Tegucigalpa. –El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) capacitará comunicadores en el tema de acceso a la información, en conjunto con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), cuyos dirigentes han violado reiteradamente la ley de Transparencia al negarse a entregar información sobre la administración de cientos de millones de lempiras del ente de pensiones del gremio.
La cúpula del CPH fue aplazada en siete ocasiones por el IAIP en el cumplimiento de la ley de Transparencia, al negarse a publicar en el Portal Único de Transparencia la información del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), caracterizado por el desvío y despilfarro de fondos, compra sobrevalorada de propiedades y cálculo ilegal de las jubilaciones de los afiliados.
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Los dirigentes del CPH, que forman parte de la directiva del IPP, presentaron en los últimos años más de ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra de resoluciones del IAIP que les ordenó entregar información sobre sus operaciones a periodistas y medios de comunicación que la solicitaron.
Los Comisionados del IAIP impusieron, además, a los ex presidentes del CPH y del IPP Dagoberto Rodríguez y Eduin Natividad Romero sanciones pecuniarias. A Rodríguez en 2020 con dos multas de 29,000 lempiras cada una, y a Romero 8,000 lempiras en 2016 por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Pero obviando la condición de los directivos del CPH, de violadores reincidentes de la Ley de Transparencia, el IAIP anunció un “Diplomado en Acceso a la Información Pública con Enfoque en la Investigación Periodística” en conjunto con el Colegio de Periodistas de Honduras, la Universidad José Cecilio del Valle y la alemana Fundación Conrad Adenauer Stifung.
“Es inaudito que los comisionados del IAIP se asocien con dirigentes del Colegio de Periodistas que sistemáticamente violan la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para ocultar información. Es una incoherencia absoluta”, dijo a Criterio hn el periodista Gustavo Palencia que desde el año 2015 solicita sin éxito información de las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones de los comunicadores.
“Ya solo hace falta que el IAIP tenga entre los capacitadores en el Diplomado a Dagoberto Rodríguez y a Eduin Romero o a otros directivos del Colegio de Periodistas, y que los premien por su trayectoria en el tema de acceso a la información pública”, comentó Palencia, quien ejerce el periodismo desde hace más de 39 años.
Criterio.hn ha publicado desde 2015 más de 40 artículos en los que ha expuesto el desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades, cálculo ilegal de míseras jubilaciones y un contrato con una la AFP del Banco Atlántida en el que los afiliados recibirán como pensión únicamente el producto de sus aportaciones personales.
Los directivos del CPH, en su último acto antitransparencia denunciaron ante el Ministerio Público al jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, acusándolo de revelar el listado de 77 periodistas afiliados al Colegio de Periodistas, entre los que se cuentan varios dirigentes, que recibieron casi 100 millones de lempiras para hacerle propaganda al gobernante Juan Hernández, según consta en el requerimiento del caso Hermes.
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La cúpula del Colegio de Periodistas encabezada por Osman Reyes, portavoz del organismo de inteligencia y seguridad 911, pretende con su denuncia intimidar a Santos y que sea sancionado por el fiscal general de la república, Óscar Chinchilla y que cesen las acciones legales que también arrastrarían a los periodistas que recibieron los fondos públicos sin existir justificación legal.
El IPP es sujeto obligado de la Ley de Transparencia debido a que el ente captó hasta 2013 más de 53.2 millones de lempiras de transferencias estatales, establecidas en su legislación de creación.
Los directivos del CPH en el IPP se escudan también para no rendir cuentas, en decretos sancionados por el gobernante Juan Hernández y el expresidente Carlos Flores Facussé en los que inconstitucionalmente se dice que al ente de pensiones “no le son aplicables… las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.
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La cúpula del CPH es parte del sistema de impunidad instaurado por el poder en Honduras para blindar la corrupción de diputados y funcionarios del gobierno de Hernández, que impidieron, en enero de 2020, que continuara operando la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que puso al descubierto el involucramiento de políticos y funcionarios en episodios de corrupción.
