Mujeres de Honduras siguen siendo criminalizadas por el aborto

Honduras es uno de los nueve países de América Latina que prohíbe en su totalidad el aborto, las penalizaciones van de 3 a 10 años de reclusión y al año se estiman entre 50 a 80 mil abortos.

Por: Laura Andrea Aceituno

Edición: Emy Padilla

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Portada: Reynaldo Raudales

Fotografías: Fernando Destephen

Gráficos: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. – «A mi mamá le conté que recibí acoso desde los seis años de mi abuelo, pero cuando le conté del embarazo no le dije que fue él, mi mamá todavía no sabe que fue él -su abuelo-. […] Me di cuenta del embarazo cuando tenía tres semanas, aborté cuando tuve tres meses.

Probé con ruda. Manzanilla, jengibre, nada funcionó, […] leí sobre las pastillas en internet y le conté a un amigo. Eran muy caras. Me las entregaron en el Parque Central (Tegucigalpa). Mi amigo contactó a un amigo de él que es médico, pero me recomendó no tomar esas pastillas. Lo hice un viernes, tuve un dolor horrible, que fue cuando terminé de botar todo».

Así es el relato de “Y”, una joven que a sus 21 años platicó con el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y contó su experiencia de abuso sexual. Ella explicó cómo este embarazo no deseado la hizo tomar la decisión de abortar, aunque fue advertida por el médico que esa situación era ilegal y penalizada, sentía que no sería una situación fácil para ella y desequilibraría a su familia.

Tal como es la historia de esta joven la situación se repite en todo el mundo con miles de niñas, jóvenes e incluso mujeres adultas que han sido víctimas de abuso sexual perpetrado por su pareja, un familiar o un extraño, abuso que termina con un embarazo no deseado y la decisión de realizar un aborto clandestino porque resulta ser su única opción.

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo en donde sus Estados imponen más restricciones legales sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de un embarazo inoportuno o no deseado. Según el  Centro de Derechos Reproductivos, Aruba, Curazao, República Dominicana, El Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua, Surinam y Honduras son los países que todavía en el 2019 tenían prohibido por completo el aborto, inclusive cuando la vida o la salud de la mujer estaba en riesgo.

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El aborto fue reconocido por la Asamblea Mundial de Salud como un importante problema de salud de las mujeres y de salud pública. Hasta la fecha, esta situación resulta difícil de dimensionar debido a que existen pocos o escasos datos sobre el aborto puesto que una gran parte ocurre en condiciones clandestinas e inseguras.

Las principales estimaciones de estos datos dicen que a nivel mundial se realizan 46 millones de abortos. Solo entre el 2010 y 2014, según un análisis realizado por la OMS y el Instituto Guttmacher, fueron 25 millones de abortos. En su mayoría se produjeron en países que se encuentran en desarrollo de África, Asia y América Latina.

En la actualidad, Honduras es también uno de los países de la región latinoamericana que tiene la prohibición total del aborto, es decir, que una mujer en este país no puede tener acceso a un aborto, siquiera en los casos excepcionales y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica como las tres causales para la interrupción del embarazo: cuando represente un riesgo para la vida de la mujer, cuando sea fruto de incesto o violación sexual y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

A la fecha en Honduras no existen cifras concretas de mujeres que se realizan un aborto, sin embargo, se estima que al año se podrían estar efectuando de 50 mil a 80. Pese a esa ausencia de estadística, se ha logrado registrar que el 4 % de las muertes maternas han sido por aborto y que los egresos hospitalarios por aborto entre el 2017 y 2018 han sido 10,298 y 8,228 casos, respectivamente.

La restricción de los derechos sexuales y reproductivos, y la violación de los derechos humanos en el país se evidencian en estas estadísticas, sobre todo en el embarazo de menores de edad que han sido víctimas de violaciones sexuales o incesto. Solamente en el 2017 se registró que 819 casos de los nacimientos fueron en niñas menores de 14 años y que en su mayoría fueron producto de una violación.

«Hemos realizado estudios de caso, estudios comparados, de derecho, estudios empíricos, en los que una y otra vez evidenciamos cómo las mujeres hondureñas constantemente son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y una de las violaciones más duras y más grave que el Estado de Honduras permanentemente les realiza es la negación de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a tener un aborto legal y un aborto seguro», señala Celeste Espinoza del Centro de Derechos de Mujeres.

EL ESTADO QUE IGNORA LOS DERECHOS

En el 2015 en Honduras se comenzó trabajar en una compilación de recomendaciones dirigidas al Estado a iniciativa de la plataforma ‘Derechos Aquí y Ahora’ que está conformada por 15 organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto trabajó en un plan nacional de incidencia política que busca alcanzar la despenalización del aborto y la aprobación de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE).

Dichas recomendaciones han sido emitidas por órganos como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismos que sugieren al Estado de Honduras conocer, divulgar y buscar los medios para impulsar su cumplimiento en lo que respecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Durante el 2017, el colectivo Somos Muchas que aglutina diversas organizaciones feministas, presentaron una propuesta al Congreso Nacional para impulsar la despenalización del aborto bajo las tres causales anteriormente expuestas. Estas causas fueron respaldadas por algunos diputados y diputadas del partido Libertad y Refundación y por la diputada Doris Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad.

Sin embargo, el Partido Liberal prefirió no pronunciarse y el Partido Nacional se posicionó conservador, incluyendo el presidente de la cámara legislativa, Mauricio Oliva. A pesar de estas recomendaciones, en junio del 2020 entró en vigencia el nuevo Código Penal publicado en mayo de 2019 mediante el Decreto Legislativo 130-2017. La normativa mantiene en vigencia la penalización del aborto.

Este Código señala que «quien intencionalmente cause un aborto será castigado: con 3 a 6 años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido y produzca su aborto. Con 6 a 8 años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la madre y sin emplear violencia o intimidación. Con 6 a 10 años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño.

Además, “los profesionales sanitarios que abusen de su profesión causen o cooperen en la realización del aborto se les impondrá también una multa de 500 a 1,000 días. Quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la víctima, debe ser castigado con la pena de prisión de 8 a 10 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los actos de violencia que realice».

La problemática de la penalización establecida en el Código Penal radica en que ignora la evidencia científica, la experiencia de las mujeres y la opinión de especialistas del área de la salud. Se identifican incongruencias en cuanto a la definición de los conceptos de temporalidad y sobre lo que es un aborto, ya que lo define como «la muerte del ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto», ignorando la existencia de los abortos voluntarios y terapéuticos.

Para la OMS, y el consenso médico, el aborto es «la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre, es decir, cuando este no puede sobrevivir por sí solo. Es la expulsión o extracción del embrión o feto de menos de 500 gramos que es cuando alcanza las 22 semanas de gestación», esto último como una decisión de la mujer.

La gineco-obstetra, Ana Chinchilla, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, explica que ellos como especialistas conocen que el aborto sucede de muchas formas: voluntario, terapéutico o provocado. Esta variedad de abortos dentro de un país con un marco legal restrictivo supone que la mujer tenga miedo a buscar una atención médica y, por consiguiente, provoque su muerte al acudir a lugares clandestinos o donde personas no especializadas en la materia.

«Es un problema eminentemente médico que puede costarles la vida, y eso hace que aún en estos momentos el aborto forme parte de las causales de la mortalidad materna. Por eso es importante que se le dé la importancia al paciente que llega a la emergencia con el diagnóstico de aborto y que se trate con calidez y prontitud para no llegar a una pérdida de sangre tan grande y llegue a la muerte», manifiesta Chinchilla.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS MUJERES

El embarazo no deseado tiene múltiples causas estructurales, las más evidentes son el poco acceso al uso de anticonceptivos, la censura de la educación sexual en las escuelas, la exclusión de los derechos sexuales y reproductivos. Otra causa es la prohibición de la PAE que se hizo desde el 2009 bajo el Decreto N.54-2009, negándose así la promoción, uso, venta y compra de esta pastilla.

La iniciativa para prohibir la PAE, presentada cinco meses después del Golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya, fue una propuesta de la diputada Martha Alvarado, fundadora del ‘Comité Pro-Vida’, quien argumentó la moción con un dictamen emitido por el Colegio Médico de Honduras que señalaba que «las píldoras son abortivas» y que la prohibición era para «salvaguardar la moralidad y principios de la sociedad hondureña».

Según Médicos Sin Fronteras (MSF), desde la prohibición de la PAE, entre el 2009 al 2017, un promedio de 21,677 mujeres menores de 18 años dieron a luz. Solamente entre enero de 2016 y junio de 2019 MSF-Tegucigalpa atendió de manera integral a 94 mujeres embarazadas tras sufrir una violación.

Cristina Alvarado, especialista en políticas públicas en derechos sexuales, señala que: «una sociedad donde asume que las mujeres no tienen derecho al ejercicio de su sexualidad, sobre todo, que son otros los que tienen el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, nos vemos enfrentadas entonces a una sociedad retrógrada y a gobiernos y sociedades que no permiten los avances, ni a contar con una educación sexual integral que prevengan, sobre todo los abusos».

Esta involución se muestra en un estudio realizado por la plataforma Somos Muchas sobre la criminalización de mujeres por el delito de aborto en Honduras. El informe muestra un análisis del proceso penal y los criterios jurídicos en 47 casos de mujeres judicializadas por aborto entre los años 2006-2018. La investigación identificó que la partida del estigma sobre el aborto, en su mayoría, inició en los centros hospitalarios donde las mujeres recurrieron por una emergencia obstétrica.

El estudio revela que los rangos de edad de las mujeres que entraron a juicio oscilan entre los 17 y 77 años. De estos casos, el 4 % de las mujeres son niñas menores de 18 años, estudiantes de secundaria, a quienes se les dio un tratamiento como ‘menor infractor’ a través de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.

El rango de edades, en los expedientes analizados, resultó ser variante, sin embargo, la condición laboral es una muestra de la problemática socioeconómica con la que viven las mujeres y que muchas de ellas pertenecen al área rural. A su vez muestra que las restricciones interpuestas por el Estado sobre la educación sexual y reproductiva, cada vez se magnifican con abortos clandestinos, por miedo a la penalización, y embarazos no deseados.

Un aspecto importante sobre estas penalizaciones contra las mujeres por el delito de aborto es la situación política que atravesó el país en ese entonces. Entre el 2006 y 2018 hubo tres presidentes de la República y, por ende, tres discursos políticos con una doctrina conservadora y la intervención de la iglesia.

Entre el 2006 al 2009 se judicializaron el 21 % de los casos, pero entre el 2011 hasta el 2018, cuando el Partido Nacional -que se caracteriza por ser una institución política de derecha con un fundamento «humanista cristiano»- entró en poder, se observa un ascenso significativo del 32 % de los casos perseguidos por el Ministerio Público. Para contextualizar mejor, solo entre el 2015 y 2018 se procesaron penalmente de 4 a 6 casos por año.

Lo anterior muestra también la persecución por parte del Ministerio Público y cómo muchas de las resoluciones procesales fueron dictaminadas sin pruebas suficientes. Otra situación es que se emitieron solicitudes para someter algunos de estos casos a un procedimiento abreviado (21.3 % de los casos), es decir, que la mujer admitiera su participación en el hecho que se le atribuye y auto declararse «culpable». A la fecha todavía se encuentran 14 casos activos, con lo que se faculta al Ministerio Público a presentar un requerimiento fiscal contra estas mujeres.

La libertad de decidir de la mujer también está obstaculizada porque son terceros quienes buscan decidir por ella, inclusive en sus círculos de trabajo. El estudio identificó que menos de la mitad de las denuncias interpuestas hacia estas mujeres fueron hechas por familiares, amistades, vecinos, jefes o compañeros de trabajo.

Sin embargo, la gravedad de la situación se evidenció cuando estas acudieron a un centro de salud u hospital en busca de atención médica por un aborto en proceso o un post aborto. Tras su ingreso a la sala de emergencia se excluyó el «secreto profesional» por parte del personal médico y administrativo de los centros asistenciales y estos procedieron a denunciarlas, representando el 64 % de los denunciantes.

El 50 % de las instituciones donde se interpusieron las denuncias fueron el Hospital Escuela, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en Tegucigalpa; el Hospital Mario Catalino Rivas, en San Pedro Sula y los Hospitales Regionales de Choluteca y Atlántida, y el Hospital Santo Hermano Pedro de Olancho.

Esta situación ignora en su totalidad los derechos de los pacientes como tal debido a que se ve ultrajado su derecho a la intimidad y a la confidencialidad. La literatura dice que el “secreto profesional” es una de las bases fundamentales en las que se sustenta el ejercicio de determinadas profesiones. En el ámbito de salud, esto significa que se debe custodiar la información relativa al paciente y salvaguardar su intimidad frente a terceros.

En otros términos, el personal de salud que recibe información privada tiene la obligación de no revelar dichos datos sin el consentimiento de él o la usuaria. Estos derechos están sustentados bajo diferentes normas internacionales y nacionales, entre ellas la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras en su artículo 111 y 112.

UNA CUESTIÓN DE SALUD, SEGÚN LAS EVIDENCIAS

A pesar de que existe un estigma conservador sobre el aborto, el negar este derecho se vuelve un problema de salud pública en los países que están en vías de desarrollo como Honduras. En un estudio recientemente publicado en la revista The Lancet se hizo un análisis entre los años de 1990-1994 y 2015-2019.

El estudio mostró que la tasa de embarazos no deseados y la proporción de los abortos han aumentado en países de bajos recursos y donde el aborto está totalmente restringido en comparación a los países donde es legal y tienen altos ingresos económicos.

Esta situación se debe a que las personas de países desarrollados cuentan con mejor acceso en atención a la salud sexual y reproductiva. De esta manera, el artículo científico hace énfasis en la importancia de garantizar el acceso a todo el espectro de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción y la atención del aborto, y de inversiones adicionales hacia la equidad en los servicios de atención médica.

Los hallazgos, define el estudio, podrían reflejar diferencias en la calidad y capacidad de los sistemas nacionales de salud en los países de ingresos bajos y medios. También es necesario investigar los obstáculos que enfrentan las personas para ejercer su autonomía reproductiva, y las políticas y programas que pueden garantizar de manera más eficaz la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

En Honduras, dice la doctora Chinchilla, las asociaciones médicas, las asociaciones civiles y la Secretaría de Salud están trabajando para tomar consciencia de que en este tipo de diagnóstico (el aborto) «prevalece salvar la vida de la mujer, y se le debe dar una atención pronta en la emergencia para disminuir las consecuencias de muerte».

A pesar de estas evidencias, no cabe duda que la mujer hondureña todavía es víctima constante de violaciones de derechos humanos y de discriminación, y la involución de un Estado sin democracia tendrá como resultado que la mujer siga siendo criminalizada por su derecho a decidir.