Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. – La Procuraduría Genera la República confirmó este lunes a Criterio.hn que ha denunciado a cuatro funcionarios judiciales por el delito de prevaricato por haber fallado dolosamente en contra del Estado de Honduras en una millonaria demanda que afectará las arcas del Estado.
Javier Reyes, funcionario de la PGR, especificó a este medio digital que se trata de Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzon López, ambos magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, del juez de Letras, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio y de la secretaria adjunta Elsa Ávila.
Reyes argumenta que los funcionarios judiciales actuaron en un fallo injusto y sin fundamento legal. Asimismo, que el proceso está lleno de irregularidades, que no está firme aún y que todavía hay acciones pendientes por parte de la PGR.
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PERFIL LOS MAGISTRADOS
Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzón López, son los magistrados de la Corte de Apelaciones señalados por haber dado paso a la acción judicial que obliga al Estado hondureño a pagar 2,600 millones de lempiras, a raíz de una demanda que anteriormente fue desestimada en una Corte Federal de Washington, Estados Unidos.
El viernes anterior el gobierno de Xiomara Castro advirtió que no pagará la demanda a «corruptos que están acostumbrados a asaltar al Estado utilizando el Poder Judicial». Asimismo, denunció la existencia de una red criminal público-privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia.
Conan Argueta e Ingrid Monzón, magistrada de la Corte de Apelaciones, se postularon ante la Junta Nominadora para ser reelectos como magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) 2023-2030.
En un artículo publicado el 3 de febrero del 2023, Criterio.hn detalló que Conan Argueta tiene varios procesos por su actuar dentro del supremo hondureño. Argueta tiene tres denuncias en el Ministerio Público y diez en la Supervisión General del Poder judicial.
Además, durante la postulación al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó documentación irregular con relación a su patrimonio; también se le señaló por quebrantamiento del orden constitucional en sus acciones como magistrado de Corte de Apelaciones.
Por último, la Junta Nominadora determinó que no tenía el perfil para ser magistrado del Poder Judicial y lo dejó fuera del proceso.
En el caso de la magistrada, Ingrid Monzón López, fue señalada de pretender favorecer a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente nacionalista, Porfirio Lobo.
Durante las primeras etapas del caso Caja Chica de la Dama, también presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Monzón López fue designada como jueza. Sin embargo, se le señaló de pretender influir en el caso, “tratando infructuosamente de convencer al resto de la terna de jueces para revocarles la prisión preventiva e imponerles medidas cautelares”, según sus compañeros de circuito.
Ingrid Monzón al igual que Conna Argueta, fue desestimada por la Junta Interventora, al considerar que su perfil no es apto para ser magistrada del máximo tribunal de justicia hondureño.
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DEMANDA CONTIENE IRREGULARIDADES
Los jueces fallaron a favor de una empresa de origen estadounidense DRC INC que presentó la demanda contra Honduras. Esta empresa fue beneficiada mediante un proceso de licitación pública internacional para la ejecución de obras de infraestructura y agua potable y saneamiento, tras los desastres ocasionados, en octubre de 1998, por el huracán Mitch.
Los fondos, 19 millones de dólares, que ejecutó DRC INC y para lo cual la compañía estadounidense subcontrató los servicios de la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), propiedad de Ivis López y Lily Raudales, se originaron de una donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
El funcionario de la PGR sostuvo que la firma DRC INC subcontrató a la empresa hondureña, pese a no estar permitido legalmente. Asimismo, detalló que no se le pagó el último proyecto porque incumplió con el contrato.
Seguidamente, Reyes dijo desconocer si las obras pactadas fueron realizadas por la empresa norteamericana.
Añadió que, “lo irregular aquí no es el origen, pero al final lo puntual es la intervención y lo delictivo que ha sido todo el proceso, en el 2022, que es el caso que nos pretenden sacar todo ese dinero”.
Explicó que en el 2010 se le había hecho una sesión de derechos, del laudo principal que, de 19 millones de dólares que era el contrato, se elevó a 120 millones de dólares.
Luego de eso, se hizo una sesión de 7 millones que, en el 2016, lo ejecutaron por más de 11 millones de dólares. Precisó que la causa fue llevada por la jueza del Juzgado de Letras Civil, Iris Isabel Miranda, quien le dio admisión al proceso, pese a que el laudo no fue homologado.
“El laudo debió ser homologado en virtud de ser un laudo internacional y porque así lo señala el mismo laudo y además de ello habría prescrito la acción en ese tiempo (2019)”, manifestó.
PODER JUDICIAL CULPA A LA PGR
El viernes, a pocas horas de que el gobierno diera a conocer su postura, el Poder Judicial alegó, mediante un comunicado, que la Procuraduría General de la República (PGR) no interpuso el respectivo recurso de apelación y con ello aceptó la demanda contra la caja única del Estado.
Además, en el documento, asegura que el proceso en contra del Estado de Honduras ha seguido de manera adecuada los tramites del expediente de cada una de las instancias jurisdiccionales.
En pocas palabras, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señala que la PGR trata de justificar las equivocaciones cometidas en ese proceso.
En el mismo boletín se lee que, aunque la PGR presentó el escrito de oposición a la resolución del juez de letras -que mandó la ejecución del embargo- el representante de esta institución no compareció a la audiencia.
El Poder Judicial alega además que la audiencia fue reprogramada por el juez en tres ocasiones sin que la PGR acreditara las razones de la incomparecencia, por lo que con base al Código Procesal Civil se dio por desistida.
PROCESO CON CONSTANTES ABUSOS DE PODER
Al respecto Javier Reyes, expuso que, en su momento, el representante de la PGR presentó un certificado médico (cuatro días antes de la audiencia) que lo incapacitaba para presentarse a la audiencia.
Además, el día de la audiencia, con unas horas de antelación, se le solicitó una prueba de laboratorio para confirmar que el abogado estaba contagiado de covid-19, se presentó dicho examen de laboratorio y aun así el juez de letras lo declaró como incomparecido.
Reyes explicó que estas acciones del juez de letras son un acto de arbitrariedad y se convierte en un hecho delictivo, pues el juez nuevamente llevó a cabo la audiencia dejando en indefensión al Estado de Honduras.
En conversación con Criterio.hn la abogada y diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, señaló directamente al juez de Letras, Raymundo Gradiz Vilorio, de haber negado al Estado de Honduras su participación en la audiencia.
Espinoza dijo que al haberle negado -al abogado que representaba al Estado- una excusa, para no asistir a la audiencia, es meritorio una investigación.
Expuso que esa demanda concluyó con un laudo arbitral que la PGR hace muchos años no impugnó por la vía judicial mediante el recurso de nulidad correspondiente y por consecuencia el auto quedó firme. Lo que está en el proceso ahora es la ejecución de ese laudo arbitral, añadió Espinoza.
