La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rabeca Ráquel Obando, hizo referencia a estadísticas relativas a la violencia de género las que ponen de relieve la urgencia de acciones concretas para abordar la impunidad y garantizar la protección de las mujeres
Tegucigalpa, Honduras. – El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de la violencia ha sido sinónimo de impunidad, desigualdad y violación a los derechos humanos. En 2023 la historia siguió su curso pese a la promesa de revertir esta situación por parte de las nuevas autoridades del Poder Judicial que, a partir del 17 de febrero de 2023, quedó en manos de una mujer.
LA FRASE
“Respecto a los delitos contra la vida de mujeres, ingresaron 128 casos y 144 víctimas, número que a la luz de las 370 mujeres que, de conformidad a los datos aproximados, han reportado diferentes instituciones tuvieron lugar en el año 2023, nos indica que sólo el 39% de esos crímenes están siendo judicializados, a su vez sólo 24 muertes de mujeres fueron presentadas ante los juzgados como femicidios, lo que representa un 6% de judicialización por este tipo de delito”: Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), brindó las cifras durante la presentación del informe de su gestión, durante la instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional, el 25 de enero de 2024, en eDía de la Mujer Hondureña.
De acuerdo con la magistrada presidenta de la Corte, el plan estratégico 2022-2026, que está compuesto por cinco ejes principales, contempla la incorporación de la perspectiva de género, respeto de los derechos humanos, principios de justicia abierta, calidad en la gestión, entre otros ejes transversales para asegurar el acceso a la justicia.
Con base a las aseveraciones de la presidenta del Poder Judicial, Criterio.hn realiza una verificación sobre el acceso a la justicia que tuvieron las mujeres durante el 2023.
La cifra manejada por el ONV-UNAH difiere de los datos manejados por organizaciones de mujeres, para el caso, el Centro de Derechos de Mujeres reportó 386 y la Red Lésbica Cattrachas reportó 393. Sin embargo, la presidenta de la CSJ Rebeca Ráquel Obando, cuantificó 370 muertes violentas de mujeres, una cifra inferior a las reportadas por las instancias antes descritas.
Luego de la presentación del informe por parte de Ráquel Obando, Criterio.hn realizó solicitudes de información al Poder Judicial, a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) con relación al número de casos que ingresaron en 2023 a ese poder del Estado y cuántos de esos casos fueron judicializados por violencia contra la mujer en el 2023. Asimismo, cuántos casos atribuidos a delitos contra la vida de la mujer fueron tipificados como femicidios y cuántos de estos fueron resueltos.
En ese sentido, la información facilitada a Criterio.hn, indica que, con relación a los delitos contra la vida, en 2023, al Juzgados de Letras de lo Penal, a nivel nacional, ingresaron 127 casos entre enero y noviembre de 2023.
De igual manera, Criterio.hn solicitó el número de casos que en 2023 tuvieron una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria y se respondió que al Tribunal de Sentencias ingresaron 72 casos, de los cuales 61 tuvieron una resolución.
Con relación a los femicidios, la titular de la CSJ, señaló que sólo 24 muertes violentas de mujeres fueron tipificadas como femicidio. Pero, el registro facilitado por el Poder judicial indica que entre enero y noviembre de 2023 ingresaron al Juzgado de Letras de lo Penal a nivel nacional, 20 casos.
Y sobre las resoluciones, se informó que sólo 11 casos tipificados como femicidios ingresaron a la Sala de Sentencias, de los cuales sólo 7 femicidios obtuvieron una sentencia condenatoria.
Al no tener datos actualizados del cierre de 2023 sobre los ingresos, se dificulta hacer una comparación con relación a lo detallado por Ráquel Obando y los datos del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial.
Criterio.hn contactó al portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, para conocer el por qué hay pocos casos judicializados en casos de violencia contra la mujer, sin embargo, respondió que no podía brindar entrevista porque se encontraba fuera del país.
Es evidente que pese a que esta nueva Corte Suprema de Justicia prometió legislar en favor de las mujeres y combatir la “pandemia en la sombra” (violencia en contra de la mujer), las mujeres no tienen acceso efectivo a la justicia.
Un claro ejemplo de ello, fue la sentencia emitida en la muerte de Keyla Martínez, tipificado por la Fiscalía de Delitos contra la Vida como un femicidio agravado, degradado, posteriormente, por el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque a homicidio imprudencial.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer (Cedaw), identifica a la violencia basada en género como una de las manifestaciones de la discriminación, cuya causa principal es la desigualdad de género, que impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades.
En Honduras, la violencia de género se ha institucionalizado, trayendo consigo consecuencias que afectan directamente a las mujeres, ya que se impide que estas gocen de derechos. Entre esos derechos menoscabados está el acceso a la justicia, que asegure a las víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa.
Para Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), la falta de acceso a la justicia para las mujeres y niñas, radica no sólo en la falta de investigación criminal y en la lentitud de respuesta por parte de las autoridades, sino en que “no hay voluntad política”.
Jessica Sánchez, considera que uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres, al momento de acercarse a los operadores de justicia, es que cierto sector en el Poder Judicial ignora o no sabe cómo abordar la violencia contra las mujeres. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).
Los daños colaterales de la falta de voluntad política, se traducen en impunidad –que de acuerdo con las organizaciones de mujeres pasó de 95% en 2022 a 98% en 2023.
Sobre el poco número de casos judicializados, la abogada Kenia Paz, del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, reflexiona que se debe a que las muertes violentas de mujeres no es tema prioritario para el Estado de Honduras.
Además, añadió que el Poder Judicial no está impartiendo justicia desde una perspectiva de género. “La experiencia nos ha demostrado que no están atendiendo a lo dispuesto en el principio de legalidad penal que establece que el Código se debe aplicar observando la perspectiva de género”.
Para la abogada y defensora de derechos humanos, Kenia Paz, el factor económico es otro eslabón de violencia contra las mujeres ya que sus ingresos están por debajo de los ingresos de los hombres. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn)
SE REQUIERE IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Para el combate a la violencia contra la mujer, de acuerdo con la CEDAW, se requiere del compromiso de los estados, mediante la adopción de un conjunto de normas y estándares que obliga a los estados a tomar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas
Las muertes violentas y los femicidios son una realidad en Honduras, el quinto país del mundo más violento para las mujeres y el primero en América Latina de acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Pese al contexto global, en Honduras no hay un pleno reconocimiento del femicidio como un delito de alto impacto, aunque está tipificado en el Código Penal, producto de una lucha de las organizaciones defensoras de derechos de la mujer y feministas.
De hecho,todavía se observa en los boletines emitidos por la Policía Nacional el uso del término de homicidio en aquellos casos de muertes violentas de mujeres.
“Es un problema grave, es uno de los problemas torales en Honduras en materia de criminalidad, pero se niegan a aceptarlo”, recriminó Jessica Sánchez.
En junio de 2023, durante su visita a Honduras, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, enfatizó en entrevista con Criterio.hn, la importancia de identificar el femicidio, ya que “lo que está sucediendo ahora –como lo hemos visto en algunos casos—, es que estos delitos (femicidios) gravísimos, atroces son catalogados como suicidio o accidente”.
Para Morris Tidball-Binz, las investigaciones efectivas y el acceso a la justicia son fundamentales para romper el ciclo de violencia prolongado en Honduras. Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn.
Luego del análisis de datos, que incluye información solicitada al Poder Judicial y opiniones de las fuentes entrevistadas, Criterio.hn concluye que lo declarado por la presidente de la Corte Suprema de Justicia es ENGAÑOSO, porque al no facilitar de manera completa los ingresos al Juzgado de Letras de lo Penal no se puede corroborar que, en efecto, en 2023 fueron 128 casos de delitos contra la vida los que ingresaron y 24 femicidios.
Asimismo, la presidenta del Poder Judicial se limitó a decir que en 2023 se presentaron 24 muertes violentas de mujeres ante los juzgados como femicidios, lo que implica un 6% de judicialización. Pero, ignoró que del universo de los casos presentados, que de acuerdo a los datos facilitados por el Poder Judicial a Criterio (20 casos), sólo 11 ingresaron a la Sala de Sentencias tipificados como femicidios, de los cuales sólo 7 obtuvieron una sentencia condenatoria.
Esto último implica que la impunidad registrada en 2023 andaría en 98.11% y no en 94% como lo sugiere la presidenta del Poder Judicial.
Amante de la lectura y la naturaleza, una mujer con la convicción firme que todos podemos hacer cambios significativos en la sociedad, por eso mi objetivo es exponer las injusticias que adolece la ciudadanía.
Busco incidir, a través del periodismo, en la defensa y promoción de los derechos humanos, evitando caer en la complicidad de callar ante las injusticias y la corrupción.
