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No se requieren reformas constitucionales para instalar la CICIH

Tegucigalpa, Honduras.- La Articulación Ciudadana Por La Transparencia Y La Justicia (ACTJ) se ha pronunciado en contra del proyecto de Reforma Constitucional al Artículo 232, propuesto por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro, ya que en lugar de propiciar un ambiente que permita la instalación de la CICIH, se observa como un obstáculo que genera más desventajas que oportunidades de alcanzar la judicialización y sentencia de los casos de corrupción que investigará el Mecanismo Internacional Anticorrupción.

La organización ciudadana señala en un comunicado que la instalación de la CICIH no requiere reformas constitucionales, mismas que deben realizarse con mayoría calificada en el Congreso Nacional y ser ratificadas en la próxima legislatura (2023). Por tanto, no solo es innecesaria, sino que además se puede percibir como una táctica dilatoria que busque retrasar o impedir la instalación de la CICIH.

De acuerdo con la ACTJ únicamente se debe reformar el capítulo III del Código Procesal Penal, que ya contiene la figura del acusador privado. Esta reforma no requiere mayoría calificada, sino solamente mayoría simple (65 votos), y tampoco requiere ratificarse en la siguiente legislatura.

Señalan que los verdaderos obstáculos para que la CICIH pueda instalarse y combatir la corrupción e impunidad son: – Los Decretos 093-2021, 116-2019, 093-2021.

Las reformas a Ley Orgánica del Congreso Nacional, Artículos 81‐ A y 10-A, agregados mediante Decreto 117-2019, los que deben ser derogados de inmediato. -Así como la facultad exclusiva del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para realizar las investigaciones por enriquecimiento ilícito, mismas que corresponden al Ministerio Público y a la CICIH durante su mandato.

Al establecerse en ese proyecto de reforma que la CICIH será una entidad “constituida por el Estado de Honduras”, se pondría seriamente en duda su independencia en las investigaciones por corrupción. En consecuencia, es preciso, que el personal que la integre sea internacional y seleccionado por las Naciones Unidas mediante procedimientos transparentes y con financiamiento internacional; evitando así la manipulación política, que es uno de los grandes problemas para combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. El personal hondureño que se le sume será el propio de los entes fiscalizadores del país, manifiesta la Articulación Ciudadana.

El convenio de la CICIH tendrá un carácter temporal, durante el cual, en forma paralela, debemos fortalecer las capacidades y la independencia del poder judicial y el Ministerio Público, aprovechando la experiencia y herramientas que la Comisión Internacional empleará en su trabajo.

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