Tegucigalpa.- La Federación de Patronatos y la Comisión para el Desarrollo de las Comunidades Garífunas del Municipio de Iriona, departamento de Colón, denunciaron la pretensión de legitimar el proyecto minero de Sico Paulaya a través de un cabildo consultivo.
En un comunicado, el consejo garífuna denunció que la Asociación de Mineros de Colón (AMC) pretende legalizar su actividad de explotación de recursos minerales, amparándose bajo «falsas interpretaciones al convenio 169 de la OIT y de la herramienta de CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA».
Señalaron que la MAPE [Minería Artesanal y de Pequeña Esquela] ha estado por más de ocho años explotando los recursos en el Valle de Sico Paulaya y «nunca había venido a nuestras comunidades a solicitar nuestra venia, por lo que nos preguntamos porqué hasta ahora lo están haciendo».
La Federación de Patronatos de las Comunidades Garífunas señaló en el documento que sospechan que el propósito de involucrarles estaría encaminado a entrar en desavenencias con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro luego que esta a través de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Lucky Medina, declaró Honduras territorio libre de minerías a cielo abierto.
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Recordaron que según “el artículo 6, numeral 1, inciso «a» del Convenio 169 de la OIT, la Consulta Previa, Libre e Informada, solo puede ser realizada única y exclusivamente cuando el asunto consultado atañe o afecta a nuestros pueblos”.
Algo que explican no corresponde con la situación, pues señalan que la actividad socializada por los mineros sería desarrollada en el valle de Sico Paulaya «y ese, ya no es territorio Garífuna».
No obstante, el valle de Sico Paulaya es una comunidad multiétnica y multicultural habitada por Garífunas, Misquitos, Pech y Mestizos.
Además, la Federación agregó que la consulta «debe cumplir con ciertas características que no se observaron durante el proceso que realizaron los mineros en nuestra zona».
En el tercer inciso del pronunciamiento declararon que hacían constar que «en todas las reuniones desarrolladas en nuestras comunidades por los técnicos de MAPE, se han respondido con un NO A LAS MINERAS expresando de esta forma un RECHAZO ROTUNDO a las pretensiones de la Asociación de Mineros de Colón (AMC)».
La Federación de Patronatos de las Comunidades Garífunas de Iriona finalizan el documento declarando que «como máximas autoridades y fieles cumplidores de la voluntad de nuestros pueblos, NOS OPONEMOS ROTUNDAMENTE a todo tipo de explotación MINERA en la zona. Los Garífunas hemos cuidado y seguiremos cuidando nuestros recursos naturales como fuente de vida».
CONTROVERSIA POR ILEGALIDAD DE “CABILDO CONSULTIVO”
La Unidad Municipal de Ambiente (UMA) de Iriona convocó a la sesión de «cabildo consultivo» el lunes 16 de mayo bajo el pretexto de «culminar de socializar y consultar e informar de buena fe acerca de la necesidad que tienen los mineros locales de legalizar sus actividades y así cumplir con las leyes que regulan la minería, tributar sus cargas impositivas para contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades del municipio».
A lo que la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y lideresa garífuna, Miriam Miranda, respondió que “nada que sea para explotar los recursos naturales se hace de ‘buena fe’. No a la Minería”.
Además, denunció “la manipulación del Estado, para legalizar y legitimar procesos inconsultos para la implementación de proyectos extractivistas. Es inaceptable la utilización del Convenio 169, para legalizar la minería. Cumplan la sentencia de Punta Piedra. No a la minería”.
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A través de un tuit, Ofraneh señaló como “inaudito” que mientras el gobierno declara el borde costero como “área protegida’ promuevan la minería que viene afectando de forma ilegal el territorio desde hace más de ocho años”.
Al igual que la Federación de Patronatos de las Comunidades Garífunas de Iriona, Ofraneh remarcó que la sola convocatoria a un cabildo abierto contradice el Convenio 169 de la OIT, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre el caso Punta Piedra versus Honduras.
En la Sentencia del caso Punta Piedra, la Corte ordenó al Estado adoptar las medidas suficientes y necesarias a fin de que sus disposiciones reglamentarias sobre minería no menoscaben el derecho a la consulta, en el sentido de que ésta deba realizarse inclusive de forma previa a la autorización de programas de prospección o exploración.
