El expresidente de Honduras, que a partir de mañana enfrentará un juicio por narcotráfico, manifiesta que Estados Unidos le ha dado la espalda
Tegucigalpa. – El expresidente Juan Orlando Hernández reclamó a Estados Unidos que siendo amigo de esa nación “hoy este encerrado en una prisión” y calificó el proceso penal que atraviesa en Nueva York como una “terrible conspiración que han hecho ciertos sectores oscuros”.
Hernández fue capturado diecinueve días después de finalizar su segundo periodo presidencial en 2022, siendo extraditado el 21 de abril de ese mismo año. Fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por conspirar en el tráfico de drogas, así como la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
A un día que inicie el juicio, Ana García, esposa del exmandatario, publicó una carta escrita por Hernández dirigida al “pueblo hondureño” en la que además de alegar su inocencia, y afirmar ser “víctima de una venganza y una conspiración”, pidió a los “buenos hondureños” que le acompañen y ayuden a defender lo que califica como su verdad.
En la carta Hernández se reconoce en “[u]na enorme indefensión” arguyendo su falta de fondos para contratar un equipo legal ante una fiscalía con un “innumerable equipo de personas y cantidades de recursos ilimitados”.
En la misma línea dijo enfrentarse a un escenario en el que asegura la información fue presentada de forma tardía, la entrega de diligencias de obtención de pruebas infectadas con malware, y la negativa a tres solicitudes de aplazamiento de al menos 90 a 180 días, entre otras.
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Más allá de su victimización y apuntar que las “acusaciones son falsas e injustas”, la misiva destaca por su insistencia a la cercanía y protección de la que gozó por parte de altos funcionarios de Estados Unidos a lo largo de sus doce años en el poder, cuatro como presidente del Congreso Nacional y ocho como jefe de Estado.
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Difícil olvidar para una nación que tras la ilegal reelección y fraude electoral perpetrado por Juan Orlando Hernández en 2017 –y que resultó en el asesinato de al menos 22 hondureños en la crisis postelectoral– fue la entonces encargada de negocios de los Estados Unidos, Heide Fulton, quien desde el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió a las y los hondureños aceptar el resultado, reconociendo a Juan Orlando Hernández como presidente del Poder Ejecutivo.
Incluso después de la captura de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Hernández, en un aeropuerto en Miami el 23 de noviembre de 2018, continuó el respaldo por parte de Estados Unidos al regimen de Hernández.
En marzo de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes (INCSR) alabando las acciones del gobierno de Hernández en la llamada lucha contra la narcoactividad, de la cual ahora señalan que formó parte desde hace más de 18 años.
Este respaldo que en su momento dieron el Comando Sur de Estados Unidos, la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), embajadores estadounidenses y funcionarios del Departamento de Estado, son utilizados hoy tanto por Hernández como su familia inmediata como supuesta evidencia de su inocencia.
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Según la acusación formal del Departamento de Justicia, “desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández […] participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”.
A esto se suma, el señalamiento realizado en esa misma acusación sobre que “Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.
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El exagente de la DEA, Mike Vigil, detalló en un programa de debate dominical que la DEA trabaja en muchos países donde existen políticos corruptos involucrados en el narcotráfico, por lo que se dificulta cerrar las relaciones que se tienen con el país, puesto que podría traducirse en mayor ingreso de drogas hacia Estados Unidos y corrupción.
Vigil afirmó: “No estoy de acuerdo que digan que era un socio confiable y todo eso, porque si va desarrollándose una investigación, eso la defensa va a utilizarlo diciendo: ‘Ah, pues esta persona dicen ustedes que era socio confiable o que visitaba la Casa Blanca’. Yo no estoy de acuerdo que sucedan esas cosas, pero entiendo que lo hacen para mantener las relaciones entre ese país y los Estados Unidos y ciertos componentes”.
No obstante, Vigil tampoco cree que este argumento convenza al jurado, especialmente porque la investigación de Juan Orlando Hernández lleva años en curso, recabando evidencia con mucho cuidado, especialmente porque el acusado era el mandatario de una nación.
