Tegucigalpa.- Pactaron emitir “opiniones favorables” a favor del extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, a cambio de recibir coimas bajo inexistentes contratos de publicidad, según develó la fiscalía; ante el temor de enfrentar la justicia, recurren a emprender todo tipo de acciones para ser librados, incluso el propio presidente del Poder Judicial emitió un dictamen con la intención de favorecerlos.
Recientemente, la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, resolvió los recursos interpuestos en el caso de corrupción “Hermes”, el cual se sindica a 11 exfuncionarios por malversar 122.1 millones de lempiras de Casa Presidencial, de los cuales, 98.3 millones fueron a parar a los bolsillos de 77 periodistas a cambio de mantener posturas a favor del régimen criminal que instauró Hernández revestido de corrupción y narcotráfico.
Si bien, los cuatro magistrados, entre ellos Rolando Argueta presidente del Poder Judicial y señalado de ser pieza clave de la estructura criminal de “JOH” como se le conoce a Hernández, reactivaron el caso y ratificaron el auto de formal procesamiento contra los exfuncionarios, también se pronunciaron sobre los periodistas sobornados.
Noticia relacionada Entre Pandora, Hermes y Corrupción sobre Ruedas se sustrajeron L. 445 millones, dice jefe de Uferco
“Advertimos que estos medios de comunicación y personas naturales no tienen un dominio de ejecución sobre esa actividad (desvió de 122.1 millones), por consiguiente, dichos medios y personas no debe ser objeto de reproche penal ya que su actuar se desmarca del rango de la acción, tanto sobre el origen arbitrario en la elaboración del contrato de publicidad…”, expone parte del dictamen.
La opinión de estos magistrados rebasó más allá de los recursos interpuestos emitiendo un juicio de valor sumado a una advertencia que favorece a los 77 periodistas sin siquiera el Ministerio Público haber emprendido una acción penal contra estos.
En entrevista a Criterio.hn, el abogado penalista Raúl Paniagua considera que toda persona que comete algún delito, independientemente de quién sea, “debe responder ante la justicia”, en especial, aquellos que fueron parte del régimen de Hernández.
“Muchísimas personas cayeron en las garras del expresidente Hernández y ahora van a tener problemas con la justicia porque, por lo menos, hay que tener un grado de decencia de saber cuál es la procedencia del dinero. Una persona que tiene algún tipo de negocio o actividad, tiene que tener respaldo de todas sus transacciones porque puede caer en algún tipo de responsabilidad penal”, manifestó.
Sobre el dictamen de los magistrados, el abogado califica como un mal accionar de los magistrados pretender favorecer a una clase política o social contaminando la independencia de los jueces que podrían conocer la causa penal en caso que se libre requerimientos fiscales contra los periodistas.
“Esas declaraciones de Rolando Argueta no son correctas, esas resoluciones deben ser estrictamente jurídicas y no enfocadas a dar ciertos beneficios o beneficiar a alguna clase política o social porque ya se contamina la independencia del juez y dirigiendo con un beneficio las resoluciones judiciales”, cuestionó.
Noticia relacionada Partido Nacional y Colegio de Periodistas uniforman su discurso en contra de la Uferco
Paniagua explicó que esto se le conoce como “prejuzgamiento del fallo” y no significa que los periodistas estén librados de enfrentar la justicia solo inhabilita a estos magistrados de conocer y pronunciarse sobre algún recurso en todo caso que se presente una acusación penal.
“La ley indica que ellos se deben excusar y si no lo hacen la fiscalía debe presentar una recusación para que no conozcan el caso. Con ese fallo, rompieron la ética y esgrimieron esas opiniones cuando todavía no se ha presentado la acusación penal y eso los desacredita como magistrados y jueces”, añadió.
Así mismo, reitera que “toda persona que le agarró dinero a Juan Orlando Hernández debe responder”.
Similar postura tiene el ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, quien considera que el dictamen de los magistrados es anticipado a una acción penal quedando inhabilitados en caso que se acuse a periodistas y estos presenten recursos de apelaciones.
“Lo que está haciendo la Sala es advirtiendo que no quiere participar en la decisión porque están anticipando un criterio, esto los inhabilita para formar parte de la Sala que va a decidir. Este es un artilugio que utiliza la Sala”, expone.
El también exfiscal de la república, indica que todo juez es independiente y no está obligado a seguir el criterio de la Sala de Apelaciones debido que no es un fallo vinculante, solo una opinión.
“Es una declaración tan abierta y sin vinculación, los jueces son independientes no son jerárquicamente dependientes de la Corte Suprema, son instancias inferiores, pero independientes a decisión”, explicó.
Cabe señalar que a juicio de Orellana, no cree que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ejerza la acción penal pública de oficio contra los periodistas al considerar que quienes cometieron el delito fueron los exfuncionarios que desviaron los fondos.
Noticia relacionada Honduras pierde más de dos mil lempiras cada segundo por causa de la corrupción: Transparencia Internacional
Para el reconocido abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, el accionar de la Sala de Apelaciones refleja la cooptación de la justicia hondureña que responde a intereses de poder, incluso reprocha que las barreras de una verdadera justicia brotan desde la propia Corte Suprema.
“Ese es el reflejo de la falta de independencia judicial porque la independencia judicial no solamente es independencia frente a coacciones que vienen desde afuera, también tiene que ver con acciones que persistan coacciones por parte de los poderes internos. El señor Rolando Argueta, si tuviera algo de dignidad, lo que debería es cerrar la boca y no decir absolutamente nada con un caso que se está ventilando por otros tribunales”, increpó.
Asimismo, destacó que el dictamen expone una justicia selectiva, la inoperancia y escasez de la justicia de Honduras que está presta para quienes puedan pagar por los mejores “servicios judiciales”.
“Esto es el reflejo de esa justicia selectiva, de la falta de independencia del Poder Judicial. En Honduras nunca hemos tenido un Poder Judicial que actúe de forma independiente en términos institucionales, aunque existan algunas excepciones de jueces y magistrados, lo que tenemos en el país no es un Poder Judicial sino un servicio judicial y la calidad del servicio va a depender del dinero que yo pague de los contactos que yo tenga”, expresó.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, valora que “mientras persista la existencia de un poder judicial cooptado por los corruptos que se interesan en garantizarse impunidad, tendremos un país en fuga escapando de los lagartos de la política”·
