Tegucigalpa, Honduras. – Después de cinco años, un informe policial en manos de la agencia argentina de noticias, Infobae, trasciende quién ordenó el asesinato de la jefa regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía, asesinada el 11 de junio de 2018, además revela que el Ministerio Público bajó el telón ante un femicidio que mucho tiempo hizo pasar por suicidio.
Ante estos datos revelados el 15 de abril por Infobae, que tuvo acceso a un informe de inteligencia policial, que señala como principales sospechosos de ser autores intelectuales de este crimen al exalcalde Alexander Ardón – uno de cuatro testigos que se presentará durante el juicio a JOH programado para el 18 de septiembre de 2023— y Juan Antonio “Tony” Hernández –Condenado a cadena perpetua y hermano del expresidente Juan Orlando Hernández extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico—, la desconfianza en los entes de investigación se hace más evidente, en especial en las organizaciones de mujeres y feministas, por la complicidad existente de las autoridades.
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“Es muy difícil confiar en los entes de investigación, (…) es muy difícil confiar en la justicia en nuestro país”, expresó Gilda Rivera, representante de la Coalición Contra la Impunidad e integrante del CDM.
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SE DEBE INICIAR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El asesinato de la fiscal dejó entrever la complicidad de las autoridades del MP y de la ATIC que en ese momento se apresuraron a informar a la ciudadanía que había sido un suicidio, declaración que se contraponía con las pruebas científicas presentadas por la entonces directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva –ahora viceministra de Seguridad— quien alegó que se trataba de un asesinato, ya que el crimen se cometió con alevosía y ventaja y que en su momento fue separada de su cargo por negarse a aceptar la versión del suicidio que defendían funcionarios como el fiscal general Oscar Chinchilla.
Ahora, luego del informe que revela que la escena del crimen fue manipulada, algo que la viceministra Villanueva siempre cuestionó, las autoridades estatales deben proceder legalmente y actuar ante involucramiento que despierta la suspicacia sobre otros hechos de alto impacto.
En una entrevista reciente con el equipo de Criterio.hn la viceministra expresó “A todas luces se sabía que había incongruencias graves”.
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Además, indicó que se debe iniciar una investigación y que debe apuntar a “los autores que están escondidos en el MP, que todo el mundo lo sabe, en primer lugar (…) el fiscal general, Oscar Chinchilla” que de acuerdo con Villanueva es el llamado a dar una explicación coherente.
Otro de los que debe responder a criterio de Villanueva es el entonces director de la ATIC, Wilfredo García, quien fue jefe directo de Sherill Hernández. “El de la ATIC es peor porque ese es el director de eso, es quien dio la orden que ese caso lo iba a manejar exclusivamente la ATIC y que no quería que nadie supiera porque no quería escándalos”, reveló la Julissa Villanueva.
Investigación, que de acuerdo con la exdirectora de Medicina Forense del Ministerio Público (MP), “la familia debe pedir acceso a la justicia”, porque no es un caso cerrado. “Nunca se había visto algo tan absurdo como desacreditar la misma prueba científica”, enfatizó Villanueva.
Por otro lado, la doctora Villanueva denunció que fue víctima de amenazas con el objetivo que la doctora no continuara haciendo declaraciones sobre la muerte de la fiscal de la ATIC.
Por su parte, la defensora de derechos humanos, Jessica Sánchez, directora del Grupo Sociedad Civil, mencionó que la fiscalía desarrolló un proceso de seguimiento y de análisis, además señaló que las aseveraciones sobre la muerte violenta de mujeres se deben manejar internamente y con confidencialidad, siendo los medios de comunicación los últimos en enterarse.
Este manejo de la muerte violenta de mujeres, de acuerdo con Sánchez parte del “respeto a la víctima y a sus familiares porque les revive el asesinato de la mujer”.
En ese sentido recordó que hay una comisión de investigación interinstitucional contra los femicidios, al tiempo que instó “de alguna manera se debe volver a la ética sobre la confidencialidad de los casos de violencia de género y de femicidios”.
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A QUÉ SISTEMA DE JUSTICIA SE ENFRENTAN LAS MUJERES
La violencia en Honduras se prolifera cada día más y al tiempo aumenta la desconfianza en los entes armados y de investigación del Estado por los diferentes casos donde se involucran policías, militares y fiscales.
Ante esta mención de involucramiento de los entes de investigación, como los altos jerarcas del MP y de la ACTIC en el asesinato de Sherill Yubissa Hernández, las organizaciones de mujeres también recuerdan el asesinato de Keyla Martínez, ocurrido la madrugada del domingo 7 de febrero de 2021 a manos de policías en una celda de la estación policial de La Esperanza, Intibucá, al Occidente de Honduras.
De acuerdo con el informe policial—que carecía de investigación— Keyla se había suicidado al interior de la celda, sin embargo, la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica, esto confirmó las sospechas de asesinato tanto de familiares como de la ciudadanía.
La desconfianza no solamente la viven las mujeres sino toda la ciudadanía, desconfianza que parte desde la policía, militares, jueces, fiscales, todo el sistema judicial.
Para Gilda Rivera, “la desconfianza es resultado de los altos índices de inseguridad y de la impunidad que prevalece, hay mucha desconfianza y eso no es gratuito”.
La impunidad en casos de femicidios, de acuerdo con las organizaciones de mujeres es del 95 %.
De igual manera, Hellen Ocampo, coordinadora del Observatorio del Centro de Derechos de la Mujer denunció “hay un alto grado de impunidad en los casos que se denuncian ante el Ministerio Público, pero no llegan a una resolución porque no se encontraron las suficiente pruebas”.
En los casos donde se ven involucrados funcionarios del Estado se debe aplicar el Protocolo de Minnesota, —recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en el caso de Keyla Martínez—, orientado a evitar que los funcionarios sospechosos de crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación.
