Juez que develó influencia de JOH para enviar a la cárcel a David Romero, busca diputación

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – El ex juez de Sentencia, José Dimas Agüero Echenique, que puso al descubierto la influencia del gobernante Juan Hernández en el Poder Judicial para enviar a la cárcel al fallecido periodista David Romero, busca apoyo en poblados y barrios del departamento de Francisco Morazán para ser electo candidato a diputado con la promesa de ayudar a romper el sistema de impunidad que blinda la corrupción en Honduras.

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El abogado Agüero Echenique, denunció en 2015 la influencia ejercida por el mandatario para que se condenara y encarcelara al que era director de la emisora Radio Globo, que reveló el millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de donde se drenó fondos a la campaña presidencial que llevó al poder por primera vez a Hernández en el año 2013.

“La aplicación correcta de la justicia es el motor fundamental de desarrollo de los países. En Honduras se perdió el estado de derecho, la justicia, al igual que la poca independencia de los poderes cooptados por el presidente Hernández”, dijo Agüero en una entrevista a Criterio.hn, en su residencia en Tegucigalpa donde pasa parte de su tiempo inmerso en la lectura.

“Cómo es posible que en Honduras no tenemos una institución donde se pueda juzgar a gente con poder. A Juan Orlando Hernández aquí no se le puede someter a un juicio político o investigar y menos juzgar… aquí la única forma que este hombre enfrente un juicio es por la justicia norteamericana”, dijo indignado, retratando la ausencia de independencia de los poderes Legislativo, Judicial y el Ministerio Público ante el Ejecutivo.

Hernández, arrastra con escándalos de corrupción, tanto antes de asumir el poder como durante su gobierno, incluso ligados a cabecillas de cárteles del narcotráfico como el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, que fiscales estadounidenses aseguran le entregó un millón de dólares a través de su hermano, Antonio Alvarado, alias “Tony”, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

El mandatario, ha participado activamente en la construcción del sistema de impunidad para blindar la corrupción, que beneficia a funcionarios y diputados con leyes como el nuevo Código Penal, la llamada “Ley de Secretos” y reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dirigidas a reducir las penas por enriquecimiento ilícito, ocultar información y que funcionarios y diputados no sean investigados penalmente por el Ministerio Publico, dicen políticos de oposición.

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“Para combatir la corrupción pública y el crimen organizado es necesario un sistema de leyes y de justicia sólido, independiente, capaz de investigar y juzgar a funcionarios, políticos, empresarios, militares, policías, operadores de justicia y periodistas sin exclusiones”, comentó Agüero Echenique, jubilado desde finales del año 2017.

El profesional del derecho, miembro del primer grupo de 26 jueces capacitado en un programa impulsado por la cooperación española para ejercer como Juez de Sentencia, tarea que inició a principios del año 2002, recorrió en los últimos meses comunidades de Valle de Ángeles, La Villa de San Francisco, Santa Ana y la zona de Cerro Grande y otros barrios de Tegucigalpa en busca de apoyo a su aspiración a convertirse en candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán.

“Yo no he sido un político, pero me propusieron ir en una precandidatura a diputado y me decidí por lo que está pasando en Honduras. Los hondureños tenemos que actuar para cambiar el rumbo del país”.

“En un nuevo Congreso Nacional se elegirá en los próximos años una nueva Corte Suprema de Justicia y un Fiscal General y se debe designar las personas más idóneas e integras, lo que es vital para cambiar la ruta errada que sigue Honduras”, comentó.

Agüero Echenique, que figura como precandidato a diputado en la casilla 187, de la nómina de la llamada “Alianza Antimpunidad, Anticorrupción “Movimiento Esperanza y Libertad” del Partido Libertad y Refundación (Libre), vivió su infancia y juventud en la popular Colonia 21 de Octubre de la capital jugando “potras” con amigos, con los que incursionaba en el cercano Río Chiquito y una hacienda plantada con árboles de Mango, propiedad de “El Gringo”.   

                                                      CASO DAVID ROMERO

El entonces, juez de Sentencia en una entrevista televisiva en el Canal 36 en julio de 2015, puso valientemente al descubierto la influencia ejercida por Hernández a través del vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, para que se condenara a Romero, querellado bajo cargos de injurias constitutivas de difamación por la abogada Sonia Gálvez, esposa del entonces, Fiscal Adjunto Rigoberto Cuellar.

Él, tiene fresca en su memoria la fecha 8 de junio de 2015, en que Bonilla, abiertamente le manifestó el deseo del mandatario de condenar a Romero, un fuerte crítico de su gobierno y revelador de los más fuertes episodios de corrupción que marcaron los dos períodos en el poder de Hernández.

“Me dijo, mire El Hombre — Juan Hernández — lo quiere condenado, pero no sólo lo quiere condenado, lo quiere ver preso”, recuerda Agüero Echenique, que le dijo Bonilla, que lo llamó a acudir a su despacho en busca de que se cumpliera el deseo del gobernante.

“Mire de eso depende que yo vaya para allá, y me señala el viejo edificio de la Corte. Yo le dije… va de Magistrado abogado Teodoro. No, no me dice. Voy de presidente, – de la Corte Suprema de Justicia –mientras se golpeaba el pecho”.

“Yo le dije que lo iba a pensar. El seguramente percibió mi actitud negativa ante su pretensión”.

Tres días después, Agüero Echenique, que ejercía como presidente del Tribunal de Sentencia al salir de una audiencia sobre el caso de Romero, recibió la notificación de su separación del cargo y fue asignado después como asesor en la Defensa Pública posición que ocupó hasta finales de 2017.

El Tribunal de Sentencia del que fue separado, el 13 de noviembre de 2015 condenó a Romero, y en marzo de 2016 le precisó una pena en 10 años y 8 meses de cárcel, que no es fiable. 

La defensa del periodista presentó un Recurso de Casación pretendiendo se repitiera el juicio, pero la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, emitió un fallo por unanimidad el 11 de enero de 2019 confirmando la sentencia.

Romero, pese a pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que fuera liberado o fuera juzgado civilmente, fue arrestado el 28 de marzo de 2019 y enviado a un batallón como cárcel donde se contagió del coronavirus y falleció el 18 de julio de 2020 tras permanecer dos semanas en el Instituto Cardiopulmonar, conocido como “Hospital El Torax”.

                                              DAVID NO DEBIO SER CONDENADO

“David Romero no debió ser condenado e ir a la cárcel. Hay jurisprudencia en materia de injurias en casos de periodistas ventilados en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los jueces y magistrados deben tener el control de la convencionalidad y Honduras es suscriptora de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, dijo.

“Según mi parecer, él (David Romero) no podía ser condenado, porque ya existía una sentencia – en la CIDH — que decía que ese tipo penal (injuria que se achacaba a Romero), en la forma en que estaba construido, afectaba el principio de legalidad, permitía mucho el arbitrio judicial, y lógicamente atentaba contra la libertad de expresión”, sostuvo.

“En el caso Kimel-Argentina. La Corte consideró que la tipificación penal, es decir los delitos de injurias y calumnia contravienen los artículos 9, que es el principio de legalidad y 13.1 de la libertad de pensamiento y de expresión establecidas en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.

La CIDH falló en mayo de 2008 a favor del periodista y escritor argentino, Eduardo Kimel, después de ser condenado a un año de cárcel por un tribunal de su país acusado por un juez, en principio por injurias y después de calumnias por la publicación de un libro sobre el asesinato de cinco religiosos en 1976 durante la dictadura militar en Argentina.

El Estado argentino se allanó a la sentencia de la CIDH, según el fallo del órgano de justicia parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Es urgente que el Poder Judicial, los jueces y magistrados gocen de independencia, que no estén a expensas de la influencia de funcionarios, políticos, diputados, empresarios y banqueros e inversionistas de la política para manipular y torcer sus sentencias”, dijo Agüero Echenique, que fue víctima de las injerencias de Hernández en el poder Judicial.

El mandatario, logró en abril del año 2015 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo ante una Recurso de Amparo presentado por 16 diputados nacionalistas y el expresidente, Rafael Leonardo Callejas, alegando la inaplicabilidad de la norma de la Constitución que prohíbe la reelección.

La sentencia, que evidenció la influencia de Hernández en el poder Judicial, allanó el camino para que se presentara como candidato en las elecciones de noviembre de 2017, pese a que la Constitución no fue reformada ni se puede modificar por un fallo judicial, dicen juristas.

“El imperio de la Constitución y las leyes deben gobernar Honduras, no las ambiciones de poder y lucro de políticos y sus socios que causan inestabilidad que golpea la economía del país y los ciudadanos”, comentó.

El profesional del derecho, 64 años, que migró con su familia siendo niño del puerto de  Trujillo hacia Tegucigalpa, pasó su primaria en la escuela pública de la Colonia 21 de Octubre, obtuvo en el Instituto Central Vicente Cáceres el título de Perito Mercantil y Contador Públicos y de Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

                                                   ELECCIONES UNA OPORTUNIDAD

“Estas elecciones primarias, al igual que las generales de noviembre son una oportunidad de los ciudadanos para cambiar el rumbo del país, eligiendo a las personas más honestas y dispuestas a servir no a servirse de los bienes públicos”, dijo.

“La compra sobrevalorada de esos hospitales móviles, ventiladores mecánicos, mascarillas, medicamentos en la crisis causada por la pandemia del COVID-19, además de toda la corrupción que arrastra el gobierno no la debemos tolerar más. Debemos sancionarla con nuestro voto”.

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Aseguró que un nuevo Congreso Nacional debe derogar el nuevo Código Penal, la llamada Ley de Secretos, las reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas dirigida a evitar que el Ministerio Público investigue penalmente a diputados y funcionarios, mientras el organismo contralor no emita un informe.  

“Todas esas leyes son obstáculos creados para impedir la transparencia y la acción de la justicia a través del Ministerio Público. Hay que reformarlas o derogarlas, pero para eso se necesita diputados dispuestos a desmontar ese esquema, y eso no es posible con los mismos que las crearon y que pretenden reelegirse”.