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Ley de Justicia Tributaria genera incomodidad en empresarios aún sin conocerse el contenido

El proyecto de ley se conocerá oficialmente hasta el 15 de marzo, cuando el Congreso Nacional inicie la socialización del proyecto

Por: Katerin Galo

Tegucigalpa. –Honduras tiene décadas de aplicar una política fiscal regresiva que incluye exenciones y exoneraciones fiscales que no han logrado su cometido de lograr incentivar las inversiones y generar empleo.

Ante este panorama, el gobierno de Xiomara Castro anunció en las últimas semanas la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que, aunque aún no se conoce el texto del anteproyecto de ley, contempla la revisión de las exoneraciones y exenciones fiscales que, en promedio, llevan 25 años de aplicarse.

El anuncio ha generado incomodidad en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que, sin conocer el contenido de la ley, presume que esta desalentará las inversiones y creará desempleo porque genera incertidumbre y desconfianza en la iniciativa privada.

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El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Gustavo Solórzano declaró que el anuncio de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria genera incertidumbre y desconfianza, en la iniciativa privada.

Para el asesor legal del Cohep, Gustavo Solorzano, la eliminación de los regímenes no es una medida correcta porque estos generan competitividad.

De manera extraoficial se dice que la reforma legal pretende eliminar 16 de los 18 regímenes de exoneraciones existentes garantizando que se reconocerán los derechos adquiridos de las que están en vigor por el tiempo que fueron aprobadas.

A cambio, se supone, se crearán dos nuevos regímenes de beneficios fiscales, uno para inversión nacional y el otro para la inversión extranjera, limitando así las exoneraciones fiscales a cinco años con una prórroga de cinco años más.

Otra de las propuestas y que fue anunciada por el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Ramón Barrios está orientada a gravar los grandes patrimonios a fin de conocer quiénes son los beneficiarios de las grandes empresas. Para este propósito se requiere reformar el Código de Comercio y el secreto bancario, este último para evitar la evasión y la fuga de capitales al extranjero.

Lo planteado por Barrios está en consonancia con el Plan de Gobierno de Xiomara Castro que plantea, entre otras cosas, el establecimiento de un impuesto único a las grandes fortunas, la reducción de las exoneraciones, el combate frontal de la evasión fiscal, la eliminación de lagunas en el Código Tributario a favor de grupos privilegiados y velados intereses políticos, y la mejora del conjunto de la administración tributaria.

Hasta el momento, Barrios ha sido la única voz del oficialismo que se ha pronunciado sobre estas anunciadas reformas.

El congresista anunció que el 15 de marzo, cuando se inicie la socialización de modificaciones a la política tributaria, se conocerá oficialmente el texto que se ha redactado como proyecto de ley.

Los empresarios han adelantado que otras de las reformas sería el cambio de la figura de renta territorial a renta internacional, con lo que se busca que lo hondureños que invierten en el exterior paguen impuestos por las utilidades que perciban.

Por otro lado, el diputado del opositor Partido Nacional y exsecretario de Finanzas, Marco Midence, dice que la revisión a las exoneraciones fiscales no puede hacerse a la ligera.

Según lo expuesto por el legislador, en una entrevista con Criterio.hn, el gobierno debe hacer un proceso riguroso en términos técnicos, financieros y legales para que se pueda establecer cuáles son los límites y las sanciones y cuáles son los regímenes que benefician a Honduras, para no afectar la inversión.

Desde Criterio.hn nos dimos a la tarea de contactar a varios integrantes del gabinete económico y congresistas del Partido Libre para conocer el contenido de este paquete de reformas, pero las únicas respuestas que recibimos es que el proyecto no ha sido entregado, por lo tanto, no pueden hablar del tema.

También contactamos al director del Servicio Administrador de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, pero respondió que dará entrevistas hasta que se presente el proyecto de ley al Congreso.

¿DE DÓNDE Y CÓMO SURGE LA IDEA?

A finales de julio de 2022 el gobierno de Xiomara Castro reveló tres informes que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los que el organismo internacional apuntaba que las exoneraciones fiscales son inequitativos e ineficientes por lo que recomendó su extinción o eliminación gradual.

Los informes que habían sido declarados en secreto por el gobierno de Juan Orlando Hernández, instan al gobierno a eliminar todas las exenciones del Impuesto Sobre la Venta (ISV), eliminar paulatinamente, en 10 años, las exenciones al aporte para la atención de programas sociales y conservación del patrimonio, transparentar el régimen de exenciones publicando la matriz con todas las exenciones e implementar el tributo único para pequeños contribuyentes, conocido como monotributo y la eliminación paulatina de exenciones del ISV y en combustibles.

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Siguiendo las recomendaciones del FMI la presidenta Xiomara Castro anunció, en el informe de su primer año de gobierno, una profunda reforma a la Ley de Justicia Tributaria que, en primera instancia, plantea la eliminación de las exoneraciones fiscales.

Castro aseguró que la modificación a la actual política tributaria no implicaría un aumento en los impuestos y que estaría orientada a evitar y regular los abusos y los regímenes de exoneraciones fiscales, aunque no dio más detalles de dicho proyecto.

PUNTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN PARA REFORMAS

A criterio del economista y asesor del Congreso Nacional en temas fiscales, Claudio Salgado, además de las exoneraciones, también debe discutirse el secreto bancario y lo relacionado a la renta territorial y renta universal.

Salgado señala que se deben corregir los errores que están en la ley de tributación hondureña.

El asesor del legislativo considera también necesario revisar el secreto bancario que, en ocasiones, impide investigar a los contribuyentes, ya que para poder saber cuánto hay en las cuentas de la persona se tiene que tener el visto bueno de un juez.

Lo que quiere decir, que si no existe una orden otorgada por un juez o si no hay un juicio entablado contra la persona no se puede conocer la cantidad de dinero en sus cuentas bancarias.

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ELIMINACIÓN DE EXONERACIONES NO AFECTARÁ LLEGADA DE INVERSIÓN

El economista recomendó eliminar el mito en cuanto a que las exenciones y exoneraciones fiscales atraen inversión y generan empleos, pues cree que antes de eso los inversionistas analizan otros aspectos como ser el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, que los servicios públicos sean eficientes, la infraestructura (puertos, aeropuertos, carreteras), el grado de escolaridad de la población.

“Entonces no hay que temer porque si así fuese Honduras y Centroamérica que tienen una política de incentivos bastante fuerte, tendría un alto nivel de inversión, pero es lo contrario”, expuso.

Lo expuesto por Salgado es compartido por el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, quien considera que las exoneraciones y exenciones fiscales de Honduras son las más altas de la región y no se reflejan en el clima de inversión y tampoco en la generación de empleo.

Barrientos dijo además que la revisión de las exoneraciones y exenciones fiscales también ha sido una sugerencia del ICEFI y que esto tampoco implicaría un cambio de modelo económico.

En los últimos días algunos empresarios hondureños y sus representantes han vaticinado que un cambio en la ley tributaria conduciría a un cambio de modelo económico.

En Honduras existe una alta dispersión de normas tributarias, es decir, que no hay una norma general, por lo que el economista del ICEFI considera que la reforma anunciada por el gobierno puede revertir los entuertos.

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