Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Aunque trascendió que el exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y el exadministrador, Alex Moraes, han sido declarados culpables por la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles, los “peces gordos” que condujeron la colosal estafa siguen sin ser señalados en total impunidad.
Nombres como del expresidente que enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, y el del expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, salieron a relucir en la compra sobrevalorada de los módulos hospitalarios, denominados popularmente como “latas móviles”.
Ambos nombres resaltaron entre los mensajes de WhatsApp luego del vaciado telefónico de los celulares de Bográn y Moraes, donde se solicita información sobre las órdenes de compra detallando cómo se realizarían lo envíos desde Europa.
Sin embargo, lo anterior no llevó a que se acusaran a los dos altos funcionarios. Sumado a esto, en enero, el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que las pericias hallaron otros nexos de secretarios de Estado que participaron en reuniones de Consejo de Ministros y de exsecretarios de Estado que tuvieron injerencia en el tema.
De igual forma, la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora y la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, fueron salpicadas en este caso de corrupción ejecutado en pleno auge de pandemia covid-19, lo cual representa un perjuicio al Estado de 47 millones 462,500 dólares equivalente a más de 1,200 millones de lempiras.
Las exfuncionarias del gobierno de Hernández fueron señaladas, durante la etapa de conclusiones en el juicio contra Bográn y Moraes, por ordenar la compra de los siete recintos sanitarios que, en lugar de atender la pandemia, resultaron un contundente fracaso. Sin embargo, no han vuelto a ser mencionadas.
Cabe recordar que, desde antes de judicializarse el caso de corrupción ambas exsecretarias fueron parte de las investigaciones ejecutadas por la fiscalía. Como parte de los hallazgos, figuraron como responsables de autorizar la compra y trasferir el dinero que permitió a Bográn adquirir los siete recintos sobrevalorados.
Además, en su momento la extitular de Finanzas manifestó que el presidente le indicó que instruyera a Marco Bográn para la compra de los recintos médicos. Hernández ordenó que los hospitales se compraran prácticamente sin tomar en cuenta a la Junta Directiva de Invest-H.
En cuanto a la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, mediante el oficio 630-SS-2020, con fecha 16 de marzo de 2020, se dirigió a Bográn para la solicitud de los hospitales.
El documento firmado por Flores, indicaba la adquisición directa al proveedor idóneo de siete hospitales de aislamiento necesarios para la atención de infectados con el virus del covid-19.
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EL LETARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Aunque Marco Bográn manifieste que realizó la compra de los contenedores porque siguió órdenes superiores, debido a que los entes de justicia están corroídos por la corrupción, pareciera que esos altos funcionarios jamás serán condenados por sus delitos.
La investigación debería ser más exhaustiva y sacar a la luz o confirmar quienes son los demás involucrados que permanecen gozando de la impunidad.
El abogado y notario, Rodil Rivera, en conversación con Criterio.hn, apuntó que, al parecer, pese a que todos sabemos quiénes son los demás responsables, los principales personajes con poder de decisión en la compra de los hospitales no están siendo castigados.
Mencionó que, si Bográn argumentó recibir órdenes es obligatorio investigar para corroborar las declaraciones y revelar quienes fueron, donde en efecto, aparece nuevamente el nombre de Juan Orlando Hernández. Por tal razón, cuando se produce el requerimiento contra Bográn, su apoderado legal mencionó al exmandatario Hernández por ser el principal responsable.
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¿SALDRÁN LOS DEMÁS RESPONSABLES?
A mediados de marzo de 2020, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, señaló que seis exfuncionarios del gobierno de Hernández, están siendo investigados por el caso Hospitales Móviles.
Barrios apuntó que parte del dinero para los recintos clínicos fueron a parar a los bolsillos de esos funcionarios del gobierno pasado, de quienes ya se conocen los nombres, pero por motivos de seguridad decidió no revelar.
La Fiscalía ha anunciado que tiene listos nuevos requerimientos para más involucrados en compra fraudulenta de Hospitales Móviles. No obstante, el togado Rodil Rivera apuntó que esto lo hacen de forma tardía lo que nuevamente deja mal visto al Ministerio Público.
Lo anterior, es otra evidencia más de la estructura de corrupción e impunidad que dejó montada Hernández, la cual sigue vigente tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia, actores de negligencia o complicidad, apuntó.
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Por otro lado, Rivera afirmó que toda investigación que lleve a información acerca de cómplices u otros responsables es válida y, aunque no se podría juzgar a Hernández en este momento por el hurto perpetrado usando como excusa la compra de los hospitales, se le debe investigar.
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¿QUÉ SUCEDIÓ?
En marzo de 2020, Invest-H efectuó la compra irregular de siete hospitales móviles a una empresa en Turquía. La compra se efectuó a través de la empresa intermediaria Elmed Medical Systems, del inversionista Axel López. El Ministerio Público acusó a López, quien se encuentra prófugo de la justicia, de dos delitos de fraude en contra de la administración pública.
Mientras que, el pasado martes, por unanimidad de votos, el Tribunal de sentencia de los Juzgados en Materia de Corrupción, declaró culpable a Bográn de dos delitos de fraude agravado continuo más dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios agravado de manera continua.
Bográn podría enfrentar una sentencia mínima de diez años de prisión y una máxima de once años más una multa igual o hasta el triple del valor defraudado.
Por otro lado, decidieron absolver a Moraes del delito de fraude agravado continuo, pero lo hallaron culpable del delito de violación a los deberes de los funcionarios agravado de manera continua. Por lo cual, será puesto en libertad y podría enfrentar una inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho hasta diez años.
Diversos organismos y especialistas en derecho manifestaron que la condena representa una burla ante las vidas que se perdieron durante la pandemia.
Rodil Rivera señaló que la impresión que deja la sentencia de los tribunales respecto al exdirector y su asistente, es que, de alguna manera, aprovechando el reformado Código Penal, emitido para garantizar la impunidad de los funcionarios, se está castigando con penas mínimas a los responsables de repudiables delitos de corrupción.
