PARTE II
Tegucigalpa. –Además de asegurar que disminuyó los niveles de pobreza y que hereda carreteras y obras de infraestructura de primer nivel, Juan Orlando Hernández, repitió en reiteradas ocasiones, durante sus ocho años de gestión, que logró disminuir las tasas de inseguridad y el paso de la droga por el territorio hondureño.
LA FRASE
“Dejamos de ser el país más violento del mundo… somos el país que más ha avanzado en materia de seguridad en toda la región”, dijo Hernández a inicios de diciembre de 2021. (Vea aquí la aseveración de Hernández)
En 2008 la tasa de homicidios en Honduras era de 57.81 por cada cien mil habitantes, en 2010 cerró a 77.70, lo que representó un total de 16,441 muertes de manera violenta en los tres años y medio de gobierno de José Manuel Zelaya (2006-2009).
Bajo la administración de Porfirio Lobo Sosa (2010 a 2014) la violencia aumentó a 86.47% por cada 100 mil habitantes y al cierre de su gobierno fue de 68.86%, es decir, durante los cuatro años de gobierno, fueron asesinadas 26,598 personas.
En el primer gobierno de Hernández, 2014-2018, se redujo a 44.54% y, según el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (ONV-UNAH), para el 2021 se cerró con una tasa del 42%, sumando 20,053 muertes, situación que refleja una disminución en la tasa de homicidios.
En su segundo mandato, 2018-2022, los indicadores muestran que 14,810 hondureños fueron asesinados y la tasa cerró en 44%, por cada cien mil habitantes.
Si bien Hernández logró recudir la tasa de homicidios, es falso que Honduras sea el país de Centroamérica con menos violencia. Según el ONV-UNAH la tasa de homicidios en Honduras es cuatro veces más alta al estándar internacional y es el país con más violencia en la región, tercer en América Latina, superado únicamente por Haití y Venezuela.
Cabe indicar que, según datos del Cespad y verificación de Criterio.hn, JOH siendo presidente de Congreso Nacional, entre el 2010 y 2014, creó más de 40 unidades policiales, las principales con elementos militares, también destinó un presupuesto para el gabinete de prevención, seguridad y defensa mayor a los 19 mil millones de lempiras.
En 2013 aprobó el Decreto Legislativo 182-2013 que dio paso a la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) financiada a través de la Tasa de Seguridad, fondos que no pueden ser auditados debido a la Ley de Secretos que blinda al menos 17 instituciones del Estado.
Para 2018, creó la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), posteriormente la Fuerza Nacional Antiextorsión y a finales de ese año instauró la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP), aunque en 2019 las muertes violentas en los centros de reclusión sumaron 72 víctimas.
En entrevista a Criterio.hn, el coordinador de seguridad ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), Carlos Sierra, difiere del discurso de Hernández al afirmar que los niveles de violencia están siendo utilizados desde la variable de asesinados y no con un abordaje global del tema.
“Es muy importante ser cuidadoso de muchas variables, cuando se menciona de una reducción en la violencia. Lamentablemente Honduras ha estado inmerso en dos décadas de violencia homicida que supera a países en guerra o conflictos armados”, expuso.
Según Sierra, Honduras no ha podido bajar las tasas de homicidios en ningún momento debajo de las 35 a 40 muertes por cada cien mil habitantes reflejando picos que han sobrepasado cualquier lineamiento, razón por la cual las cifras siguen siendo muy altas.
“Nosotros desde organizaciones de derechos humanos hemos denunciado en varias ocasiones que, por parte de las fuentes oficiales como la Policía Nacional, Medicina Forense, Ministerio Público, no se hace el levantamiento total de las personas que mueren en este país, en algunos casos la Policía Nacional menciona como indeterminado una gran cantidad de muertes violentas y las deja en un limbo que no cuenta estadísticamente”, reprochó.
Asimismo, recriminó que hubo una exagerada inversión en materia de seguridad utilizando recursos a través del Presupuesto General de la República, imponiendo la tasa de seguridad y por medio de préstamos internacionales que no se refleja en la mejor investigación criminal, mayor tranquilidad en la ciudadanía, ni una institución forense que pueda llegar a todos los rincones del país, entre otros elementos que se conjugan para no decir que existe una reducción en la variable de homicidios.
“Mencionan que han mejorado los niveles de seguridad cuando se da una rebaja de homicidios, pero no es correcto, la violencia va más allá de solo las muertes violentas, tiene que ver con muchos más elementos como corrupción, percepción de seguridad, violencia intrafamiliar, violencia estructural”, sostuvo.
“No estamos de acuerdo que se hable mucho y se quiera sacar logros de las muertes violentas que sigue siendo graves desconociendo otros elementos que son clave en torno a la seguridad, lastimosamente solo están tomando este indicador”, concluyó.
HONDURAS PASÓ A SER “UN NARCO ESTADO”
LA FRASE
“Honduras dejó de estar entre los principales destinos de paso o final de la droga”, alaba el gobernante, atribuyendo el supuesto logro a su lucha emprendida contra el narcotráfico.
𝑯𝒐𝒏𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔 dejó de estar entre los principales destinos de paso o final de la droga; esto impactó y redujo en un 90% la tasa de secuestros, creamos un clima que ayuda a la economía y mejora la calidad de vida de los hondureños. #MisiónCumplida pic.twitter.com/FFLY50dSMp
— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) December 14, 2021
Según sus números, durante sus dos periodos de gobierno extraditó 23 capos, destruyó 25 narco laboratorios y 295 pistas clandestinas, se detuvieron más de siete mil personas por tráfico de drogas.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos del último año de gobierno de Donald Trump reconoció los “esfuerzos realizados por el gobierno del presidente Hernández” en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Este informe, presentado en marzo de 2021, fue un espaldarazo hacia un aliado clave como fue Hernández hasta que finalizó la gestión de Trump. Desde que asumió Biden, la Casa Blanca evidenció un distanciamiento con Hernández y ahora ha abierto sus brazos a Xiomara Castro, la recién estrenada presidenta de Honduras, quien ganó las elecciones de noviembre frente al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura.
“Honduras no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas”, detalla el documento, no obstante, el territorio nacional pasó de ser un país de tránsito de droga a convertirse en productor, situación que incrementó los cárteles del narcotráfico, convirtiendo a esta nación centroamericana en Narco Estado.
Solo en diciembre pasado las Fuerzas Armadas de Honduras inhabilitaron dos pistas clandestinas de aterrizaje conocidas como narco pistas, en el departamento de Gracias a Dios y desde 2014 a la fecha ya suman 329 narco pistas destruidas, según la información proporcionada por la institución militar.
A partir de 2017 agentes antidrogas de la Policía Nacional han encontrado plantaciones de arbustos de coca en Honduras, es más, el pasado 7 de enero se reportó un nuevo hallazgo en el departamento de Cortés de al menos 21 mil plantas cultivadas en el municipio de San Antonio, donde además se descubrió un narcolaboratorio.
“Los Cachiros”, cártel hondureño que sacudió a Honduras y en especial a Hernández, al mando de Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, se convirtieron en la pieza clave que desenmascaró la estructura de poder entre narcotraficantes y la clase política.
En 2017, el testimonio de los hermanos Maradiaga, colaboradores de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sindicó a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante de Honduras, de ser un poderoso narcotraficante que utilizó el poder político para traficar droga.
Posteriormente, en cada caso de narcotraficantes hondureños extraditados, JOH es señalado de haber recibido sobornos a cambio de protección. En un secreto a voces, Hernández se ha convertido en pieza del crimen organizado y el narcotráfico, a tal grado que documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo identifican como CC-4.
A “JOH” se le vincula de haber recibido sobornos millonarios hasta del propio Joaquín “el Chapo” Guzmán y de manipular la fiscalía para proteger a los narcotraficantes, políticos y elementos de seguridad corruptos que le permitieron “meter la droga en las narices de los gringos”, según un extenso informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Contrario al respaldo de la administración Trump, el fiscal adjunto estadounidense Jacob Gutwillig, demostrando separación de poderes estatales, manifestó en el juicio al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez que Hernández convirtió a Honduras en un narco estado y lo calificó de ser “socio del narcotráfico”.
Su hermano, Tony Hernández fue condenado en los Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años de prisión, en marzo de 2021, por ser considerado un poderoso y peligroso narcotraficante y brindar falsos testimonios a las autoridades de ese país.
Desde entonces, Hernández, en cada oportunidad que tiene de discursar nacional e internacionalmente se justifica y asegura que todos los señalamientos e implicaciones en su contra “son una venganza por haber extraditado a los narcotraficantes”, quizás anticipando un posible enjuiciamiento en su contra.
“Hay una reconfiguración en el tráfico de drogas, ya Honduras no solo es puente o paso de droga sino ahora productor, hay como una nueva mirada que hay que abordar de ser productores, eso entonces suma a estos debates. Eso de reducir la droga cuando nos volvimos productores más bien es un contraste”, manifestó a Criterio.hn, Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
FALSO
Con base a lo antes expuesto, derivado de opiniones de profesionales e informes de instituciones que analizan el tema de la seguridad, podemos concluir que lo afirmado por Juan Orlando Hernández, es falso.
Hernández continuó la noche del 26 de enero, a pocas horas de dejar el poder, reiterando su discurso de supuestos logros y avances.
CORRUPCIÓN EL GRAN LEGADO DE JOH
No hay un discurso final de Hernández en el que se pronuncie sobre el tema de corrupción, es más, en los últimos años de su gobierno ni siquiera hizo referencia al asunto a causa del rosario de señalamientos por ese fenómeno que rodea sus ocho años de gobierno.
Según un estudio del Fosdeh sobre la estimación de la corrupción en Honduras, en el año 2014 la malversación de fondos estatales representó unos 37 mil 947 millones de lempiras lo que se traduce en un 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para el 2018 la cifra estimada de corrupción ascendió a los 64 mil 887 millones, equivalente al 12.50% del PIB.
En noviembre de 2021, Honduras quedó fuera por noveno año consecutivo para acceder a los fondos de la Cuenta de Desafío del Milenio reprobando los principales indicadores de medición, con un 16% en control de corrupción, 10% Estado de Derecho, 26% libertad de información y 35% eficacia del gobierno, dejando de recibir unos 3,600 millones de dólares durante los mandatos de Hernández.
La pandemia de la COVID-19 fue la excusa perfecta para dilapidar los recursos públicos, se adquirieron siete recintos sanitarios a precios sobrevalorados, pagando más de 1,272 millones de lempiras y, a pocos meses de cumplirse dos años de su compra, solo dos funcionan a medias y no atienden pacientes portadores de la enfermedad, los demás ni siquiera han sido puestos en operación.
El reconocido abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, señaló que el único legado de Hernández fue aumentar la corrupción y la inmunidad que orquestó desde que fungió como presidente del Congreso Nacional.
“Hay una acumulación de actos de corrupción, 12 años, tuvo participación como presidente del Congreso Nacional, en cuatro de esos años y ocho años como presidente del Poder Ejecutivo, hay un legado negativo de lucha contra la corrupción que afianza los niveles de impunidad en el país, sobre todo, de altos funcionarios del Estado que va a tener una grave consecuencia”, apuntó.
Tábora señala que la estructura de poder que lidera Hernández garantizó la impunidad a través de la aprobación, mediante Decreto Legislativo 130-2017 del nuevo Código Penal que reduce las penas en temas de corrupción y castiga con prisión la protesta social.
Asimismo, resurgió la inmunidad parlamentaria al reformar el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional impidiendo que un congresista sea acusado penal, civil o administrativamente por su función en el Poder Legislativo.
La impunidad en Honduras es tan gigantesca que la mayoría de los señalados por la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) han quedado en libertad reflejando el aumento de la impunidad en el país.
En mayo de 2020, aprobaron el Decreto Legislativo 57-2020 en el que se contempló la interpretación a tres artículos del Código Procesal Penal (217,219 y 220) referente a las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de un delito.
Este decreto restringió aún más las acciones de la fiscalía que ahora, para ejecutar un decomiso o secuestro de documentos, debe ser autorizado mediante orden de un juez, hecho que pudiese darle oportunidad a los implicados en ocultar, eliminar o modificar los documentos.
Igualmente, en noviembre de 2021, aprovechando un feriado nacional y un partido de futbol, los congresistas del Partido Nacional y Liberal se confabularon para aprobar el Decreto Legislativo 93-2021 para reformar varios artículos del Código Penal concernientes a la Ley de Lavado de Activos y otras figuras jurídicas, catalogadas como la estocada final a la lucha contra la corrupción.
Aunque estas leyes fueron aprobadas en el Poder Legislativo, Hernández tuvo la facultad de vetarlas, sin embargo, no lo hizo situación que vulneró y mantiene blindada la lucha contra la corrupción en Honduras.
LA UTOPÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE UN SISTEMA SANITARIO ROBUSTO
La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, declaró recientemente que “deja un sistema sanitario fortalecido, pero aún con muchos retos”, no obstante, ni siquiera se construyó un tan solo hospital público contrario a las tres cárceles que inauguró.
La primera fue El Pozo, en el municipio de Ilama, Santa Bárbara a un costo superior a los 500 millones de lempiras, luego creó La Tolva en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, valorado también en más de 500 millones y lo más reciente, el módulo de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional de Támara.
Durante el auge de la pandemia los hospitales públicos colapsaron, unos 112 médicos perdieron la vida a causa de la enfermedad al igual que 38 enfermeras y datos de la Asociación de Funerarias de Honduras contrarían las cifras de la Secretaría de Salud pues aseguran que 21,730 hondureños murieron por la COVID-19, mientras que el gobierno asegura que son 10,453.
La mayoría de las médicos y enfermeras, que fueron contratados para atender pacientes portadores de la enfermedad, han sido despedidos pese a que el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 47-2020 que establece la contratación mediante acuerdo a todo el personal de primera línea. En diciembre fueron despedidas 1,200 enfermeras y más de 60 médicos.
Cabe señalar que Flores fue sindicada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CAN) de haber contratado familiares y amigos cercanos en la Secretaría de Salud al conformar una red familiar y establecer puestos de trabajo con salarios superiores a los 34 mil lempiras.
Recientemente, el subsecretario de salud, Roberto Consenza, cuestionó en un foro de televisión que Flores fungió en el cargo sin tener los conocimientos y capacidades necesarias e incluso la acusó de ser responsable de la muerte de muchos hondureños que perdieron la vida por su negligencia al frente de la Secretaría de Salud.
Flores fue respaldada, en todo momento, por Hernández pese a las constantes y reiteradas denuncias de corrupción y compras sobrevaloradas de insumos y medicamentos durante la pandemia, además de ser pedagoga y no experta en salud.
“EL PERDÓN DE JOH”
Hernández en la última ceremonia de traspaso de mando del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas aprovechó para pedir “perdón” por sus acciones como gobernante de Honduras tras ocho años en el poder.
“Agradecemos a Dios por las bendiciones que nos da, pero también le pedimos disculpas y perdón por los errores cometidos; de igual forma, le pedimos que nos acompañe en los emprendimientos y luchas que iniciamos”, expresó.
Tras la derrota en las pasadas votaciones, a Hernández se le señala de ser el responsable directo de llevar al Partido Nacional a una humillante derrota electoral y perder el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Su futuro es incierto, pues por todo lo anterior, podría enfrentar un caso judicial en los Estados Unidos en caso de ser solicitado en extradición, de lo contrario, la justicia hondureña podría cobrarle la factura o simplemente quedar en la impunidad.
El exfiscal de la república, Edmundo Orellana, vaticina que el futuro de Hernández está destinado a la prisión, al igual que su hermano “Tony Hernández”, como consecuencia del rosario de delitos que cometió bajo su administración y los vínculos directos con la narcoactividad y el crimen organizado, durante sus doce años en el poder.
Entre tanto, el abogado Edy Tábora es del criterio que se deben abrir procesos penales en Honduras por las diversas causas delictivas en las que incurrió Hernández, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad y la aplicación de una verdadera justicia.
No obstante, reconoce que el ahora expresidente está a las puertas de una posible extradición hacia Estados Unidos y de ser juzgado en Honduras podría ser beneficiado por la estructura de impunidad que creó durante sus años como presidente del Congreso Nacional y titular del Poder Ejecutivo.
