Estado de Honduras está obligado a cumplir Protocolo de Minnesota que manda investigar muertes en centros penales

Tras la militarización se han reportado tres muertes de privados de libertad. Previo a la militarización también se han reportado una serie de muertes tanto en los centros de máxima seguridad como en celdas de postas policiales, ante este panorama se pide la aplicación del protocolo de Minnesota

Por: Kelly Ortez

Tegucigalpa. – Desde que inició la militarización en los centros penales en Honduras, – tras la muerte de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS)-, se ha contabilizado una serie de muerte de privados, sin embargo, hasta la fecha no se ha brindado respuesta de los ilícitos, ante esta inoperancia se pide la aplicación del Protocolo de Minnesota.

El protocolo antes referido, al que Honduras está adscrito, refiere a la prevención e investigación de ejecuciones extra legales o arbitrarias, en muertes potencialmente sospechosas, e ilícitas, con el fin de promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz.

Las situaciones en las que priman las actuaciones de dicho protocolo son: muertes posiblemente causadas por funcionarios de las fuerzas militares en el ejercicio de las funciones del Estado.

Asimismo, cuando la muerte sobreviene cuando la persona está detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, debido a que este acto respondería al resultado de incumplimiento del Estado en la obligación de proteger la vida del privado.

También es una obligación general investigar toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas, aun cuando no se denuncie porque se crea que el Estado pudo prevenirla.

MUERTES MISTERIOSAS TRAS MILITARIZACIÓN

Tras la militarización en los centros penales en Honduras, se han registrado tres muertes misteriosas en centros penitenciarios hondureños.

Una de ellas se suscitó en el Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso, cuando miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), dispararon contra un privado, porque supuestamente intentó escaparse, luego de una reyerta.

Otra de las muertes fue el 01 de julio del presente año, en la cárcel de máxima seguridad en Ilama Santa Bárbara, cuando se reportó el fallecimiento de un privado, supuestamente por problemas de obesidad, no obstante, las autoridades no brindaron mayores detalles.

El 05 de julio también trascendió la muerte de otro privado, sin embargo, las autoridades negaron los hechos, pese a que anteriormente fue confirmada por el Ministerio Público (MP).

Rihanna Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

Una de las personas que ha estado realizando un trabajo de seguimiento de cerca sobre el trato a privados de libertad es la directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera.

La hondureña contó que ante estas muertes las autoridades no han brindado un panorama claro y muchas veces la muerte de los privados, se manejaba mucho hermetismo y al punto que se entenebraban de las muertes por denuncias de familiares de los mismos privados de libertad.

“Los familiares de los privados se convierten entre ellos en una familia porque conviven y fue así como se enteraron e informaron sobre uno de los decesos”, dijo Ferrera.

MUERTES CONTROVERSIALES

Una de las muertes que ocurrieron en prisión y bajo resguardo policial que se ha su cedido en Honduras y que ha causado bastante controversia es la muerte de la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, las autoridades indicaron que la joven se había ahorcado con una prenda de vestir en su celda y que a raíz de la acción falleció.

Sin embargo, reportes del hospital filtrados señalan que la joven habría llegado muerta, para el caso, la entonces portavoz de la Secretaría de Seguridad, Rebeca Martínez, dijo que fue un suicidio mismo que fue descubierto por un agente que realizaba una «ronda de supervisión». Esa versión fue rechazada por los familiares de la estudiante, quienes atribuyeron la responsabilidad a la Policía Nacional.

Otro de los casos bajo custodia en centro que causó controversia fue el asesinato de narcotraficante hondureño, Magdaleno Meza Fúnez, ex socio del hermano del presidente de Honduras, Juan Antonio «Tony» Hernández.

En el video de su asesinato se ve cómo un grupo de hombres abre la puerta y uno de ellos empieza a disparar contra Meza, para confirmar su muerte otro hombre armado con un cuchillo.

MUERTES MÚLTIPLES EN CENTROS PENITENCIARIOS

Desde el 2003 al 20 de junio de 2023, se contabilizan 15 muertes múltiples en los distintos centros penitenciarios en Honduras, que ha dejado como saldo la muerte de 689 privados de libertad.

Centro Femenino de Adaptación Social (PNFAS), ubicado en Támara. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

La más reciente se suscitó el 20 de junio de 2023 donde se contabilizó la muerte de 46 mujeres durante una reyerta seguida de un incendio en el Centro Femenino de Adaptación Social (PNFAS).

De momento las autoridades no han brindado resultados de la investigación, ni requerimientos fiscales contra los responsables. El portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, solo indicó en su momento que el informe preliminar apuntaba a que el hecho fue cometido por “personas del sexo femenino”.

En tanto, el 16 de junio de 2021 trascendió que al menos cinco personas murieron y otras 39 resultaron lesionadas en una reyerta que se registró en la cárcel de el pozo en Ilama, Santa Barbará.

Antes de ese hecho, se reportó un enfrentamiento entre bandas rivales que dejó como saldo 19 presos fallecidos en la cárcel de El Porvenir, el hecho se suscitó el 19 de diciembre de 2019.

Cárcel de Siria, ubicada en El Porvenir, Francisco Morazán. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

En tanto, un motín en una cárcel de máxima seguridad en la cárcel de La Tolva, en Morocelí, del departamento de El Paraíso, cobro la vida de cinco privados, en tanto, el 15 de diciembre de 2019, del mismo año, pero en junio se reportó la muerte de tres privados de libertad en el mismo lugar.

Para el 4 de diciembre de 2017, se reportó cuatro fallecidos en el centro penal de El Progreso y el 12 de marzo de 2015 la muerte de tres y una treintena resultan lesionados en el presidio de San Pedro Sula.

El 29 de marzo de 2012, se reportó la muerte de otros reclusos en el centro penal de San Pedro Sula en un enfrentamiento con armas de fuego, donde murieron 360 privados de libertad y una mujer que visitaba a su marido en la Granja Penal de Comayagua, este hecho fue considerado como una de las tragedias más grandes que se han dado en Honduras.

Para el 14 de octubre de 2011 un enfrentamiento entre los mismos internos dejó nueve muertos en la cárcel de San Pedro Sula.

Las muertes también se dieron en enero de 2006, donde se reportó el deceso de 13 internos, luego de un amotinamiento y, para 2008, se volvió a suscitar un hecho similar, pero esta vez cobró la vida de 18 personas.

En mayo de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, un incendio acabó con la vida de 107 privados de libertad y para 2003 un enfrentamiento armado provocó la muerte de 66 personas en centro penal de El porvenir Atlántida, zona norte del país.

DEBEN APLICAR PROTOCOLO

Ante este panorama de violencia y falta de investigación, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, dijo en entrevista con Criterio.hn, que todas las muertes ocurridas bajo la tutela del Estado se deben investigar, salvo las que fueron ocurridas en algún centros hospitalario que pueda dar fe de las verdaderas causas de la muerte.

Javier Acevedo, director de Ciprodeh. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

Recalcó que Honduras debe investigar debido a que es parte de varios protocolos entre ellos: La Convención contra la Tortura, además del protocolo de Estambul y Minnesota, en el que se compromete a realizar un trabajo expedito sobre las muertes sospechosas.

En el proceso de investigación de muertes de privados –explicó- estaba originalmente asignado a la fiscalía especial de derechos humanos; sin embargo, bajo la actual administración del Ministerio Público se decidió trasladar la investigación a la fiscalía de delitos comunes, acción que a su juicio es desacertada porque como consecuencia se ha tenido mala investigación o ausencia de la misma.

“A partir de trasladar esa acción abandonó el hecho de la investigación en los centros penitenciarios, hay que recordar que la vida de estas personas es la responsabilidad del Estado, por ello al Estado le corresponde hacer una investigación de las muertes para exculpar de responsabilidad”, expresó Acevedo.

Destacó que la fecha ha sido escasa y nula investigación de las muertes, salvo en muertes múltiples, como por ejemplo en el caso más reciente de la muerte en la cárcel de mujeres, pero que a la fecha tampoco se ha brindado resultados concretos. Y por el contrario solo se han observado falencias en cuanto a los levantamientos de cuerpos.

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