Movilización convocada por presidenta Castro es catalogada como injerencia, populismo y robo de espacios ciudadanos

Por: Kelly Ortez

Tegucigalpa. La convocatoria de la presidenta Xiomara Castro el próximo martes 29 de agosto para presionar la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP), es una muestra de injerencia en otro poder del Estado, dicen analistas.

Además, dicen que es una estrategia de populismo para ganar simpatía de la población y una manera de ocupar espacios que le pertenecen a la población, y de esta manera mantener el control en caso de una crisis o toma de decisiones importantes, opinan analistas abordados por Criterio.hn

El pasado viernes 11 de agosto del presente año, la presidenta Xiomara Castro, convocó a la población hondureña a movilizarse, el próximo martes 29 de agosto, para exigir al Congreso Nacional la elección del fiscal general y adjunto.

“Como presidenta de la República convocó al pueblo hondureño a una movilización a nivel nacional a partir del martes 29 de agosto”, al tiempo que agregó que: “vamos a exigir que se cumpla con el mandato constitucional de elegir a nuevas autoridades en el Ministerio Público. Golpe de Estado nunca más, prohibido olvidar que somos resistencia”, expresó la mandataria en comparecencia pública.

Al tiempo que refirió que el Congreso Nacional está bajo ataques y boicots por aquellos que se oponen al combate de la corrupción.

Tras la convocatoria, el expresidente y el ahora asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, hizo una publicación en su cuenta de Twitter, respaldando el llamado de la presidenta en el que menciona al Partido Libre.

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INJERENCIA, POPULISMO Y ROBO DE ESPACIOS

A criterio de la integrante de la organización Articulación Ciudadana, Jimena García, la convocatoria realizada por la presidenta Xiomara Castro, es un acto de injerencia, debido a que en los Estados de derecho existen dos poderes, el real, representado por las autoridades del gobierno y los fácticos, cada uno con sus funciones.

Jimena García de la organización HN Resurge.

Destaca que si bien, la Constitución de la República faculta al poder ejecutivo enviar proyectos de ley al legislativo, este no puede hacer presión política partidista, porque sólo en el congreso se deben realizar las convergencias políticas.

García analizó que la acción denota que lo que pretende el gobierno es robar espacios ciudadanos, adelantándose a una futura protesta que convoque la sociedad civil, agregó que la acción no se debería realizar porque da la impresión que “el gobierno, está demandando exigencias al propio gobierno”.

La entrevistada refirió, además, que la acción no es nueva en Honduras, debido a que gobiernos que quieren mantener vivo un populismo, realizan actos similares para ganar simpatía con la población.

Al tiempo que recalcó que también es una manera de mantener el control, “cuando los gobiernos quieren ocupar espacios de ciudadanos, es porque quiere tener control en momentos de crisis y decisiones importantes de país”, concluyó García.

CONVOCAR UN DIÁLOGO

En tanto, el abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, es del criterio que la acción que debió optar la presidenta Xiomara Castro, es un diálogo y no una movilización, porque causa la impresión que lo que se quiere crear, es un escenario de temor entre la población.

“En un diálogo se plantea la necesidad de cumplir con el mandato legal y no pensar en atemorizar, ni presionar porque se sabe que en las movilizaciones no va estar el pueblo sino la militancia del partido Libre”, expresó el Pineda Alvarado.

Por su parte, el analista Lester Ramírez, dijo que la convocatoria más parece una medición de fuerzas y, coincide que esta estaría acuerpada por militantes del partido Libre y empleados de las instituciones públicas. “No creo que vaya a calar y tampoco creo que vaya intimidar a la clase política de oposición”, arguyó.

CONVOCATORIA CORRECTA

Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, opinó que el llamado de la presidenta Xiomara Castro, no tiene que ver con injerencia de los poderes del Estado, debido a que esas peticiones las realizan los presidentes de otras naciones a sus congresistas.

“Es lo mismo que sucede en Estados Unidos donde el presidente les pide a los congresistas que aprueben ciertas leyes, allá lo hacen por correo, aquí la presidenta lo hizo a través de una movilización; entonces cada quién usa la vía que prefiere”, justificó Pino.

CONVOCATORIA DEL PN

Destaca que el Partido Nacional de Honduras de Honduras (PN), también convocó a una movilización el próximo sábado 19 de agosto a través del Bloque de Oposición Ciudadana.

“El Partido Nacional ha decidido hacer una alianza formal con distintos partidos políticos para que se respete la voluntad de los diputados”, expresó el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Nacional (CCEPN), David Chávez, al señalar que este instituto político formará parte de la coalición opositora

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PACTOS

Se recuerda que los diputados del Congreso Nacional (CN), recibieron a comienzos de agosto, la lista de los cinco candidatos a fiscales previamente seleccionados por la junta proponente, los fiscales deberían ser electos por una mayoría de al menos 86 diputados.

Fiscal General debería renunciar
Óscar Chinchilla, fiscal general de Honduras

El actual fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, y el adjunto Daniel Sibrián, concluirán su mandato a inicios de septiembre próximo. Para esta acción una Misión de Observación Internacional (MIO), pidió la semana anterior transparencia en el proceso de elección del nuevo fiscal e instó a los diputados a elegir a los candidatos sin injerencia política y que cumplan con los requisitos de idoneidad.

Se recuerda que horas antes de la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal, firmaron un pacto político que plantea una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público con la cual buscan elevar a rango constitucional la dirección de fiscales.

En ese mismo pacto, se acordó la aprobación de la reforma al artículo 232 de la Constitución de la República, que fue presentada por la diputada oficialista, Xiomara Hortencia Zelaya (Pichu), para otorgarle potestad de querellante a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

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