Primero, el INP y el departamento de prensa de las Fuerzas Armadas notificaron que el privado de libertad Erick David Mancías Rodríguez, conocido en el mundo criminal como “El Licenciado” y “Chino”, encontrado culpable por la muerte del hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se había suicidado dentro de una celda. Sin embargo, un poco más de 24 horas después, el jerarca militar Ramiro Fernando Muñoz desmintió esa versión y confesó que había sido asesinado por integrantes de la Mara Salvatrucha
El 17 de mayo de 2024, el tribunal de sentencia del Poder Judicial encontró culpable a «El Licenciado» por cometer el delito de asesinato en perjuicio de Said Lobo, hijo de “Pepe” Lobo, y tres personas más. Precisamente este jueves 6 de junio a la 1:00 p.m., estaba programada una audiencia en la que se determinaría por cuántos años iba a estar privado de su libertad
Tegucigalpa, Honduras. – El privado de libertad encontrado sin vida en el interior de una celda en la cárcel El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, en el extremo occidente de Honduras, no se suicidó; fue asesinado por presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Así lo admitió el coronel Ramiro Fernando Muñoz, director de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), institución a cargo de la intervención penitenciaria desde hace casi un año.
“Aquí no se cometió un suicidio; fue un homicidio. Él no se colgó solo; estos (integrantes de la MS-13 con quienes compartía celda) lo colgaron. Tenemos vídeos y testigos que pondremos a disposición de la Dirección Policial de Investigación y del Ministerio Público”, confesó Muñoz esta mañana.
Lo paradójico del caso es que, antes de la confesión del jerarca militar, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) había informado oficialmente que Erick David Mancías Rodríguez, conocido en el bajo mundo como “El Licenciado” y “Chino,” quien fue encontrado culpable por el asesinato de Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo, se había quitado la vida dentro de una celda ubicada en el módulo número 7, hogar 108 de El Pozo.
En resumen, el escueto comunicado del Instituto Nacional Penitenciario, publicado a las ocho de la mañana del miércoles 5 de junio, estableció que la causa de la muerte de Mancías, quien, según la investigación presentada por el Ministerio Público (MP), se desempeñaba como jefe de sicarios de la MS-13, fue suicidio por ahorcamiento.
Sin embargo, Muñoz, cuestionado por abusar de su poder para amedrentar a sus subordinados, no solo estableció que fue un asesinato, sino que también detalló que este fue orquestado y planificado supuestamente por cuatro líderes de la MS-13, en calidad de autores intelectuales, y ejecutado por dos miembros de esa misma organización en calidad de autores materiales, quienes además eran compañeros de celda.
«Estos son los cuatro líderes de la organización criminal Mara Salvatrucha que ordenaron a otros privados de libertad cometer este acto. Y estos son los dos supuestos ejecutores. ¿Por qué lo digo? Lo tenemos en los videos e informes que muestran cómo llevaron a cabo el crimen», detalló el militar.
De igual manera, Muñoz hizo hincapié en que no pondrá al director de El Pozo a disposición de las autoridades competentes por la muerte de Mancías. Alegó que es “imposible” que una autoridad esté al tanto de lo que está sucediendo en cada celda, aunque el hecho violento se haya desarrollado en una cárcel de máxima seguridad.
«Hoy nosotros no pondremos a disposición a un director o a un subdirector porque, díganme ustedes, ¿cómo hacen para meterse en esas celdas? ¿Cómo hace un comandante si asume que en las celdas hay seguridad porque son integrantes de la misma organización criminal, pero ahora se están matando entre ellos mismos?», cuestionó y a la vez justificó.
Mancías, Eber Ezequiel Espinoza Martínez y Norma Alicia García son las primeras personas que han sido encontradas culpables en la masacre registrada el 14 de julio de 2022, que terminó con la vida de Said Lobo, hijo de Pepe, Norlan Enrique Rivera, conductor de Said, y José Salomón Vásquez Velásquez, sobrino del diputado nacionalista Walter Chávez.
De momento, el asesinato de Mancías se encuentra rodeado de una paradoja que, posiblemente, debido a los antecedentes, se mantenga en opacidad y un proceso de investigación efectivo será una utopía. Además, surgen nuevos cuestionamientos sobre por qué, si se supone que las cárceles en manos de militares son más seguras, continúan registrándose estos hechos violentos.
Esto pone en evidencia, una vez más, que las cárceles deben ser manejadas por personal civil, no por las instituciones de seguridad, como lo dejó claro el defensor de derechos humanos Joaquín Mejía. Además, explicó que, debido a su escasa formación en centros penitenciarios, los policías y militares son susceptibles de caer en chantajes por parte de los criminales que permanecen privados de libertad para continuar con su gobierno de anarquía.
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MÁS DE UNA DOCENA DE MUERTOS EN CONTROL MILITAR
Desde julio de 2023, cuando la Policía Militar del Orden Público retomó el control de los centros penales, desestimando una de las promesas de campaña del partido de Xiomara Castro, se han registrado 15 muertes de privados de libertad. La mayoría de estos casos, como el de “El Licenciado”, se reportan como suicidios, y casi todos los procesos de investigación permanecen en la opacidad.
Por ejemplo, el 19 de mayo de 2024, en la cárcel ubicada en Támara, en Francisco Morazán, en el centro de Honduras, se reportó la muerte de un privado de libertad por envenenamiento. Quien anunció el fallecimiento no fueron el INP ni las Fuerzas Armadas, sino los familiares de la víctima: Eduardo José Matute, de 24 años.
Las autoridades penitenciarias anunciaron la muerte y oficializaron lazos de investigación, sin dar más detalles. Sin embargo, hoy Muñoz mencionó, de forma rápida, que cerca del cuerpo de Eduardo José Matute encontraron frascos que contenían veneno en su interior, lo que pone en evidencia que la información, aunque la manejen, no la hacen pública. Este hecho, históricamente, desencadena sospechas sobre el manejo que le están dando a las cárceles.
“En el lugar donde envenenaron a aquel muchacho (Eduardo Matute), decomisamos varios botes en los que había veneno. Qué bonito, como ya no pueden matar con cuchillos, ahora buscan usar veneno y colgarlos», contó el militar, haciendo referencia también al asesinato de “El Licenciado”.
Aunque las autoridades militares continúen alardeando que bajo su control la ola de delincuencia, criminalidad y el gobierno de anarquía de los privados de libertad ligados a estructuras criminales ha terminado, pese a que sigan registrándose hechos violentos, Rihanna Ferrera, presidenta de la Organización Cozumel Trans, cuestiona la poca transparencia y el posible uso de la violencia.
“Hemos estado monitoreando estos casos; hemos estado preguntando cómo van los procesos de investigación, pero no hay respuestas concretas o claras. En estos casos de muerte cuestionamos el por qué no hay responsabilidad para las autoridades cuando un privado de libertad está bajo su custodia; es responsabilidad del Estado”, opinó Ferrera en pláticas con este medio de comunicación.
