Partidos Libre y Liberal rechazan admisión de recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de la MACCIH

MACCIH

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Los opositores partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre) han rechazado el recurso de inconstitucionalidad admitido este martes por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

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“Condenamos toda acción impulsada por quienes hoy sienten la amenaza de recibir la sanción y el castigo de la ley dirigida o encaminada a debilitar o anular el accionar de la MACCIH, como lo es el censurable recurso de inconstitucionalidad referido, cuyo objetivo es garantizar la impunidad de quienes han sido señalados de cometer casos emblemáticos de redes de corrupción en perjuicio de los intereses del pueblo hondureño”, dice el Partido Liberal mediante un comunicado.

La institución política,  ratifica además “su respaldo y apoyo irrestricto a los esfuerzos que realiza la MACCIH” en contra de la corrupción y la impunidad.

En tanto el coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, escribió en su cuenta de Twitter que “en Honduras la justicia está corrompida y politizada por una mafia  política bipartidista que la destruyó”.

Finalmente, expresa “apoyemos a la MACCIH para que goce de independencia y actúe con imparcialidad”.

El recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de la MACCIH, suscrito entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA), fue interpuesto el pasado 6 de marzo por el abogado Juan Sánchez Cantillano, apoderado de los ex diputados al Congreso Nacional, Augusto Cruz Asensio, Audelia Rodríguez, Eleazar Juárez, Denis Sánchez y Hector Padilla y los miembros de la Asociación Nacional de Productores e industriales de Barros y Colonias de Honduras (ANPIBCH) Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade y José Napoléón Panchamé Banegas.

La MACCIH junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) abrieron un proceso de investigación contra los cinco diputados y  los tres miembros de la ONG, a quienes el Ministerio Público les presentó requerimiento fiscal por el delito de malversación de caudales públicos por drenar, supuestamente,  fondos públicos para fines particulares.

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