La Comisión Legislativa tiene la facultad de elaborar el proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, basados en el artículo 317 de la Constitución de la República, hasta el momento no se han dado avances concretos para este anteproyecto de ley
Tegucigalpa, Honduras. -En su último informe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reiteró la importancia de una nueva Ley que cree el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, para separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo a lo expuesto por la Oacnudh la creación de esta normativa debe seguir un único objetivo, y es que se garantice la independencia judicial. Asimismo instó a las autoridades hondureñas a revisar y reformar tanto la Ley orgánica del Poder Judicial como la Ley de Carrera Judicial.
La situación se agrava por la ausencia de normativa interna en los órganos administrativos encargados de la formación profesional, la evaluación del desempeño y los procesos disciplinarios dentro del Poder Judicial.
Oacnudh señaló que “la independencia judicial continúa siendo afectada por la falta de una Ley de Carrera Judicial que asegure la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales”.
Enfatizó en la necesidad de que los órganos administrativos que rigen la formación profesional, la evaluación del desempeño y los procesos disciplinarios en el ámbito judicial carecen de normativa interna y tampoco cuentan con recursos técnicos y financieros suficientes.
SIN AVANCES VISIBLES
En marzo de 2023, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró una comisión especial para trabajar en un borrador de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Pero hasta el momento no se han dado avances en el trámite legislativo de algún anteproyecto de ley.
Criterio.hn buscó la reacción de la secretaria del Congreso Nacional e integrante de la comisión especial, Luz Angélica Smith, para consultarle sobre avances en la redacción de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, pero no obtuvimos respuesta.
Además de Smith la comisión está integrada por los diputados: Netzer Edu Mejía, Mario Portillo, Marco Bertilio Paz Sabillón, Linda Donaire, Rebeca Angelina Ávila, Lourdes Maribel Mejía, Carlos Raudales y José Rosario Tejeda.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que también cuestionó, en el informe que presentó en 2024, el estancamiento legislativo de esta normativa con la que se podría garantizar un Poder Judicial autónomo. Sin una ley que delimite y profesionalice la carrera judicial, los jueces seguirán expuestos a presiones internas y externas.
Vea:Honduras enfrenta desafíos en seguridad y justicia, según informe de la Oacnudh
INCONSTITUCIONALIDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
El 25 de noviembre de 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa que derogó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y que otorgó labores administrativas a un nuevo ente, mismo que inició sus funciones el 6 de septiembre de 2013, y que se encargaba de organizar y dirigir la administración y las finanzas del Poder Judicial.
No obstante, esta normativa fue cuestionada desde su aprobación en el Poder Legislativo, razón por la cual, el 15 de abril del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia con efecto extensivo declarando la inconstitucionalidad de esa normativa.
En la parte resolutiva de la sentencia se estableció que el Poder Judicial debía elaborar el proyecto de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura.
Otro de los aspectos que ensombreció el Consejo de la Judicatura fueron los señalamientos de corrupción por el manejo irregular de fondos públicos, en contra del pleno del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, entre los que se incluyó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
El Ministerio Público también señaló a otros integrantes del Consejo de la Judicatura entre ellos a: Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Teodoro Bonilla, todos ellos acusados por más de 600 delitos de malversación de caudales públicos. Aunque en 2021 obtuvieron sobreseimientos definitivos.
La falta de independencia judicial ha sido señalada por años como uno de los principales factores que permiten la impunidad en casos de corrupción, violaciones a derechos humanos y delitos de alto impacto. Sin jueces protegidos por un sistema meritocrático, las decisiones judiciales corren el riesgo de responder a intereses particulares.
En su informe, la OACNUDH también hizo un llamado a fortalecer las capacidades institucionales del Poder Judicial, proveyendo los recursos necesarios para su funcionamiento técnico y administrativo, así como garantizando transparencia en los procesos internos.
El contexto actual exige no sólo voluntad política sino acción concreta. Mientras no se apruebe una ley que establezca un Consejo de la Judicatura funcional y una Carrera Judicial sólida, el país seguirá enfrentando desafíos estructurales para construir un verdadero Estado de derecho.
