Tegucigalpa. Las nuevas autoridades que conforman el gabinete de gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, han develado los primeros hallazgos de corrupción significativa en las instituciones estatales tras ocho años de gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Honduras es uno de los 180 países evaluados con mayores niveles de corrupción siendo el cuarto país más corrupto en América Latina solo superado por Haití, Nicaragua y Venezuela.
Con el arribo del nuevo gobierno, diversos secretarios de Estado comenzaron a destapar algunos hallazgos de actos de corrupción de exfuncionarios del gobierno que orquestó “JOH” como popularmente se le conoce a Hernández.
El primero fue el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Mateu, quien reveló que existe una partida presupuestaria en la dependencia destinada a ceremonias y protocolos con un monto que supera los 12.5 millones de lempiras.
Además, denunció que se han realizado trasferencias a otros entes del Estado mayores a los 3,300 millones de lempiras sin conocerse el paradero de los recursos. Se adquirieron vacunas contra la COVID-19 para menores de edad que están vencidas.
Otro hecho que agobia al sector sanitario es la falta de una plaza a personal que atendió en primera línea durante la pandemia, los datos de la secretaría general con el departamento de recursos humanos no concuerdan con las plazas otorgadas por lo que anunció una revisión contrato por contrato.
Asimismo, la secretaría paga por concepto de alquiler de edificios más de ocho millones pese a contar con instalaciones en el centro de la capital de Honduras.
Mateu anunció que devolverá la asignación de una camioneta prado color blanca que se le asignó para sus funciones situación que ha sido bien vista por la ciudadanía que espera un cambio con el gobierno de Castro.
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Por su parte, el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, giró instrucciones que todo el personal que labora para la dependencia sin excepción deberá cumplir con marcar su hora de entrada y salida esto luego de develar que Miriam Guzmán otorgó a 20 funcionarios no consignar sus horas laborales.
También, el comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Fernando García, en entrevista a Criterio.hn, reprochó que parte de los documentos relacionados con los regímenes fueron declarados secreto de Estado amparados en la Ley de Clasificación de Documentos Públicos conocida como Ley de Secretos que blinda a más de 15 instituciones y que imposibilita desarrollar investigaciones.
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FACCIÓN DEL CONGRESO DENUNCIA “PARACAIDISTAS”
Los actos de corrupción no solo empañan las secretarías del Estado, también los demás poderes. El vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo, Rasel Tomé, denunció que se otorgaron diversas plazas de trabajo dentro del Legislativo a personas que no acudían a sus funciones.
Tomé detalló que la toma de las instalaciones del hemiciclo legislativo por parte de la facción que preside Redondo se debe que se encontraron varias plazas otorgadas por el conservador Partido Nacional durante ocho años sin que muchos de estos laboraran denominándoles “paracaidistas”.
“Al pueblo hondureño adelantamos que pronto tendremos el informe de cuántos paracaidistas y el derroche que tenía la dictadura en el Congreso Nacional. Se les terminó la fiesta, vamos con un congreso contra la corrupción y la impunidad”, manifestó.
MÁS QUE DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN
Para el miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, es bueno que los actuales funcionarios denuncien los actos de corrupción, sin embargo, más allá de denunciar la corrupción señaló que las actuales autoridades deben apostar por ser ejemplo de transparencia.
“Esto es parte de la costumbre, el nuevo gobierno entra con aíres muy íntegros y puros queriendo demostrar todo lo sucio que hizo el gobierno saliente. Quieren demostrar que van a ser diferentes y demostrar lo que heredaron en términos de irregularidades, privilegios y abusos. La población ya sabía que, doce años de un partido en el poder, iba a haber abuso, corrupción, despilfarro”.
A criterio del experto, es necesario que las autoridades que conforman el gobierno de Castro expongan a la ciudadanía sus declaraciones jurídicas de patrimonio, declaraciones que no contratarán a sus familiares, declaraciones de conflicto de interés, compromisos públicos de no abuzar de los recursos del Estado.
“Lo que nos sorprendería es el hecho que el gobierno nuevo no ha manifestado ni expresado ni ha hecho demostraciones de integridad ellos mismos, es decir, no han establecido un decálogo ético que deberían tener los secretarios de Estado, algunas obligaciones de integridad y transparencia al momento de tomar posesión”, añadió.
Ramírez reiteró que la ciudadanía está a la expectativa del compromiso ético, probidad y transparencia del nuevo gobierno y la manera de cómo contrarrestar el pasado “es actuando diferente, pero con simplemente denunciar lo que han encontrado no nos dice nada del nuevo comportamiento que van a tener las nuevas autoridades”.
De igual forma, instó a los funcionarios revelar sus ingresos, cuánto van a ganar, gastos de representación todo eso es lo que interesa saber a la población.
Cabe señalar que la presidenta de Honduras se ha comprometido en una lucha directa contra la corrupción y prometió la instalación de una Comisión Internacional anticorrupción auspiciada por Naciones Unidas.
