Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Un liderazgo de un Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) sancionado por la opacidad en que opera las finanzas del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) y acusaciones de corrupción en el ejercicio de la profesión, marcan la celebración del día de los comunicadores.
Este es el escenario que observa la sociedad de Honduras por parte de una cúpula del gremio de los periodistas que debiese ser un ejemplo de transparencia, pero que fue sancionada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por negarse a entregar información sobre las operaciones del IPP.
El presidente del (CPH) y el IPP, Eduin Natividad Romero García, fue sancionado por el IAIP debido a su férrea negativa a ofrecer información relevante para conocer la real situación financiera del ente de previsión de los comunicadores.
«Es un escándalo que el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras sea sancionado por no ser transparente, si el liderazgo del gremio periodístico oculta información de un ente que administra cómo queda el prestigio de los que ejercemos la profesión «, dijo a Criterio.hn Gustavo Palencia, un veterano comunicador que ejerce como periodista hace más de 34 años.
«Los periodistas estamos obligados a ser transparentes, no es posible que la junta directiva del IPP no asuma como cierto que la transparencia es ineludible y que se aferre al ocultamiento motivada por intereses personales», agregó.
La opacidad por parte del liderazgo del Colegio de Periodistas de Honduras y su Instituto de Previsión contrasta con los reclamos de la ciudadanía de transparencia y que se investigue los episodios de corrupción que han flagelado y empobrecido al país.
Una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), fue creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en respuesta a las multitudinarias marchas en 2014, después que el presidente Juan Hernández, admitió que su campaña captó fondos de empresas vinculadas al desfalco millonario en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Hernández solicitó a la OEA la creación de la MACCIH tras las espontáneas y nutridas marchas de las Antorchas de los ciudadanos Indignados en las principales ciudades de Honduras, que también reclamaban su renuncia del cargo que asumió en enero del 2014.
La transparencia es vital para la democracia y la existencia de una institucionalidad fuerte.
La cúpula del IPP decidió desistir de las transferencias estatales a partir del 2014, establecidas en la ley de creación del ente de previsión, generando hasta el 2016 una pérdida de 2.8 millones a sus afiliados.
Esta decisión fue adoptada por los dirigentes gremiales con el afán de evitar la supervisión de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que legalmente les corresponde cumplir con estos controles en el IPP.
Una cúpula del gremio periodístico que da la espalda a la transparencia, seguramente no es lo más recomendable para un ejercicio de la comunicación en Honduras que permita construir democracia y bienestar.
¿Corruptos el 95 % de los periodistas?
El periodista español Alberto Arce, actual corresponsal del diario estadounidense New York Times en una intervención reproducida en You Tube asegura sin desenfado que el 95 por ciento de los periodistas de Honduras son tarifados.
En Honduras existe una cosa que se llama la “machaca” todos los ministerios y todas la secretarías de Honduras tienen unas listas de 60, 70, 80 periodistas de todos los medios de comunicación que cobran en función de su categoría y de su poder desde 200 dólares al mes hasta 10.000″, dijo el periodista que entre 2012 y 2014 se desempeñó como corresponsal de la agencia Prensa Asociada (AP) en Honduras.
La seria imputación de Arce no ha recibido ninguna respuesta de los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras. El presidente del CPH ni siquiera ha dicho que el porcentaje es menos como opinan algunos periodistas.
Pero internamente los ciudadanos y profesionales de otras disciplinas perciben la situación que enfrenta el ejercicio periodístico en Honduras y su distanciamiento del interés público.
El joven abogado Gustavo León Gómez en un artículo de opinión titulado «Vocación periodística» publicado por el diario El Heraldo advierte su preocupación por el desempeño de la prensa en el país.
«El pago de sobornos, la compra de publicidad por parte del Estado, las invitaciones a viajes y francachelas y el otorgamiento inmerecido de frecuencias y canales televisivos, han deformado la práctica del periodismo» en Honduras, asegura León Gómez. Y agrega que «en algunos casos, han logrado que los medios deban ceder ante las presiones de un periodismo tarifado o falto de preparación para poder competir con el periodismo amarillista, vulgar e ignorante».
«Está en deuda el periodismo con la sociedad y ha llegado el momento de pagar la cuenta. A gran poder gran responsabilidad», afirmó León Gómez.
Pero los periodistas, comunicadores, propietarios y empleados de medios también son afligidos por el crimen y las amenazas en su mayoría por parte de desconocidos en actos que no se han esclarecido y se mantienen en la impunidad.
El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
asegura que en los últimos 15 años, 64 comunicadores, propietarios y empleados de medios fueron asesinados en Honduras.
El organismo dice que entre 2014 y 2016 fueron asesinados 21 periodistas, comunicadores, propietarios y empleados de medios. En el último ataque contra un periodista, Félix Antonio Molina, desconocidos le asestaron 4 disparos en las piernas en un episodio ocurrido el 2 de mayo en Tegucigalpa.
Molina sobrevivió al ataque que no ha sido esclarecido.
La libertad de expresión y la democratización en la operación de señales de televisión, también es amenazada por la suspensión por parte del gobierno del permiso al canal TV Globo, debido a que no gestionó a tiempo la renovación.
TV Globo es un abierto crítico del gobierno y denunciante de corrupción que ha involucrado a funcionarios de la administración y la misma campaña política de Hernández, que captó unos 3 millones de lempiras del escándalo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
