Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA. – Una iniciativa de ley fue presentada en el Congreso Nacional para derogar el inconstitucional escudo de impunidad del que gozan los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) que administran cientos de millones de lempiras en el instituto de pensiones del gremio.
El proyecto de derogación del Decreto 113-2019 – aprobado en septiembre por diputados del gobernante Partido Nacional y el lado oscuro de los liberales– fue presentado el jueves por el legislador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rony Martínez, quien advirtió que la institucionalidad pública no puede sustraerse de cumplir su papel de supervisión, control y vigilancia en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).
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Martínez presentó la iniciativa de derogación del régimen de excepción, otorgado a los directivos en el ente de pensiones de los periodistas, después de ser publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto 113-2019 que amplió el escudo de impunidad del que gozan los líderes del gremio de periodistas desde el año 2000 a través del Decreto 59-2000.
Esta legislación que viola la constitución de la República, en lo que respecta a que “en Honduras no hay clases privilegiadas” y que “todos los hondureños son iguales ante la Ley”, fue ampliada el 25 de septiembre a través del Decreto 113-2019, estableciendo que la jurisdicción en que se conocerán las demandas contra el IPP serán los tribunales de lo Civil, y no en los del Contencioso Administrativo, como corresponde legalmente al ser el ente un organismo de derecho público.
La iniciativa para derogar el régimen de excepción, existente en el ente de pensiones de los periodistas, coincide con la publicación en Criterio de nuevos episodios de graves irregularidades en el IPP, entre ellos la compra en 2011 de un terreno en Tegucigalpa sobrevalorado en casi 3 millones de lempiras, operación en la que se involucran miembros de la junta directiva y el gerente Nelson Omar Calderón.
Martínez, legislador por el departamento de El Paraíso, dijo que el régimen de excepción otorgado con la vigencia del decreto 59-2000 “ha significado que el Instituto de Previsión Social del Periodista no ha sido supervisado ni fiscalizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”.
“La falta de supervisión, fiscalización y control de las operaciones administrativas y financieras del Instituto de los Periodistas expone a todos sus afiliados al riesgo de que se quebrante la sostenibilidad de ese sistema por prácticas administrativas y decisiones financieras contrarias a las normas establecidas en las leyes de la República”, advirtió Martínez en la exposición de motivos.
“Muchas denuncias han sido publicadas poniendo en evidencia la falta de transparencia en este Instituto en sus operaciones”, agregó, aludiendo a casi 40 artículos publicados por Criterio desde el año 2015.
Aseguró que en el ente de previsión de los periodistas, al margen de la ley de creación “se ha modificado la fórmula para el cálculo del monto de la pensión por jubilación, usurpando la atribución legislativa del Congreso Nacional, que es el único Poder del Estado con la atribución de reformar leyes”.
Ante la iniciativa del diputado Martínez, el presidente del CPH y del IPP, Rodríguez Coello, reaccionó con expresiones ofensivas contra el diputado defendiendo el privilegio del que gozan como directivos al no tener que rendir cuentas de cómo administran los fondos del ente de pensiones de los periodistas.
“Diputado @ronymartinezhn muestra una completa ignorancia de cómo funciona el sistema de protección de periodistas. Se entiende porque no pertenece a nuestro gremio. Pida luces antes de proponer tal aberración motivado por 3 personas que exigen un millonario recálculo de pensiones”, publicó en su cuenta de Twitter el periodista de Diario La Prensa, Dagoberto Rodríguez.
Diputado @ronymartinezhn muestra una completa ignorancia de como funciona el sistema de protección de periodistas. Se entiende porque no pertenece a nuestro gremio. Pida luces antes de proponer tal aberración motivado por 3 personas que exigen un millonario recalculo de pensiones https://t.co/MSj0umK6tV
— Dagoberto Rodríguez Coello (@darocohn) February 6, 2020
Periodistas afectados por la arbitraria administración de tal instituto, dijeron a Criterio que el presidente del CPH intenta confundir a la opinión pública al equiparar el sistema de protección de periodistas con el ente de previsión social. Explicaron que el primero tiene que ver con las amenazas a la seguridad personal en el ejercicio de la profesión, y el segundo se refiere a la pensión al jubilarse.
Gustavo Palencia, uno de los perjudicados, dijo a Criterio que “la reacción del presidente del CPH es una muestra más de como la dirigencia del ente de pensiones se aferra al privilegio de no rendir cuentas y mantener ocultos todos los manejos de los fondos que administran, a la vez que trata de intimidar a un legislador que ejerce su derecho como diputado de presentar iniciativas en defensa de los ciudadanos.
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UN ROSARIO DE IRREGULARIDADES
En la administración del IPP, se han registrado despilfarro de fondos, compras sobrevalorada de propiedades, otorgamiento de míseras pensiones violentando la ley de creación del ente, violación a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y abultados gastos en el pago de abogados para evitar publicar información administrativa y financiera del ente, y entregarla a afiliados que la han solicitado.
El escudo de impunidad en el que se refugian los dirigentes del CPH, que a su vez son parte de la junta directiva del IPP, establece que al ente de pensiones de los periodistas “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras”.
La ampliación aprobada a petición del presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Dagoberto Rodríguez Coello, agrega una reforma dirigida a que los presidentes del IPP puedan trasladar a su antojo la representación legal del ente de pensiones, entre los restantes directivos.
Los dirigentes del CPH en el IPP, con esta ampliación que reformó el decreto 59-2000 aprobado en el año 2000, que les otorgó originalmente la impunidad, pretenden postergar la posibilidad de una sentencia ante las dos primeras demandas presentadas contra el ente de previsión por dos periodistas jubiladas por el cálculo ilegal de sus pensiones.
El representante legal del IPP, en uno de los juicios presentados en lo Contencioso Administrativo en abril del 2018, ya presentó un recurso de nulidad alegando la aprobación del decreto 113-2019, que establece que la jurisdicción que conocerá los casos del ente es lo Civil.
Sin embargo, legalmente la pretensión de los directivos del IPP no es aplicable en este juicio, debido a que cuando se aprueba la reforma en el Congreso Nacional ya la demanda estaba en proceso y no es aplicable la retroactividad salvo en casos penales.
La administración del IPP, nunca desde que inició operaciones en 1987, ha sido auditada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), o lo que fue hasta mediados de 1996, la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH).
Este privilegio únicamente lo gozan los directivos del ente de previsión social de los periodistas, pues los restantes Institutos están sometidos según sus leyes a la supervisión, control y vigilancia de la CNBS.
Lo que ha representado que se disminuya en hasta un 70 por ciento el monto de la pensión que se otorga, en relación a lo que establece la ley del IPP, según información en poder de Criterio.
Un comentario
Lo van a engavetar seguramente.