Tegucigalpa.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres instaron a los países de América Latina y el Caribe a ratificar el Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso en el entorno laboral, que entró en vigencia este viernes.
La norma internacional es esencial para “para construir un futuro del trabajo más digno, seguro y saludable”, señala ONU Mujeres en su página web.
La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier momento y lugar, pero con la pandemia del COVID-19 “debemos estar más alertas que nunca” debido a que el riesgo es mayor, señala el organismo internacional.
Los detonadores de esta violencia pueden ser “la frustración, la presión económica, el estrés”, y el riesgo de sufrirla es mayor para las mujeres trabajadoras.
Por su parte, el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, dijo que la violencia no solo es una grave violación de derechos sino que tiene un impacto negativo sobre el empleo, las condiciones de trabajo y la productividad.
Debido a la pandemia, el empleo femenino prácticamente desapareció en áreas como el comercio, la hostelería y de servicios, y aquellas que lo conservaron se vieron expuestas a violencias laborales, sobre todo en el trabajo doméstico y sanitario, donde están propensas a ataques violentos y al acoso, que también se manifiestan en los medios de transporte.
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El Convenio 190 promueve espacios seguros en el entorno laboral y reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el trabajo, así como su productividad, acceso al empleo y su salud.
Contar con el trabajo de las mujeres es fundamental, de allí que la definición amplia y abarcadora del Convenio 190 “debería ser un compromiso para que los países se aboquen a resolver esta injusticia y coloquen a las mujeres en el centro de sus medidas de recuperación post-COVID”, dijo la directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza.
El Convenio 190 aclara lo que debe entenderse por violencia y acoso en el mundo del trabajo y además precisa las medidas que se deben adoptar para prevenirla y abordarla, así como quién debe hacerlo.
Además es de amplio alcance ya que aplica a todas las personas en el mundo laboral, el entorno, a todos los demás trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, a aprendices, voluntarios, entre otros. Así mismo, a las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades del empleador.
El convenio establece que la violencia y el acoso “pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos” y “una amenaza para la igualdad de oportunidades”, los cuales “son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente”. Reconoce además que la violencia por razón de género afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas.
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Hasta la fecha, solo tres países de la región han ratificado esta norma internacional, Argentina, Ecuador y Uruguay.
A partir de la ratificación, los países tienen un año para que el convenio entre en vigor a nivel nacional. Durante ese tiempo se genera un diálogo entre Estado, empleadores y trabajadores para definir el camino hacia cambios normativos e impulsar cambios culturales con el fin de generar un entorno de cero tolerancia a la violencia y al acoso en los lugares de trabajo.
