces. Agregó, que es urgente que se elijan a fiscales autónomos con conocimientos de investigación criminal, que no estén señalados por arbitrariedades e ilegalidad.

Por parte de Cristosal en El Salvador, Ruth López aseguró que en estos momentos “ya no se trata únicamente de la real separación de Poderes, sino del real funcionamiento de los pesos y contrapesos”.

Declaró la necesidad de fiscales independientes, esto en relación con la cooptación por parte del Poder Ejecutivo de El Salvador de la fiscalía, la Sala de lo Constitucional y el retiro obligatorio de los jueces mayores de 60 años.

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Además denunció la práctica de realizar audiencias judiciales multitudinarias en el contexto del estado de excepción y en las cuales se han acusado hasta a 600 personas y en las que el juez no puede ni leer todos los nombres de los inculpados en procesos judiciales aberrantes.

HONDURAS Y LA SELECCIÓN DEL FISCAL Y MAGISTRADOS

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción remarcó que en Honduras los padrinazgos y deudas políticas han imperado en la selección y elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, así como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Castellanos recordó la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional el 12 de diciembre de 2012, el cual calificó como un acto de represión ejecutado por el Congreso Nacional y motivado por la incomodidad que provocaron varias  sentencias de inconstitucionalidad que emitieron.

De igual forma señaló las irregularidades y vicios legales en la reelección del actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, quien dicho sea de paso fue el único magistrado que sobrevivió a la removida de 2012 a la Sala de lo Constitucional. Su “nombramiento obedece a índole política”, dijo Castellanos.

En relación con la elección del titular de la Procuraduría General de la República por el gobierno de Xiomara Castro, Castellanos consideró que el reemplazo fue extemporáneo y los elegidos no cumplieron con todos los requisitos, ni se dio motivo válido para la destitución.

“Estas prácticas [tanto en gobiernos anteriores como el actual] son una fuga crónica que cada vez se va haciendo más grande y amenaza la poca confianza que tenemos en el sistema de justicia”, exteriorizó la directora del CNA, quien también recalcó que Honduras está frente a “un sistema antidemocrático porque quienes llegan a estos puestos son elegidos por la élite política”.

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Gabriela Castellanos remarcó que en Honduras hay más de 10 cargos que se eligen de forma secundaria y es importante que quienes sean nombrados “gocen de los más altos niveles de ética”, por lo que el ente que dirige ha propuesto ante el Poder Legislativo un proyecto de ley para la elección de servidores públicos de segundo grado. 

Para Castellanos, si bien todo el peso de que personas probas lleguen a los puestos de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia recae sobre el Congreso Nacional. Es de suma importancia que la ciudadanía organizada se involucre para evitar que la historia no se repita.

La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional de Honduras y diputada por el Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, concordó con la directora del CNA al asegurar que la selección del fiscal general y los magistrados a la CSJ “no es un tema únicamente de abogados y políticos, sino de la ciudadanía en general porque determina la democracia del Estado”.

Mena respaldó las declaraciones de Castellanos al confirmar que elites antidemocráticas llegaron hasta espacios de la sociedad civil y estos a la vez cooptaron las juntas nominadoras.

Además, aseveró que es momento de reconstruir el Estado de derecho en Honduras, y resolver el problema y reconstruir una fortalecida separación de poderes, con un fiscal que goce de independencia.

Por parte del asesor principal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para el Triángulo Norte, Michael Camilleri, recalcó que todos los procesos de selección son fundamentales para el Estado de derecho y el combate a las causas profundas de la migración.

Remarcó que para la administración Biden-Harris, quienes tienen señalamientos por corrupción no cumplen con el estándar para ocupar puestos como funcionarios públicos. Un punto de vista que es compartido con la Unión Europea y otros que han mostrado preocupación por la selección de los fiscales y magistrados en los países que conforman el Triángulo Norte.

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