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La Junta Nominadora frente al primer ataque a su credibilidad

Por: Tomás Andino Mencía

Hasta no hace mucho, la credibilidad en el trabajo de la Junta Nominadora estaba fuera de toda duda. Hoy se ha desatado una campaña para cuestionarla. ¿Es justificado que algunos sectores dediquen tiempo y energía a desprestigiar lo que antes alababan?

El foco está puesto en un examen. Mucho se ha especulado sobre una “filtración” del banco de preguntas que supuestamente utilizó la Junta Nominadora para el examen escrito a los aspirantes a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Pero veamos en que consiste verdaderamente el problema.

Al revisar la publicación en el noticiero “24/7”, que supuestamente evidencia la mencionada “filtración”, es notorio que ese no fue el banco de preguntas que realmente se aplicó a los postulantes, sino el primer borrador en bruto de todas las preguntas que hicieron las universidades, los mismos miembros de la Junta y organismos internacionales, días antes. Este borrador inicial, que estaba en las computadoras de algunos miembros de la Junta, fue revisado y discutido pregunta por pregunta entre el sábado 12 y el domingo 13 de noviembre, porque se consideró que estas no eran adecuadas.

El producto final de esa revisión fue el verdadero banco de preguntas, el cual se redactó el domingo, concluyéndolo a la altura de las 10 pm de ese día, o sea unas 8 horas antes del examen. Una vez terminado, se pasó del formato Excel al formato XML Moodle que gestiona la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica de la UNAH, volviéndolo impenetrable por las llaves de seguridad que este sistema tiene.

Esto significa que el postulante que haya tenido acceso al borrador del sábado, habría tenido un mal “chepe” porque no estaba ahí la mayoría de las preguntas que salieron en el examen escrito; y, si tuvo acceso al banco de preguntas final en su versión Excel, antes de introducirlo al sistema, apenas habría contado con 8 horas de la madrugada del lunes para estudiar las 800 preguntas y sus respuestas, a razón de memorizar más de 100 preguntas y sus respuestas por hora (tres cada dos minutos), una hazaña digna de Ripley.

En conclusión, quien haya hecho o pretendido hacer fraude de esta forma, no habría tenido tan buen resultado. Por eso, la Junta no considero necesario repetir el examen ya que asumimos que el impacto sobre el examen no ha sido demostrado, y de haberse efectuado, habría sido mínimo.

Pero el asunto tiene otra arista ¿Por qué los denunciantes dieron a conocer esa “filtración” dos días después del examen, cuando se suponía que sabían de su circulación desde el mismo día que se realizó la prueba? Se supone que quienes aspiran a la más alta magistratura deberían tener la ética de denunciar en el acto un hecho como ese y no esperar hasta saber si salieron reprobados o no. ¿O no se trata de un asunto de aplazados “resentidos”, sino de una maniobra política fríamente calculada destinada a hacer naufragar el proceso y sustituirlo por otro? De todos es sabido que en este proceso se juegan el pellejo desde redes de corrupción hasta narcotraficantes de toda calaña.

Por lo anterior, la validez de la calificación no es lo que más preocupa a quien escribe estas líneas. Lo que más preocupa son otras tres cuestiones:

La primera es la posibilidad de que la Junta este siendo objeto de un hackeo sistemático de su documentación. La segunda es la posibilidad, no descartable, es que alguien haya filtrado el borrador de la base de preguntas. Ambas posibilidades ameritan una investigación interna y externa que no deje lugar a dudas, porque es necesario erradicar el riesgo antes de proseguir a etapas más delicadas del proceso, donde se tendrá que garantizar el resguardo de la documentación que soportara las investigaciones, las denuncias y las tachas.

Asimismo, es necesario tomar prevenciones, como tener un protocolo más estricto en el manejo y resguardo de la documentación que maneja la Junta, y, por otro lado, blindar el sistema de ataques cibernéticos de agentes externos, mediante la encriptación de toda la documentación y la instalación de efectivos sistemas de defensa antispyware.

Hacer una y otra cosa recae bajo responsabilidad de la propia Junta Nominadora, en lo que debemos tomar acción lo más pronto posible. El pueblo necesita tener la tranquilidad de que en la Junta estamos haciendo lo necesario en este tema.

La tercera preocupación es la campaña que se ha desatado en muchos medios de comunicación cuestionando la confiabilidad del proceso de la Junta, para justificar acciones externas que van desde algunas de naturaleza administrativa, como la solicitud de repetición del examen, aplicación de la “curva” para que sean promovidos los reprobados o la revisión de todo el examen; y otras de tipo jurisdiccional de mayor peso, como las amenazas de ir a recurso de amparo o de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con la posibilidad de que esta nos devuelva a los reprobados para que sigan participando del proceso.

A este respecto, la especulación que se ha originado sobre el tema de la filtración de la base de preguntas pareciera algo construido o utilizado convenientemente para quienes les gustaría argumentar el “fracaso” del proceso y pasar por encima de este.

Impedir que prospere esta amenaza externa escapa a la capacidad de la Junta por si sola; esta requiere de la solidaridad de la ciudadanía crítica y vigilante que defienda este proceso, frente a quienes quieren que las cosas sigan igual o peor en el sistema de justicia hondureño.

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