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Mujeres de Honduras, marginadas en el Poder Judicial y en acceso a la justicia

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Texto: Aimée Cárcamo

Fotografías: Fernando Destephen

Diseño Gráfico: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –De los tres poderes del Estado que hay en Honduras, el único que ha sido presidido por una mujer es el Poder Judicial.

Fue en 2002 que Vilma Morales marcó un hito al convertirse en la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 121 años; no obstante, en los siguientes 20 años ese poder ha estado dirigido por hombres.

En el caso de los magistrados que conforman la Corte Suprema, de los 15 que fueron electos para el período 2009-2016, que fue el que siguió al de Morales, solo tres eran mujeres. Mientras que, en la actualidad, cinco mujeres y diez hombres ocupan esa alta investidura en el período correspondiente a 2016-2023.

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A partir de allí, el organigrama es favorable cuantitativamente para las mujeres, que son mayoría en las cortes de apelaciones y en los juzgados, con 485 juezas frente a 371 jueces hombres, según datos de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial.

En términos generales, de los 5,399 empleados con que cuenta ese poder del Estado, 2,906 son mujeres y 2,493, hombres.

“El recurso humano es sin duda lo más valioso que tienen las instituciones operadoras de justicia, la calidad del mismo está determinada por procesos de selección objetivos, imparciales y transparentes”, precisa el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia Penal en Honduras, realizado en 2016 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas).

En el documento, la UNAH/Iudpas revela los datos de una encuesta realizada a operadores de justicia, en la cual el 65 % de los consultados en el Poder Judicial considera que los procesos de promoción o ascensos carecen de objetividad y transparencia. Mientras que el 44 % de estos, jueces y magistrados, consideran que los procesos de reclutamiento y selección no son objetivos ni transparentes.

Una percepción que no ha cambiado mucho con los años.

La abogada Gracia Bertrand ejerció ocho años como jueza de Ejecución y diez de Sentencia, hasta que renunció en abril de 2021 porque no quería ser parte de un “sistema fallido”, dijo a Criterio.hn.

Bertrand relató que antes de la vigencia del Código Procesal Penal, en el año 2002, la Embajada de España a través de la cooperación española inició un programa de capacitación de los operadores de justicia y uno de los requisitos era que los jueces en materia penal estuvieran nombrados en los nuevos circuitos de juicios orales conforme a méritos. 

“Entonces se le puso un obstáculo en aquel entonces a la abogada Vilma Morales para que nombrara jueces de dedo”, indicó la letrada, quien entró al Poder Judicial en el marco de ese proceso de selección meritocrática.

Pero en las otras áreas jurisdiccionales, el requisito para ingresar era tener una recomendación política, dijo Bertrand a Criterio.hn. Y cuando finalizó el proyecto con la Cooperación Española, que duró diez años, los cuestionamientos por nombramientos irregulares se extendieron a toda la estructura judicial.

Tanto Morales como su sucesor, Jorge Rivera Avilez, quien “ponía en los cargos de jueces a todas sus novias y exnovias”, fueron cuestionados en su gestión, dijo la exjueza. 

A su criterio, la Corte Suprema se ha visto empañada tanto por la función de su presidente como de los magistrados “que utilizan a la mujer como objeto sexual”. Bajo esos criterios muchas mujeres, “que no tienen méritos”, han entrado al Poder Judicial, cuyo titular en la actualidad es Rolando Argueta, algunas con  plazas inventadas o en cargos de bajo rango pero con elevados salarios.

“Eso crea un desbalance porque mujeres que hemos sido preparadas, tenemos los méritos, tenemos la trayectoria”, pero no logran ascender, cuestionó Bertrand. 

Otra de las situaciones en ese poder del Estado descritas por Bertrand son los compadrazgos políticos y el nepotismo, “juezas y jueces que tienen a sus sobrinos, a sus cuñados, a sus primos, trabajando en el mismo edificio judicial”. Otras, “que han sido cuestionadas por lavado de activos” o que han tenido “antejuicios por casos de corrupción y ahora están de magistradas”, detalló.

Al margen de lo anterior, reconoció que en la Corte lo que vale “es el cuello político” y que “la mujer siempre va a tener como una especie de desventaja ante el hombre, aunque tenga una recomendación política porque se entiende que el hombre no es que sea más manipulable, es que la mujer es más incorruptible”.

De hecho, según datos de la Unidad de Estadística del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), 2,948 hombres y 452 mujeres fueron imputados por corrupción entre 2010 y 2019 en los juzgados de Letras de lo Penal a nivel nacional. Mientras que en los tribunales de Sentencia ingresaron los casos de 1,218 imputados hombres y 253 mujeres, entre ellos funcionarios del Poder Judicial.

 

MORA JUDICIAL E IMPUNIDAD

 Al otro lado del telón, la mora judicial ha sido otro de los reiterados señalamientos hacia el sistema de justicia hondureño, particularmente en lo referente a delitos contra mujeres.

En el Índice Global de Impunidad (IGI) 2020, Honduras ocupa el penúltimo lugar de 69 países evaluados, con 59.69 puntos en una escala entre cero y cien, que lo ubica como el de mayor impunidad en la región y el segundo a nivel global. 

Su rubro peor calificado en el IGI fue a nivel estructural, en el sistema de justicia, con 86.96 puntos, que incluye indicadores como los recursos físicos, jurídicos y humanos, entre estos policías, fiscales, jueces, magistrados, legislación anticorrupción, transparencia y presupuesto, entre otros.

La proporción de jueces a nivel global es de 17.8 por cada cien mil habitantes, en América es de 6.4, pero el dato de Honduras no estaba disponible en el informe.

La información que sí está publicada en las memorias anuales del Poder Judicial es el número de defensores públicos, que en Honduras es de tres por cada cien mil habitantes.

DELITOS CONTRA MUJERES

Hasta noviembre de 2020, las Naciones Unidas estimaba que el 90 % de los casos de violencia contra las mujeres se mantiene impune en Honduras.

En 2020, el Juzgado de Paz en materia de violencia doméstica registró 7,168 ingresos y 4,176 resoluciones. 

Mientras que el Juzgado de Letras Penal tuvo 272 casos de delitos contra la libertad sexual ingresados y emitió ese año 269 resoluciones. En el caso de delitos contra la vida cometidos contra mujeres, ingresaron 59 y hubo 48 resoluciones. 

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Para la abogada Astrid Campos, que ingresen más casos de los que se resuelven es normal, porque los procesos penales llevan tiempo.

“Sabemos que hay muchísima mora en el Poder Judicial”, lo que retrasa el acceso a la justicia. Ese retraso puede deberse a que no hay suficientes jueces y a la carga en los tribunales, señaló Campos.

En 2019, el Poder Judicial anunció que había logrado reducir el total nacional en un 70.8 % equivalente a 130,967 expedientes y que quedaban pendientes poco más de 54 mil, pero con la pandemia de la COVID-19 se prevé un incremento de la mora judicial.

Esta es multifactorial y aunque “el problema sí puede estar en el Poder Judicial” empieza en el Ministerio Público y demás órganos que se encargan de la investigación, dijo la abogada Campos.

Si en estos no conocen de enfoques diferenciados en materia de mujeres, tampoco podrán investigar un caso y abordarlo desde todas las líneas que deriven de la motivación por género, explicó.

Al final, “ellos son los que dan los elementos probatorios para que el fiscal a cargo pueda hacer un buen requerimiento fiscal que no solo sea admitido en un juzgado de Letras, sino que pueda llegar a juicio oral y público, pero todo depende de ese momento preparatorio, la investigación preliminar que se hace por los agentes de investigación”.

Una vez que el caso llega al sistema de justicia intervienen otros factores, por ejemplo cuando un juez de Letras acepta la calificación de un delito como homicidio, asesinato, parricidio o femicidio.

“A veces sucede que aunque la pareja haya matado a la mujer, (el caso) no se califica como femicidio”, sino como parricidio y aunque la pena sea la misma, “política y simbólicamente no tiene el mismo significado”, ya que este es “el típico crimen pasional”, mientras que el primero “tiene un carácter de análisis de género”.

Y si el caso logra pasar la etapa intermedia y llega a juicio oral y público, dependerá de la capacidad que tenga el fiscal para probar que se trata de un crimen basado en género.

Luego está el juez de Sentencia, que es el que al final condena, quien podría no aplicar criterios de género porque no tiene la formación, analizó Campos.

Entonces el mensaje que se le da a la población es que “aunque exista un tipo específico en el Código Penal que penalice esta violencia (femicidio)” el juez no la está sancionando, resumió.

LLEVAR LA DENUNCIA HASTA EL FINAL

Femicidios en Honduras
El 8 de marzo de 2020, las mujeres se mofaron del papel que ejerce el Fiscal General de la Repúblico, Oscar Chinchilla, para darle respuesta a los casos de muertes violentas de mujeres y femicidios. (Foto: Fernando Destephen).

Otro obstáculo en la aplicación de la justicia está relacionado con la denuncia.

Los diferentes tipos de violencia contra las mujeres tienen varias rutas de atención y se pueden denunciar en los juzgados especializados en violencia doméstica que existen en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, en los juzgados de Paz, postas policiales, Ministerio Público, en los Módulos de Atención Integral Especializado (MAIE) y consultorios jurídicos de universidades.

Debido a que existen tantos órganos involucrados, “a veces no se hace un buen seguimiento” de los casos, consideró la abogada.

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Por otra parte, existe un gran porcentaje de mujeres que desisten del proceso, mencionó. Y es que, si no tienen el acompañamiento sicológico, este puede ser muy desgastante, especialmente cuando existe dependencia económica, hay hijos de por medio o la mujer ha sido amenazada.

Pero ni aún con todo el apoyo hay garantía de que las víctimas de violencia llevarán su denuncia hasta el final. Algunas renuncian cuando les dicen que el victimario será citado, porque no quieren enfrentarlo.

Otras se retractan en la primera audiencia, cuando les toca declarar tanto a ellas como al imputado.

En los casos que sí llegan a término, “generalmente el juzgado resuelve siempre a favor de la mujer”, asegura la abogada Campos.

Incluso, cuando es el hombre el que denuncia la violencia doméstica, se hacen las averiguaciones pertinentes para ver si hubo acciones de su parte que la desencadenaron.

De 2018 a mayo de 2021, el Ministerio Público registra 4,794 denuncias de violencia doméstica presentadas por hombres y 55,514, por mujeres, en una muestra más de que ser mujer en Honduras no solo es una desventaja sino también una amenaza.

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