El presidente del Congreso Nacional reaccionó en redes sociales contradiciendo lo que él mismo aseguró se requería para la instalación de una comisión anticorrupción. Su reacción surgió luego que la misión de expertos de la ONU demandará información al Legislativo.
Tegucigalpa. – La corrupción en Honduras ha alcanzado niveles insospechados, que además de socavar la democracia ha generado violaciones a derechos humanos, pobreza, impunidad y muerte, mediante el saqueo de fondos públicos y otras prácticas criminales.
En diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro firmó el memorándum de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas (ONU), para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Este hecho, dio un hálito de esperanza al combate frontal de la corrupción y la impunidad – tareas inmediatas de ejecución–, como lo planteó la presidenta en su discurso al sentarse en la silla presidencial
Para la ejecución de estas tareas, es necesario que desde la institucionalidad del Estado se tenga voluntad política que conlleve a la derogación de leyes, aprobadas en los últimos años y que han sido bautizadas como “pactos de impunidad”.
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LA FRASE
“No es cierto que se ocupa derogar una tan sola ley, para hacer un combate eficaz y efectivo contra la corrupción, ya que ninguna ley secundaria creada con el fin de blindar la corrupción, está por encima de la Constitución”: Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional
Recientemente, Honduras recibió la visita de una misión de expertos de Naciones Unidas, para analizar y recabar información, específicamente el marco legal, que ayude a concretar el convenio CICIH, y su instalación sea una realidad.
Posterior a terminar su visita, la misión de expertos, encabezada por el representante de la división de asuntos políticos para Centroamérica, Andrés Salazar, solicitó al Congreso Nacional un informe detallado con diez aspectos como parte del proceso de validación.
En ese sentido, Criterio.hn realiza una verificación sobre lo publicado recientemente por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien, a manera de recordatorio, se dirigió en su cuenta de Twitter a organismos nacionales e internacionales, Organizaciones no Gubernamentales, medios de comunicación, personas, Ministerio Público e instituciones que se enfocan en el combate a la corrupción, diciendo: “para hacer un combate eficaz y efectivo contra la corrupción” “no es cierto que se ocupa derogar una tan sola ley, ya que ninguna ley secundaria creada con el fin de blindar la corrupción, está por encima de la Constitución (art.320 de la Constitución).”
La aseveración del presidente del Poder Legislativo entra en contraposición con lo que él mismo expresó, ante medios de comunicación, el pasado 6 de junio, cuando expuso que, para la llegada de la CICIH a Honduras, “nosotros (Congreso Nacional) estamos expectantes, seguimos derogando leyes que podrían ser un obstáculo para su operatividad”.
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HACER PREVALECER LA CONSTITUCIÓN
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) refirió que, en el ordenamiento jurídico del país, existen mecanismos constitucionales que pueden aplicarse para hacer prevalecer la Constitución y combatir la corrupción.
Esta publicación ha creado suspicacia sobre si verdaderamente se está trabajando en la fase preparatoria para que el mecanismo anticorrupción goce de una verdadera independencia y autonomía, o si, efectivamente se están haciendo los esfuerzos para que la instancia de Naciones Unidas se instale.
Para el abogado y profesor universitario de Ciencias Políticas, Alex Navas, lo señalado por Redondo, “no tiene un sustento lógico ni jurídico”.
Navas, Explicó que la Constitución de la República es un mecanismo declarativo, que da a los ciudadanos garantías, derechos, y algunas líneas de trabajo de cómo debe ser la convivencia social en Honduras.
En su tuit, Luis Redondo, toma como referencia el artículo 320 de la Constitución de la República: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Con ello, el presidente del Legislativo da a entender que en casos de corrupción se debe aplicar la norma primaria de manera directa, sin recurrir a una ley secundaria.
Es decir, Redondo recurrió a la teoría del control de constitucionalidad difuso. Este sistema de control se caracteriza por no tener un órgano específico encargado de la revisión de constitucionalidad, es decir, que todos los jueces ejercen el control de las leyes, que sólo opera en el escenario de un proceso real y concreto.
Honduras, al tener un marco declarativo, necesita de leyes secundarias, derecho sustantivo y derecho adjetivo, con esto, según el abogado Alex Navas se podrá hacer efectiva la declaración de la Constitución.
“Es una interpretación análoga de los verdaderos principios de la Constitución y que no coincide con nuestra costumbre normativa y con nuestro derecho positivo. Por lo tanto, no es aplicable al caso nuestro porque la Constitución es un marco de referencia para la construcción del Estado de Honduras”.
Con esta interpretación estrecha del concepto control de constitucionalidad difuso que, en nuestro sistema, al haber una colisión de dos leyes, el ente encargado de este control es la Sala de lo Constitucional.
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¿SERÁ UNA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA MISIÓN ONU?
El 20 de julio pasado, la Misión de la ONU, giró una solicitud de información al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre temas puntuales, siendo esta circunstancia, la probable causa de la reacción del funcionario en redes sociales, advierten analistas, quienes amplían su análisis a un desconocimiento sobre el orden constitucional por parte de Redondo.
Para el exdiputado del Partido Anti Corrupción (PAC), Aníbal Cálix, el presidente de Poder Legislativo, no se está contradiciendo sobre la instalación de la CICIH, sino que está haciendo una mala interpretación de la solicitud que realizó Naciones Unidas al Congreso Nacional.
Por su parte, la diputada del PSH e integrante de la comisión anticorrupción del Congreso, Fátima Mena —aunque no comparte la explicación dada por el presidente del Congreso—, no es una respuesta a la comunicación de la ONU, sino “una respuesta a algunos sectores que han dicho que no hay voluntad para que la CICIH actúe”.
Entre las peticiones de información de la Misión de la ONU están: Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el Ministerio Público, Poder Judicial, Unidad de Política limpia y Tribunal Superior de Cuentas durante los últimos cinco años; Presupuesto asignado en el marco del Decreto 116-2019 [fondos para diputados],para los periodos fiscales 2020-2023; Proyecto de Ley de Colaboración Eficaz, revisiones del Código Penal relativo al delito enriquecimiento ilícito y lavado de activos y el proyecto de ley de extradición.
Además, solicitan detallar otros proyectos en temas anticorrupción, agenda de iniciativas de ley, dictámenes de discusión ante la Comisión Anticorrupción del Congreso de la República; indicar si existen en el Congreso proyectos para derogar o reformar los decretos 116-2019, 117-2019; 04-2022, 67-2022. También sobre el Código Procesal Penal en los artículos 414 y 417 y sobre la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Otras peticiones que acompañan el escrito son: informes de las Comisiones de Investigación del Congreso en los últimos tres años, en el que detallen si pusieron en conocimiento del Ministerio Público los posibles delitos cometidos por el Congreso pasado; Información sobre la situación en que la Junta Directiva encontró al Congreso en la toma de posesión; principales hallazgos relacionados con el examen del Código Penal e información sobre la propuesta de reforma de la extradición remitido por la Corte Suprema de Justicia.
INTERPRETACIÓN DESDE UNA PRÁCTICA LÓGICA
La aseveración de Redondo causó una serie de reacciones, unas favorables y otras en contra, e incluso hay quienes señalan que el presidente del Congreso Nacional, en lugar de aclarar, deja más dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Para la diputada del PSH, Maribel Espinoza, la afirmación del presidente del Congreso Nacional es “incomprensible, no tiene ninguna razonabilidad al decir que no se necesita derogar leyes; yo no puedo estar de acuerdo con semejante aseveración”, apuntó la legisladora.
En ese mismo orden de ideas, la diputada Fátima Mena, señaló “creo que él (Luis Redondo) está hablando básicamente de una supremacía de la Constitución, la verdad es que como él es ingeniero, entonces probablemente lo mira desde una lógica más práctica como ingeniero”.
Mena, en entrevista con Criterio.hn, sugirió realizar una lectura al Memorándum de Entendimiento, porque “literal se habla sobre algunas leyes que son obstáculos para la persecución penal y efectiva de la corrupción”.
Por su parte el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía señaló a Criterio.hn que interpretar dicha publicación del presidente del Congreso Nacional, “es entrar en un terreno bastante movedizo”.
Mejía recordó que hay una ley sobre el fortalecimiento del Estado de derecho, Ley de amnistía que señala el establecimiento de la CICIH –ley bajo el decreto 04-2022, que ha sido fuertemente criticada porque dicho decreto quedó atado con la instalación de la CICIH para evitar su derogación—. La Ley de Amnistía ha sido cuestionada porque ha favorecido a funcionarios de la administración de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados por delitos de corrupción, cuando debería incluir únicamente a los perseguidos por delitos políticos.
A la publicación de Redondo han reaccionado de manera masiva los ciudadanos, quienes consideran que la reacción del presidente del Congreso Nacional se traduce en “falta de voluntad política”, y evitar con ello la instalación de la CICIH.
“No aclaren que oscurecen… por qué se tendría que llevar todo a una decisión de la Sala de lo Constitucional, cuando perfectamente se pueden reformar las leyes. Será que no quieren a la CICIH”, cuestionó Kenneth Joel Ventura, usuario de la plataforma digital.
Walter E. Martínez, también citó el tuit de Redondo, “queda claro que «NO» hay voluntad política para instalar la CICIH. Cuál es el miedo, si son diferentes a los corruptos de los gobiernos anteriores” señaló.
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LEYES QUE OBSTACULIZAN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Más allá de reaccionar en redes sociales y crear confusión, Luis Redondo tiene el reto de instalar la CICIH y brindar las herramientas al organismo que combatiría la corrupción—que, aunque es un mecanismo internacional—, necesita de independencia y autonomía, pero además de voluntad política.
El memorándum de entendimiento suscrito entre el Estado de Honduras y Naciones Unidas, en la primera fase, señala que es necesario realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y fideicomisos, derogación del Decreto 116-2019, entre otras que abonan a la impunidad.
Desde el Congreso Nacional, se han dado luces sobre derogatorias de pactos de impunidad –gestados, en su mayoría, en los gobiernos señalados por corrupción y narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022 y del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), de hecho, fue en este último gobierno que la corrupción en el país comenzó a repuntar con el emblemático caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que provocó la instalación de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)—.
El pasado 12 de julio, el pleno del Congreso Nacional derogó el Decreto 57-2020 que impide que el Ministerio Público secuestre información sobre delitos penales y reformó parcialmente el Decreto 93-2021 que establece el secreto bancario.
Este viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad de cinco artículos del Decreto 93-2021 que contempla reformas al Código Penal y a la Ley especial contra el lavado de activos
La firma para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) ha experimentado ciertos avances con la derogatoria de los decretos arriba señalados, pero aún falta derogar el Decreto 116-2019 que blinda a diputados a ser investigados por malversación de fondos públicos y el 117-2019 que da inmunidad a los diputados sobre sus ejecutorias.
A la lista de espera se suma además la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación del Decreto 04-2022 que establece la polémica ley de amnistía.
La diputada Fátima Mena, indicó que los decretos en debate “son las herramientas que han servido históricamente para generar impunidad y sacar en libertad a personas implicadas con actos de corrupción”, por lo que enfatizó que “todo lo que sea blindaje para los corruptos debe derogarse”.
Luego de analizar el tema mediante entrevistas a fuentes orales y escritas, y verificar las posturas del pasado reciente del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, Criterio.hn concluye que lo publicado por el funcionario es Falso y efectivamente se reafirma que, para el combate a la corrupción, es necesario la derogación de leyes que fueron utilizadas para beneficiar a funcionarios, diputados y empresarios que han dilapidado fondos y bienes públicos.
