Por: Viena Hernández

Tegucigalpa. – Incluso cuando el embarazo es resultado de violación sexual, es ilegal en Honduras, no importa las circunstancias o si se trata de una niña, sumado a eso, si decide abortar de forma clandestina, esta puede fallecer debido a las pésimas condiciones a las que se exponen.

Tanto la mujer que decide abortar, como la persona que la ayude, pueden ser acusadas penalmente y ser encarceladas. No importa que se trate de una víctima, el abuso físico y mental al que ha estado expuesta, las leyes están en su contra.

Tan solo a dos semanas que Argentina tenía un avance en los derechos de las mujeres con la aprobación de la interrupción del embarazo, Honduras retrocedía, una vez más. El 21 de enero de 2021, a pocos días de abandonar el poder, en Congreso Nacional del gobierno pasado marcó otros de sus atroces precedentes.

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El diputado Mario Pérez del Partido Nacional presentó un proyecto de ley, el cual se denominó “escudo contra el aborto”, con esa impulsó convertir a artículos pétreos a los artículos constitucionales que penalizan el aborto, con el objetivo que solo puedan modificarse vía una asamblea constitucional.  

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Este miércoles 18 de mayo de 2022 a las 10:00 de la mañana, la organización regional “Protegiendo los derechos de la salud reproductiva de las mujeres más vulnerables en Centroamérica y México” (Ipas-CAM), presentó una herramienta jurídica llamada “amicus curiae”.

Lo anterior, trata de una herramienta jurídica que sirve para respaldar desde el ámbito legal y de los derechos humanos ante el recurso de inconstitucionalidad solicitado al Poder Judicial hace un año por los grupos feminsitas, debido al decreto de Legislativo que prohíbe la interrupción absoluta del embarazo.

En ese contexto, las diversas organizaciones feministas y de derechos humanos se aglomeraron a inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigirles que se pronuncien a favor de la salud, vida y la dignidad de las mujeres y niñas con capacidad de gestar al despenalizar el aborto por tres causales.

En el plantón que finalizó casi al mediodía, se encontraban además de otros movimientos feministas, el colectivo Somos Muchas, para también mantener su reclamo para la conformación de una Corte más justa con las mujeres.

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BLINDAJE DEL ABORTO

Antes del blindaje del aborto en enero del 2021, Somos Muchas trabajaba en un recurso de inconstitucionalidad que se presentó en abril de ese mismo año acompañado de argumentos de expertos. Mientras que, a inicios de junio de 2021, por primera vez la Corte admitió un recurso relativo a la legalización del aborto, dijo Nessa Medina a Criterio.hn

En este momento, los organismos se concentraron en impulsar la causal sobre salud y vida, razón por la que hoy se presentó en Honduras Marisol Escudero de Ipas-México.

Para julio de 2022, según expuso Somos Muchas, presentarán otra documentación respecto al causal de violación, lo cual sustentarán con el apoyo de expertos internacionales.

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Medina señaló que en Honduras se realizan entre 50 mil y 80 mil abortos clandestinos por año. Además, de acuerdo con un estudio realizado por Somos Muchas, al menos 70 mujeres han sido criminalizadas por aborto en los últimos 12 años.

La mitad de las mujeres criminalizadas son empleadas domésticas, de bajos recursos y no contaron con un abogado privado para su defensa. Sumando a esto, se comprobó que el Estado no estuvo presente para garantizar derechos mínimos como vivienda o agua potable.

A muchas mujeres no solo se les criminalizó, también fueron expuestas al público, en vez de recibir la atención medica que necesitaban.

En Honduras, al menos una de cada cuatro adolescentes es madre o está embarazada, sin embargo, lo más alarmante es que por año, cerca de mil niñas alrededor de los 13 años, se convierten en madres a consecuencia de violación, ignorando que, según el Código Penal, es un delito mantener relaciones sexuales con un menor de edad.

El aborto es la cuarta causa de muerte para las mujeres en Honduras y cada tres horas se presenta una denuncia por violación, lamentablemente, en Honduras no existe una manera de prevenir las muertes por aborto clandestino.

El Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) de Honduras, resaltó el que el recurso de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto recibe el apoyo internacional ante la CSJ.

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OPACADA PRESENCIA DE MUJERES EN LA CORTE SUPREMA

Las mujeres hondureñas y los diferentes movimientos feministas, han exigido también mayor presencia femenina a la cabeza de instituciones preponderantes para importantes tomas de decisiones. Por esa razón, exigen una Corte más humana y con mujeres comprometidas.

Sin embargo, el Poder Judicial ha sido presidido una única vez por una mujer en Honduras, hasta en 2002, una mujer fue colocada a la cabeza de este ente, se trata de Vilma Morales, en una Corte Suprema que siempre fue presidida por hombres.

Es oportuno mencionar que, de los 15 magistrados que conformaron la Corte en el período 2009-2016, el que siguió al de Morales, hubo una minoría de tres mujeres.

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Actualmente, la Corte del período 2016-2013, son cinco mujeres y diez hombres los que fungen como magistrados. De allí, se desprende un organigrama algo favorable para las mujeres, siendo mayoría en las cortes de apelaciones y en los juzgados, con 485 juezas frente a 371 jueces hombres, según datos de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial.

Además, de los 5,399 empleados totales con los que cuenta este poder del Estado, 2,906 son mujeres y 2,493, hombres.

En 2021, la abogada Gracia Bertrand quien ejerció ocho años como jueza de Ejecución y diez de Sentencia, hasta su renuncia en abril de 2021, por oponerse a ser parte de un “sistema fallido”, comentó a Criterio.hn que, en otras áreas jurisdiccionales de la Corte, los requisitos para ingresar eran una recomendación política.

Tanto Morales como su sucesor, Jorge Rivera Avilez, quien “ponía en los cargos de jueces a todas sus novias y exnovias”, fueron cuestionados en su gestión, dijo la exjueza. 

Además, mencionó que, al momento de finalizar el proyecto de Cooperación Española de 10 años, los cuestionamientos por nombramientos irregulares se extendieron a toda la estructura judicial. El proyecto español, establecía como requisito que los jueces en materia penal debían ser nombrados por méritos en los nuevos circuitos de juicios orales. 

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La togada apuntó que la Corte empezó a verse cada más opacada, debido a las funciones del presidente, Rolando Argueta y de sus magistrados, donde “utilizan a la mujer como objeto sexual”. De tal forma, muchas mujeres, “que no tienen méritos”, han entrado al Poder Judicial, cubriendo plazas inventadas y ocupando cargos de bajo rango, pero con elevados salarios.