Movimiento territorial rechaza aprobación de contratos energéticos por el Congreso Nacional

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- En la última sesión del 2020, el Poder Legislativo aprobó dos contratos a favor de la sociedad mercantil Hidroeléctrica Zompopero S. A de C. V, el proyecto operará en el río Ulúa específicamente en los municipios de Jesús de Otoro, San José de Comayagua y San Pedro de Zacapa.

Los contratos fueron leídos por el secretario Wilmer Velásquez, y no se abrió el espacio para el debate por parte de los legisladores y legisladoras a pesar que los diputados de la oposición solicitaron la palabra en múltiples ocasiones.

 “El proyecto Zompopero Ulúa tendrá una capacidad instalada de generación eléctrica de 14.98 MW”, dice el dictamen aprobado por los diputados nacionalistas y varios liberales

La medida fue remitida a la cámara por la comisión de energía que preside el diputado nacionalista Oscar Nájera y que es también conformada por los legisladores: Samuel Reyes, Bernardo Medina, Walter Chávez, Carlos Zelaya y Sergio Figueroa.

Ante la aprobación varias organizaciones sociales y territoriales han reaccionado, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia a través de redes sociales expuso: “Congreso de Honduras continúa con su maquinaria a favor del extractivismo, se aprobó el contrato para la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico El Zompopero sobre el río Ulúa, reflejando que la maquinaria legislativa es a favor del extractivismo”.

Por su parte la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) aseguró que estas medidas afectan a las comunidades de la zona norte y occidente del país.

“El régimen de Juan Orlando Hernández, en complacencia de grupos extractivistas internacionales, y por medio del secuestrado Congreso Nacional de la República; ha aprobado el día de hoy un contrato para la Sociedad Mercantil Hidroeléctrico ZOMPOPERO SA. de C.V., proyecto que afectaría directamente a las comunidades que coexisten con el río Ulúa en especial comunidades Lencas que ya se han visto golpeadas por la imposición de proyectos hidroeléctricos”, dice su posicionamiento.

Según ARCAH la empresa fue señalada en el 2015 por la aprobación del Decreto 148-2015 para generar energía en Santa Bárbara. “Condenamos desde ARCAH este hecho, paso de entrega territorial nuevamente por parte de la transnacional del narcotráfico, conducida por el Partido Nacional de Honduras”, culminó.

El diputado Luis Redondo dijo que la aprobación de los contratos es nula porque no se respetó la Ley Orgánica del Congreso. Según Redondo los dictámenes llegaron a los correos de los diputados, minutos antes de que se sometieran a discusión.

Redondo también denunció que en la sesión no había quórum, por lo que todo lo aprobado es ilegal, de acuerdo al diputado, solo habían 59 legisladores en la sesión y para aprobar una iniciativa por mayoría simple se ocupan más de 64 votos.

Tanto el Partido Libre como el Pinu Social Demócrata, afirmaron públicamente que votaron en contra de los contratos, por ahora se desconoce la forma en que votaron los liberales y los demás partidos mayoritarios, debido a que informática del Congreso no publica en detalle la forma de votación de los diputados.

Además la Junta Directiva solo remitió los dictámenes y no los contratos, por lo que se desconoce quiénes son los dueños de estas sociedades mercantiles favorecidas con estas contrataciones energéticas.

Ambos contratos han sido aprobados en tres debates, el primero en junio, el segundo en septiembre y el tercero en la reunión del 30 de diciembre de 2020, diputados de oposición han denunciado que la Junta Directiva no abre espacios de discusión en cada debate, sino que aprovechando las condiciones de las sesiones virtuales, solo dan lectura de la iniciativa y la someten a votación.

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