Aunque la OABI niega haber participado en el intento de desalojo ilegal en la Bahía de Trujillo, la empresa Fénix Security –contratada por la misma institución para el “cuidado y vigilancia” del inmueble incautado– sí intervino en la incursión armada contra el territorio recuperado por el pueblo garífuna
Tegucigalpa, Honduras. – Señalado por estafar a ciudadanos canadienses, usurpar territorios ancestrales del pueblo garífuna en la Bahía de Trujillo y traficar ilegalmente patrimonio cultural, Randy Roy Jorgensen continúa ejerciendo poder en la zona sin que la justicia hondureña lo haya procesado.
Una de sus últimas acciones habría sido un intento de desalojo forzado en el sector denominado Campo Mar, donde un fuerte contingente de guardias de seguridad –entre ellos personal de la empresa Fénix Security– arribó a las 4:40 de la madrugada. Según denunció la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, junto a los guardias también participaron supuestos agentes de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El director ejecutivo de la OABI, Marco Zelaya, declaró en exclusiva a Criterio.hn –a las 10:12 A.M.– que la institución no participó en desalojos en la zona. Agregó que, por gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, se enviaron dos o tres agentes regionales plenamente identificados con el objetivo de verificar quienes estarían suplantando a la institución.
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BLINDAJE INSTITUCIONAL FAVORECE AL “REY DEL PORNO” EN TRUJILLO
Caleb Navarro, abogado de la Ofraneh, expresó a Criterio.hn que, en efecto, según lo comunicado por el director de la OABI, posterior a los hechos, agentes de la OABI llegaron a la zona plenamente identificados. No obstante, advirtió que para descartar formalmente la participación de la OABI en un desalojo forzado, será necesario que el Ministerio Público investigue los hechos a partir de una denuncia interpuesta por la misma OABI.
El profesional del derecho subrayó que, independientemente de si los agentes era o no de la OABI, la empresa de seguridad actuó con permisividad del Estado, ya que fue esta oficina la que, el 26 de julio de 2024, otorgó la administración del bien incautado –en abril de ese mismo año– a Randy Roy Jorgensen, también conocido como el “rey del porno”.
Navarro indicó que, el 5 de julio de 2024, la Ofraneh notificó a la OABI sobre la decisión tomada en asamblea comunitaria de resguardar el territorio usurpado por Jorgensen, solicitando además que se les transfiriera la administración del inmueble a la comunidad garífuna afectada.
“Desde el 5 de julio no hemos tenido ninguna respuesta por el director Marco Zelaya con respecto a este caso. Eso es una señal clara de permisividad por parte del Estado. Ante la falta de respuestas claras y contundentes a los planteamientos realizados, es que vemos este tipo de atropellos”, sostuvo Navarro.
La Agencia de Consultoría Fénix Security fue certificada como proveedora de bienes y servicios por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae) el 2 de mayo de 2022 y su constancia de inscripción venció el 2 de mayo de 2025.
Navarro considera que esto forma parte del “blindaje institucional” del que goza Randy Roy Jorgensen, quien, pese a que el Ministerio Público le ha incautado bienes, no enfrenta ninguna acusación penal hasta la fecha.
Criterio.hn consultó al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la denuncia por tráfico ilegal de patrimonio cultural contra Randy Roy Jorgensen. No obstante, Mora respondió que debía consultarlo con la fiscalía competente, ya que desconocía el tema.
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL ILEGAL INTENTO DE DESALOJO?
Caleb Navarro relató que, a las 4:40 de la madrugada del miércoles 14 de mayo, un grupo de aproximadamente cuarenta guardias de seguridad ingresó abruptamente, en cuatro vehículos, a la Casa de Saberes Ancestrales. En la acción, rompieron portones y se dirigieron directamente hacia las viviendas, particularmente aquella en la que habría residido Randy Roy Jorgensen.
Al ser confrontados por los miembros de la comunidad garífuna que se encontraban en el lugar, las personas que hablaron se identificaron como empleados de la OABI. Según Navarro, establecieron un plazo para que la comunidad retirara sus pertenencias y abandonara el sitio, sin presentar en ningún momento una orden de desalojo firmada por un juez, ni otro tipo de documentación oficial ni presencia policial.
El abogado recordó que las denuncias interpuestas por la Ofraneh no se limitan a la usurpación de territorio, sino que también incluyen el tráfico ilegal de patrimonio cultural. “Creemos que una de las intenciones era sustraer todos estos elementos de prueba, todas estas piezas de patrimonio ancestral de los pueblos, para evitar que se formule una acusación formal”, comentó.
En noviembre de 2024, la Ofraneh interpuso ante el Ministerio Público una denuncia contra Randy Roy Jergensen por tráfico ilegal de bienes patrimoniales arqueológicos, derivada del saqueo de más de 3,500 piezas –muchas de ellas precolombinas– encontradas durante la recuperación del sitio conocido como Campo Mar, hoy Casa de Saberes Ancestrales.
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Sobre este caso, Navarro lamentó que no ha habido avances significativos, ni por parte del Ministerio Público, ni del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
Agregó que esto también “es parte del olvido sistemático del Estado frente a las demandas, las posturas y los ejercicios de autodeterminación emprendidos por la comunidad garífuna, especialmente en la Bahía de Trujillo”, reflexionó.
Navarro afirmó que, aunque el desalojo forzado no se concretó y las empresas de seguridad se retiraron, la Policía Nacional no llegó al lugar sino hasta después de su salida del territorio. ¿La justificación oficial? “No tenían conocimiento de los hechos”, concluyó
