Tegucigalpa, Honduras.- Para muchos es motivo de asombro que Juan Orlando Hernández no previera la posibilidad de su propia extradición cuando reformó el artículo 102 de la Constitución de la República, siendo presidente del Poder Legislativo en 2011.
No obstante, de acuerdo a documentación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Hernández sí tenía previsto eliminar la extradición.
Así lo plasma el documento “Mociones In Limine del Gobierno”, publicado el 8 de enero de 2021, en el caso contra Geovanny Fuentes Ramírez. En el apartado V, titulado: “El Acusado Participó en el Narcotráfico Bajo la Protección de Líderes del Partido Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras”.
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La Fiscalía señaló que durante una reunión con Fuentes Ramírez, Hernández Alvarado expresó que quería hacerle creer a la Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico pero que en cambio iba a eliminar la extradición y “meterles la droga por las narices a los gringos”.
De ser férreos proponentes de la extradición y de señalar que todo el que se oponía a la extradición era narcotraficante, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional pasaron a estar en contra.
¿Cuáles eran los pasos que Hernández Alvarado pretendía seguir para la eliminación de la extradición? En caso que la información reportada por la fiscalía estadounidense sea cierta. Solo él y sus más cercanos colaboradores al interior del Partido Nacional de Honduras (PNH) saben qué tenían planificado.
ADVERTENCIAS SOBRE LA POSIBLE ELIMINACIÓN DE LA EXTRADICIÓN
Lo que sí es cierto es que a inicios de marzo de 2021, la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) alertó sobre la supuesta intención del Congreso Nacional de eliminar la extradición en la sesión convocada el martes 2 de marzo de ese año.
De igual forma a mediados del mismo año, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) advirtió que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) pueden “potencialmente” ser un “santuario de criminales nacionales e internacionales”.
Esto debido a que el artículo 32 de la Ley Orgánica de las ZEDE señala que estos territorios “son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas al resto del territorio nacional.
En consecuencia, “se encuentran fuera de la jurisdicción nacional, pudiendo potencialmente ser un refugio para lo solicitados en extradición, en un santuario de criminales nacionales e internacionales, y de dinero sucio y limpio”.
A esto se suma, el acercamiento de Hernández Alvarado al régimen Ortega-Murillo con la firma del acuerdo delimitador de fronteras marítimas, por medio del cual a criterio del ex expresidenciable del Partido Liberal, Luis Zelaya, más allá de ideologías de izquierda o derecha, “es un pacto entre dictadores que se protegen entre sí” y buscan impunidad para eludir la justicia internacional porque “son lobos de la misma loma”.
Esto sin contar, que Juan Orlando Hernández corrió a refugiarse en la supuesta inmunidad que le daría el Parlamento Centroamericano (Parlacen), tras la juramentación de la nueva presidenta Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación.
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El Parlacen tiene una larga lista de cuestionamientos por acoger a funcionarios corruptos de la región y es presidida por el nicaragüense Guillermo Daniel Ortega Reyes, un férreo defensor del gobernante Daniel Ortega, quien ha permanecido a lo interno de ese órgano durante los últimos 15 años.
PARTIDO NACIONAL TAMBIÉN SEÑALADO EN JUICIOS POR NARCOTRÁFICO
En el documento “Mociones In Limine del Gobierno”, publicado el 8 de enero de 2021, además de Geovanny Fuentes Ramírez y CC-4, ahora reconocido por las cortes como Juan Orlando Hernández, también aparece manchado el Partido Nacional.
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Leonel Rivera Maradiaga, exjefe de los Cachiros, liga a esta organización política de haber recibido masivos sobornos a favor de Juan Orlando Hernández. Las “mordidas” o “contribuciones de campaña” habrían sido pagadas tanto por Rivera Maradiaga y otros narcotraficantes como Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, a cambio de protección contra las fuerzas del orden y evitar ser extraditados a los Estados Unidos.
En estas reuniones, CC-4 o Juan Orlando Hernández además de solicitar grandes contribuciones de campaña también discutieron la corrupción pública generalizada por él mismo y el Partido Nacional.
Incluyendo que él estaba malversando dinero de ayuda provista por los Estados Unidos a través de organizaciones no gubernamentales fraudulentas y robando dinero del sistema de seguridad social de Honduras.
Desde mediados de 2019, todo lo que salía de la Fiscalía en Estados Unidos indicaba que el exmandatario Hernández estaría involucrado en el trasiego de drogas.
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Especialmente, cuando el Departamento de Justicia de ese país levantó cargos contra Mauricio Hernández Pineda (CC-6), primo del entonces gobernante, por conspirar para importar cocaína, uso y transporte de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos.
