Tegucigalpa.- La exigencia por someter a un juicio político al fiscal general de Honduras y al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría representar el acabose contra el conservador Partido Nacional debido que, en caso de aprobarse, ratificaría las implicaciones directas con la corrupción y el crimen organizado o, en caso de votar en contra, repercutirá políticamente.
El Congreso Nacional plantea someter a juicio político al fiscal general del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla y al presidente del Poder Judicial por vínculos con la corrupción y protección de actividades delictivas en favor de la estructura criminal que instauró el exmandatario Juan Orlando Hernández, durante doce años en el poder, quien ahora enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
La bancada del conservador Partido Nacional se opone al juicio político que recomendó realizar la Comisión Especial de Extradición contra las autoridades de los organismos operadores de justicia situación que genera cuestionamientos por sectores que apoyan la iniciativa.
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La Ley de Juicio Político en Honduras establece que para un juicio político contra un magistrado de la Corte y al fiscal general se requiere el voto de al menos 86 de los 128 congresistas por causas comprobadas de denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución de la República o intereses nacional y negligencia, incapacidad o incompetencia para desempeñar el cargo.
En el caso del fiscal, durante el juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, socio de Hernández, declaró que Chinchilla fue impuesto en el cargo por el exmandatario para otorgar protección en la narcoactividad, además en su gestión los casos de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) fueron desarticulados.
Según parte del informe que presentó la Comisión Especial de Extradición, se recibió información y testimonios de detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC) quienes entregaron supuesta documentación con órdenes ilegales, obstrucción a su labor, relevos irregulares por parte de la actual directora Soraya Carolina Cálix y Chinchilla.
Referente al titular de la Corte, denunciaron que realizó “varias actuaciones inoportunas” como anunciar a través de redes sociales que ya tenía el informe detallado con el listado que se solicitó de las personas pendientes de captura por pedido de extradición.
También durante la audiencia de evacuación de la prueba en la solicitud de extradición contra el expresidente Juan Orlando Hernández, “le dio acceso al reo a una sala de uso exclusivo de los y las magistradas de la Corte y desde la propia silla del presidente de ese poder del Estado se le brindó la oportunidad y medios para transmitir un mensaje a la nación”.
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A criterio de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y abogada, Maribel Espinoza, el Partido Nacional “va directo a su propia destrucción” si continúa en la ruta que mantiene en defensa de la corrupción y la impunidad.
Para el analista político y abogado Raúl Pineda, la postura del Partido Nacional en no aceptar el juicio político “es errónea” y “se ven como encubridores” cometiendo errores del pasado que le pasaron facturas en las pasadas elecciones.
Misma opinión tiene el diputado del PSH, Carlos Umaña, quien afirma que si el Partido Nacional no apoya el juicio político dejará en evidencia que están coludidos con la corrupción y podría recibir el desprecio de la ciudadanía.
“Un juicio político no se trata de votos en Honduras, se trata de sed de justicia, de exponer quiénes están a favor de las prácticas corruptas y sobre todo quienes están a favor del pueblo, eso es lo que se busca y al final sea aquí o en la Fiscalía del Distrito Sur Nueva York habrá justicia”, sostuvo.
De igual forma la congresista Ligia Ramos considera que aquellos que no estén a favor del juicio político “es porque están en contra del pueblo” y serán estos quienes le pasarán factura políticamente, es decir, en las próximas elecciones.
LA POSTURA DE LA BANCADA NACIONALISTA
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que no votarán por un juicio político al calificarlo como “un show” para desviar la atención de la gente con respecto a los temas de relevancia nacional.
Asimismo, el presidente del partido político, David Chávez, arguyó que la figura del juicio político se pretende implementar para “instrumentalizar el poder político para poder tener el control que en su momento fueron hechas por el Partido Nacional”.
Chávez aceptó que el Partido Nacional, por 12 años, realizó prácticas ilegales para tener el control político en todos los poderes del Estado como la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, en 2012, que promovió Hernández contra los magistrados que declararon inconstitucional las Ciudades Modelo y la ley de secretos.
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La diputada Fátima Mena aseguró que varios diputados nacionalistas contemplan votar a favor de la iniciativa de juicio político aunque algunos diputados del conservador Partido Liberal tienen la misma postura de la mayoría nacionalista.
“No nos extraña la postura de la bancada del Partido Liberal en contra del juicio político porque es una continuación de la complicidad que tuvo 12 años con el Partido Nacional… el pueblo hondureño identificará de qué lado está cada bancada del Congreso Nacional”, refirió el dirigente liberal, Eduardo Martell.
Para la mayoría, si el Partido Nacional no respalda el juicio político promoverá su propio acabose políticamente como sucede con el Partido Libera que pasó de ser la segunda fuerza política del país a lograr apenas un 10% del total de votos a causa del resquebrajamiento y las alianzas lesivas con el Partido Nacional.
JUICIO POLÍTICO Y LA RATIFICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN DEL PARTIDO NACIONAL
En caso de aprobarse el juicio político también jugaría como un arma de doble filo contra el Partido Nacional, aunque algunos señalan que sería como “rectificarse” ante el pueblo hondureño.
“Creo que nos hemos equivocado en muchas decisiones, errar es de humanos y rectificar es de sabios”, fueron las declaraciones de Chávez luego que el Partido Nacional perdió las elecciones y asumió el poder Xiomara Castro.
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Según el diputado del Partido Libre, Sergio Castellanos, Chinchilla y Argueta “son el escudo protector” del Partido Nacional por lo que un juicio político expondría los hechos de corrupción y vinculaciones con la narcoactividad en las filas del Partido Nacional.
Recientemente, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) presentó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para eliminar la personería jurídica del Partido Nacional, también presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) contra Chinchilla, Argueta y varios exfuncionarios del gobierno anterior.
Sobre corrupción significativa de las autoridades del Partido Nacional, el equipo de Criterio.hn presentó una investigación en dos entregas sobre la red empresarial que creó y utilizó para hacer negocios con el Estado violentando la ley, además de la cuantiosa y el acelerado enriquecimiento de la familia Chávez Madison.
Otro hecho a resaltar fue en agosto de 2018 cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) aseguraron las sedes del Partido Nacional y el Partido Liberal por el involucramiento en el caso de corrupción presentado por la MACCIH como “Caso Pandora” uno de los tantos en el que figuran los nacionalistas.
Tanto el Partido Nacional y Liberal recibieron más de 282 millones de lempiras que fueron saqueados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas, pero el caso quedó en la impunidad al otorgarse sobreseimientos definitivos a favor de la mayoría de implicados.
La congresista Mena aseguró que existe “ambiente favorable” a favor del juicio político, pero en caso de someterse la iniciativa y no ser aprobada no podrá volver a presentarse durante la primera legislatura y será hasta el próximo año que había oportunidad, mismo año en que concluyen su periodo el fiscal y el presidente de la corte.
