Aunque el Instituto Nacional Penitenciario (INP) se negó a proporcionar el número oficial de muertes en los centros penitenciarios tras la intervención militar, Medicina Forense del Ministerio Público (MP) contabilizó únicamente cinco fallecimientos de los cuales cuatro son por ahorcamiento homicida.
Esta cifra difiere con los registros extraoficiales. Por ejemplo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 30 muertes, mientras que organizaciones defensoras de privados de libertad cuantifican 15 decesos.
Tegucigalpa, Honduras. – Desde el 23 de junio de 2023, día en que se transfirió el control de los 24 centros penitenciarios a la Policía Militar de Orden Público (PMOP), en Honduras, persisten dudas y un aire de hermetismo en torno a las muertes de los privados de libertad perpetradas dentro de los recintos carcelarios.
El control militar de las cárceles, impulsada por la presidenta Xiomara Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), surgió como respuesta a la tragedia ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS), que cobró la vida de 46 internas y que hasta la fecha solo se han emitido 16 requerimientos fiscales contra las autoras materiales más no para los intelectuales.
A un año de esta intervención militar, bajo la dirección del coronel Ramiro Fernando Muñoz, las opiniones se dividen. Algunos sostienen que ha habido avances en el control porque no se han vuelto a reportar amotinamientos, pero muchos consideran que la situación no ha mejorado, pues continúan las muertes de privados de libertad, envueltas en teorías dudosas y datos distorsionados.
Por ejemplo, Medicina Forense reportó cinco muertes tras la intervención militar, de estas, cuatro fueron clasificadas como homicidios por estrangulamiento y una se encuentra en proceso de investigación.
Por otro lado, organizaciones defensoras de derechos de los privados de libertad informan sobre 15 muertes, la mayoría de las cuales se atribuyen a ahorcamiento y en menor proporción, se registran casos de muerte natural y presunto suicidio.
Además, entre los problemas que persisten en los centros penales, se encuentran las comunicaciones extorsivas, las fugas, la introducción de drogas y problemas estructurales en el manejo de las penitenciarías como el hacinamiento, la lentitud en los procesos judiciales y los tratos crueles e inhumanos hacia los internos.
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MILITARES RECONOCEN ASESINATO EN PENITENCIARIA
El homicidio de un privado de libertad, implicado en la muerte múltiple del 14 de julio de 2022 que incluyó a Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), y tres jóvenes más, ha sido la última muerte reportada en las penitenciarías hondureñas tras la intervención militar.
Inicialmente, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó mediante un comunicado que la muerte fue un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, al día siguiente, el comandante Ramiro Fernando Muñoz admitió, en una conferencia de prensa, que se trató de un asesinato.
Aunque la versión del comandante indica, que el privado de libertad, Erick David Macías Rodríguez, alias “El Licenciado” fue asesinado por compañeros de módulo y miembros de la Mara MS-13 (salvatrucha) se ha criticado la insuficiente supervisión de los internos e incluso se cuestiona la posible complicidad de las autoridades al permitir tal acto que se suscitó en el centro penal de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
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DATOS DISTORSIONADOS DE MUERTES
La muerte de alias «El Licenciado» no es la única que ha ocurrido tras la intervención militar.
Pese a que fuentes oficiales, como el Instituto Nacional Penitenciario (INP), no han respondido hasta ahora a las numerosas solicitudes de información pública realizadas por este medio de comunicación, sobre el número oficial de fallecimientos de privados de libertad desde junio de 2023.
Existen datos oficiales como el de Medicina Forense del Ministerio Público (MP), que en respuesta a la solicitud de información SOL-MP-2657-2024, informó que se contabilizan cinco muertes tras la intervención militar: dos en 2023 y tres en febrero de 2024, de la cuales, se estableció que, cuatro corresponden a homicidio por ahorcamiento y una está en proceso de investigación.
Criterio.hn se contactó con la portavoz de Medicina Forense, Isa Alvarado, para conocer detalles de la cifra presentada, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Aunque Medicina Forense da cuentas sobre cincos muertes, los informes no oficiales sugieren que el número es mayor. Para el caso, el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) en respuesta a la solicitud de información SOL-CONADEH-500-2024, reportó 30 muertes de personas privadas de libertad en los distintos centros de detención del país.
Respecto a los detalles de los fallecidos solicitados por Criterio.hn, se informó que estos datos se consideran confidenciales, según el artículo 36 de la ley del Conadeh, que mantiene en reserva los datos de las investigaciones relacionadas.
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REGISTROS DE ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE PRIVADOS DE LIBERTAD
Datos de organizaciones defensoras de personas privadas de libertad muestran discrepancias con las cifras de Medicina Forense.
Según la última solicitud de información respondida por el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (Conaprev), en octubre de 2023 se habían reportado ocho muertes bajo custodia militar.
A las solicitudes sobre la misma pregunta de los meses siguientes no se ha dado respuesta, por lo que Criterio.hn ha seguido el conteo con registros conocidos públicamente, y hasta el primero de julio se habían reportado siete muertes más. Esto sumaría un total de 15 decesos.
De igual forma, la organización de derechos humanos Cozumel Trans ha reportado 15 muertes tras la intervención militar en los centros penitenciarios ubicados en Ilama, Santa Bárbara, Danlí, Santa Rosa de Copán, Támara, Tela y en Gracias, según informó a Criterio.hn Rihanna Ferrera, presidenta de esta organización.
En tanto, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) contabiliza 11 muertes. Estos datos se revelaron en su informe más reciente, presentado el 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura.
AGRESIONES Y QUEJAS
Además de las muertes, se han reportado otros incidentes en las penitenciarías hondureñas. Según Bessy Almendares, coordinadora de Proyectos del CPTRT, entre junio de 2023 al mismo mes de 2024, se registraron 171 agresiones en centros penitenciarios, postas policiales, y en centros de internamiento pedagógicos
Sobre las quejas de tratos inhumanos a privados de libertad, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), contabiliza 165 de enero a diciembre de 2023 y 67 en lo que va de 2024.
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INTERVENCIÓN MILITAR POR SEIS MESES MÁS
La declaratoria de emergencia en los centros penitenciarios en Honduras, que inicialmente tenía una duración de un año y venció en junio de 2024, ha sido extendida por seis meses más.
Esta extensión, publicada recientemente en el diario oficial La Gaceta, prolonga la emergencia hasta el 31 de diciembre del presente año.
Además, se ha ratificado al comandante Ramiro Fernando Muñoz como presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, según confirmó el propio militar en una entrevista con medios de comunicación.
Criterio.hn contactó a José Coello, portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), para obtener información sobre la extensión de la medida y reiterar la pregunta de las muertes según registros oficiales. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, Coello no había proporcionado una respuesta.
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CUESTIONADA INTERVENCIÓN MILITAR
La continuidad de la intervención militar en los centros penitenciarios ha generado opiniones divididas: algunos analistas la consideran beneficiosa, mientras que defensores de derechos humanos la ven con preocupación.
Por ejemplo, Gonzalo Sánchez, criminólogo y abogado, destacó la labor de los militares como positiva, señalando que desde la implementación de la «mano dura» no se han repetido eventos de violencia extrema, como la masacre ocurrida en PNFAS en 2023. Según Sánchez, este enfoque ha traído orden en aspectos cruciales, como el control del dinero y las drogas dentro de los centros.
Dicha postura difiere con la opinión de defensores de derechos humanos, como el caso de Rihanna Ferrerra, quien ha seguido muy de cerca las denuncias de familiares de privados de libertad y opinó que dicha intervención ha sido nefasta ya que ha traído aspectos negativos como la tortura, traslados irregulares, corrupción en el manejo interno, sobrepoblación que provoca insalubridad y un manejo enfocado en la fuerza y no en reinserción.
“Vemos alarmante que se hable de una intervención exitosa solo porque no ha habido tragedias como la del año pasado en PNFAS, pero no se dice que ha habido muertes silenciosas, unas 15, de las cuales nadie se da cuenta”, cuestionó la defensora.
Del mismo modo, criticó que se esté hablando de la construcción de cárceles de máxima seguridad, que también estarían bajo resguardo militar, cuando las actuales tienen muchas deficiencias. A su juicio, esas promesas son más políticas que de interés social, como ya lo han hecho gobiernos anteriores.
SE DEBE INVESTIGAR MUERTES Y DEDUCIR RESPONSABILIDADES
En este contexto de incertidumbre y hermetismo en la intervención militar penitenciaria, Bessy Almendares, reiteró en diálogo con Criterio.hn que la ley prohíbe a los militares asumir funciones penitenciarias, ya que están entrenados para la guerra, no para la gestión penitenciaria.
Además, subrayó la necesidad urgente de establecer una unidad especial para investigar las muertes ocurridas bajo custodia militar, aplicando el Protocolo de Minnesota, que se enfoca en la investigación de fallecimientos de personas privadas de libertad.
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De igual forma, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), manifestó que el Estado de Honduras debe rendir cuentas sobre estas muertes, ya que están bajo su tutela y porque es signatario de varios protocolos, entre ellos la Convención contra la Tortura y los Protocolos de Estambul y Minnesota, que exigen una investigación rápida y exhaustiva de las muertes sospechosas.
Acevedo destacó en entrevista con Criterio.hn que hasta la fecha ha habido una investigación insuficiente o nula sobre estas muertes, incluso en el caso del PNFAS ya que, hasta ahora, no se han presentado resultados concretos, por el contrario, solo se han observado deficiencias en la realización de los levantamientos de cuerpos.
De las investigaciones y castigos a los responsables de las muertes de privados de liberad se sabe poco, la mayoría se manejan como suicidios por ahorcamiento, pero no se descarta que la realidad sea un asesinato como sucedió con el responsable de la muerte múltiple en la que fue asesinado Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo.
