Complicidad entre poder y cúpula de periodistas que gozan de impunidad

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – La relación de complicidad entre el poder y cúpula del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) es histórica y sólida. El poder político otorgó en el Congreso Nacional impunidad a un grupo de periodistas para operar cientos de millones de lempiras en el ente de pensiones de los comunicadores caracterizado por el desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas y negación o disminución ilegal de derechos a los afiliados.

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El grupo de dirigentes del CPH, que controlan la directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), son beneficiarios del sistema de impunidad construido por el gobernante Partido Nacional y una facción del Partido Liberal para blindar la corrupción instaurada desde el poder puesta al descubierto por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

El expresidente Carlos Flores Facussé (1998-2002) y el mandatario Juan Hernández, sancionaron en el año 2000 y en 2019, respectivamente, decretos que blindan a directivos del CPH en el IPP para no rendir cuentas sobre las operaciones financieras y administrativas del ente, un privilegio del que no gozan ni la cúpula de las poderosas Fuerzas Armadas en el Instituto de Previsión Militar (IPM).

Los decretos que ponen al descubierto la relación de complicidad entre la prensa y el poder en Honduras sitúan a la cúpula del gremio de los periodistas por sobre las leyes vigentes al excluir al IPP del control y supervisión de las operaciones financieras administrativas, obviando que la Constitución establece en el artículo 60 que “todos los hondureños son iguales ante la Ley”.

Al ente de pensiones de los periodistas, “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas” establece el decreto 113-2019 aprobado en el Congreso Nacional el 26 de septiembre de 2019, por los mismos diputados nacionalistas y liberales de la facción leal a Flores Facussé, que en enero de 2020 aprobaron un informe demandando poner fin a la presencia de la MACCIH en Honduras.

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El presidente del CPH-IPP, Dagoberto Rodríguez y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en un acercamiento de los tantos que los directivos de los periodistas han tenido con el poder político en los últimos años.

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Pero esta no es una impunidad nueva, es una ampliación del decreto 59-2000 que ya otorgaba ilegamente el privilegio a los directivos del CPH de eximirlos de la rendición de cuentas en el ente de pensiones de los periodistas, y que fue aprobado y sancionado en 26 de junio del año 2000 por el entonces mandatario, Carlos Flores Facussé.

La impunidad de la cúpula del CPH en el IPP, no sólo fue nutrida por Hernández Alvarado y Flores Facusse, si no que también por los exmandatarios nacionalistas Rafael Callejas y Ricardo Maduro que sancionaron decretos dirigidos a limitar la rendición de cuentas o la presencia de miradas “extrañas” en el ente, evidenciando los viejos y profundos vínculos de la cúpula del gremio de periodistas con el poder.

Investigaciones de Criterio.hn publicadas desde el año 2015, pusieron al descubierto la impunidad de que goza la cúpula del CPH en el IPP, el desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades, otorgamiento ilegal de pobres pensiones, negación de derechos a afiliados y la firma de contratos con un fondo bancario de pensiones que reduce la jubilación de los afiliados únicamente sus cotizaciones personales.

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El ente de pensiones de los periodistas ha sido escenario de episodios similares a los ocurridos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el sistema del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), instituciones en las que directivos han sido acusados, enjuiciados y condenados.

Los directivos del CPH de las llamadas “Vieja guardia” y “Nueva guardia”, que controlan la organización gremial, buscaron de manera sistemática la aprobación de decretos para alejar las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones, de la rendición de cuentas ante las instituciones especializadas o de la mirada de funcionarios o periodistas que no fueran parte de su élite o de su confianza.

En ese afán de eludir la rendición de cuentas y evitar las miradas de extraños sobre las operaciones del IPP, los directivos del CPH desde que inició actividades el ente de pensiones en 1987 lograron que el Congreso Nacional les aprobara cuatro decretos dirigidos a limitar y hasta evitar auditorías e intervenciones de lo que fue hasta 1995 la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH), y desde 1996 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

“El poder le regaló a un grupo de la cúpula del Colegio de Periodistas de Honduras un ente de pensiones con estuches de impunidad y ellos se han aprovechado para operar el IPP como si fuera su propiedad personal o privada en detrimento de los afiliados”, dijo a Criterio.hn, Gustavo Palencia, un periodista que ejerce hace casi 40 años y pide información del ente con poco éxito desde el año 2015.

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La impunidad que les otorgó el poder le permitió a la cúpula del CPH en el ente de pensiones operar financiera y administrativamente sin rendir cuentas unos 500 millones de lempiras, colocando a los periodistas afiliados en una situación de indefensión al estar el IPP al margen de la supervisión y vigilancia de la CNBS, que si controla los demás entes de previsión públicos y privados en Honduras.

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Los actuales directivos de los periodistas cesan en sur cargos en los próximos días.

CUPULA DE CPH SOMETIDA

El poder al otorgar impunidad a la cúpula del CPH, somete la institucionalidad del gremio de los periodistas diluyendo su capacidad de protesta y denuncia de la organización, ante leyes y actos de funcionarios que violan la libertad de expresión y de prensa, y amenazas y crímenes de los que por décadas han sido víctimas periodistas y comunicadores en Honduras por parte de los gobiernos.

Los directivos del gremio se han escudado para no actuar de manera beligerante, denunciando las amenazas o respaldando a periodistas que han denunciado corrupción pública y que han sido enjuiciados, incluido el que culminó en una excesiva condena contra el fallecido periodista, David Romero Ellner, y contra el popular llamado “Perro Amarillo”, Milton Benítez, que opera una plataforma de comunicación en redes sociales.

Los miembros de la cúpula del CPH han alegado para no actuar en defensa de periodistas y comunicadores, que no se trata de asuntos libertad de expresión o de prensa, si no de libertinaje, o que los amenazados o enjuiciados no son afiliados de la organización gremial, guardando su protesta hasta que ocurren asesinatos.

Y este posicionamiento se fortalece más por el hecho de que varios de los presidentes y dirigentes del CPH, y a su vez miembros de la junta directiva en el IPP, son o han sido funcionarios o estado vinculados a gobiernos o políticos nacionalistas o liberales.

El presidente actual del CPH y la junta directiva del IPP, Dagoberto Rodríguez Coello, se desempeñó como Director de Prensa de la Casa de Gobierno, cuando ejerció como presidente el nacionalista, Ricardo Maduro, entre 2002 y 2006. También lo acompaña en ambas directivas, Eduin Natividad Romero, presidente del Tribunal de Honor del CPH y jefe de Prensa e Imagen del ministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales.

Además, el Fiscal de la organización gremial, Osman Reyes Pavón, que se desempeña como Director de Comunicación del Sistema de Emergencia 911.

Romero, ex presidente del CPH y el IPP entre 2015 y 2016, y Reyes Pavón integran la directiva del ente de pensiones por los cargos que ocupan en la organización gremial.

Reyes Pavón, es miembro de ambas directivas desde enero de 2016. Y Romero desde el 2010.

Una investigación por parte de la CNBS en el IPP, que ha sido solicitada por varios periodistas, entre ellos Gustavo Palencia, pondría en superficie el despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades y otorgamiento arbitrario de pobres jubilaciones y negación o reducción de derechos de los afiliados publicados en más de 40 artículos por Criterio.hn.

 

SÓLIDA IMPUNIDAD

Pero el escudo de impunidad otorgado por el poder a través del decreto 59-2000, a la cúpula de los periodistas es tan sólido, que la CNBS nunca incorporó al IPP en su listado de instituciones supervisadas, pese a que su ley de creación que es de 1995 y establece que ejercerá ejercerá supervisión control y vigilancia sobre institutos de previsión como el de los periodistas.

El artículo 6 de la ley del CNBS establece que entre otras instituciones bancarias y financieras el organismo a través de la superintendencia ejercerá supervisión, vigilancia y control en “fondos de pensiones e institutos de previsión, administradoras públicas y privadas de pensiones y jubilaciones y cualesquiera otras que cumplan funciones análogas a las señaladas en el presente decreto”.

De manera que desde donde lo vieran los Comisionados, el IPP es un “Instituto de Previsión Social del Periodista” tal como lo establece su decreto de creación 190-85, que lo define como “régimen de Previsión Social del Periodista”.

En respuesta a una solicitud presentada a la oficina de información pública de la CNBS, en agosto de 2016 sobre cuántas y en que años había cumplido auditorías en el IPP, la oficial de información Xiomara San Martín dijo que: “La CNBS no ha realizado labor de supervisión y vigilancia y control sobre el Instituto de Previsión Social del Periodista, porque no es una institución supervisada por la CNBS”.

La funcionaria acompañó a su respuesta un documento subido a la web en la que se detalla los nombres de las instituciones supervisadas, en el que no aparece el ente de previsión de los periodistas.

Y a una petición posterior en septiembre del 2016, sobre el porqué el IPP fue excluido del listado de instituciones supervisadas, respondió transcribiendo el decreto 59-2000 casi integramente en el que se establece que al ente de pensión de los periodistas “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.

De manera que la CNBS cumpliendo su ley pudo supervisar las operaciones del IPP, al menos entre octubre de 1995 y junio del año 2000, pero la oficial de Información aseguró que no fue nunca institución supervisada o no estuvo en ese listado.

“Los Comisionados de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que ocuparon esa responsabilidad de vigilar el sistema financiero, entre 1995 y el año 2000, debieron cumplir lo que establece su ley en el artículo 6 en el Instituto de Previsión Social del Periodista”, dijo a Criterio.hn un actuario y abogado que conoce el sistema de previsión hondureño y la mécanica de operación de la CNBS.

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De izquierda a derecha el actual presidente del IPP y CPH, Dagoberto Rodríguez y en su orden, Juan Ramón Estos son los presidentes del CPH que han tomado decisiones a lo interno del IPP. De izquierda a derecha, el actual presidente del IPP y CPH, Dagoberto Rodríguez, Juan Ramón Mairena, Elán Reyes Pineda, Adán Elvir, Luis Edgardo Vallejo y Eduin Natividad Romero, todos ellos expresidentes del IPP-CPH, brindan durante la inauguración de la «Galería de Presidentes del CPH».

 

HISTORIA DE IMPUNIDAD

La cupula del CPH mantiene históricamente una relacion fluida con el poder.  A finales de julio y agosto de 2019 la dirigencia presidida por Rodríguez Coello realizó visitas al presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva y al secretario Tomas Zambrano presuntamente para pedir que los llamados delitos contra el Honor fueran excluidos del Codigo Penal.

Pero realmente, lo que pidieron fue una nueva reforma a la ley del IPP para ampliar el decreto 59-2000 sancionado por Flores Facussé en el año 2000, y el 15 de agosto el diputado Rodolfo Irías Navas, involucrado en el Caso Pandora investigado por la MACCIH, presentó un proyecto que fue aprobado el 26 de septiembre reafirmando la impunidad que gozan los directivos del CPH en el ente de pensiones.

El Ministerio Público apoyado en el proceso de investigación por la MACCIH, en el Caso Pandora que puso al descubierto el desvío de unos 282 millones de lempiras de fondos públicos a la campaña presidencial en 2013 del presidente Juan Hernández y al pago de deudas del Partido Liberal, presentó acusaciones contra 38 legisladores, funcionarios y ex funcionarios y particulares, de los que unos 36 fueron sobreseídos en los tribunales.

La reforma en el Congreso, en el año 2019, estableció que los contenciosos en el caso del IPP deben ser conocidos por los tribunales civiles y no por lo Contencioso Administrativo, como corresponde legalmente por ser un ente de derecho público, en busca de obstruir o aletargar juicios entablados por las periodistas jubiladas Vilma Rosales y Delia Mejía debido al cálculo ilegal de su jubilación, reducida en más de un 60 por ciento.

Rosales y Mejía, periodistas de dilatada y prestigiada trayectoria profesional son las primeras afiliadas que demandan en el IPP y han sido amenazadas por los dirigentes del CPH con expulsarlas de la gremial, al igual que Gustavo Palencia, por pedir información a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

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Las periodistas Delia Mejía y Vilma Gloria Rosales (ambos al centro), acudieron a una asamblea de emergencia convocada por el CPH en septiembre de 2019, junto ellas, su colega Gustavo Palencia y la abogada Teodolinda Pineda.

La iniciativa de Irías Navas fue aprobada por 50 diputados nacionalistas, unos 12 liberales leales a Flores Facussé y tuvo el rechazo de 23 votos de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y la del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), liderada por Doris Gutiérrez.

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“Tienen miedo de que se venga el Ministerio Público, tienen miedo de que venga la UFECIC y tienen miedo a que los investiguen qué han hecho con los dineros de los periodistas. Aquí lo único que se puede interpretar es que no quieren rendir cuentas”, dijo el diputado y exfiscal, Jari Dixon Herrera, durante el debate.

CPH HUYE A TRANSPARENCIA

La diputada y periodista miembro del CPH y fundadora del IPP, Patricia Murillo, preguntó: “¿puede sustraerse un instituto de previsión de la auditoría de organismos especializados del Estado. ¿Y más nosotros los periodistas, debemos ser los más transparentes? No esperemos entonces que nos lleven al Ministerio Público, que nos lleven a lo Contencioso, que nos lleven a lo Civil para ser transparentes”

El presidente del CPH y de la directiva del IPP, Dagoberto Rodríguez Coello, jefe de redacción del diario La Prensa, parte del conglomerado de medios Organización Publicitaria S.A. (OPSA) propiedad del empresario y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, llegó a la cámara el día de la sesión a reclamar el decreto que les amplía la impunidad en la operación del ente de pensiones.

Rodríguez Coello, llegó acompañado de la también dirigente del CPH, Ninfa Arias, jefe de redacción del diario La Tribuna propiedad del expresidente y político liberal, Flores Facussé, y Eduin Natividad Romero presidente del Tribunal de Honor de la organización gremial y del IPP ocupando sillas en la camara que ocupan normalmente los diputados nacionalistas.

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Los directivos del CPH, Ninfa Arias, Dagoberto Rodríguez y Eduin Natividad Romero, se sentaron en las butacas de la bancada del Partido Nacional, el día que se presentaron ante el Congreso Nacional a pedir la aprobación de la ampliación del escudo de impunidad que los exonera de la auditoría de la CNBS.

Romero, que tiene una larga carrera como funcionario en los gobiernos nacionalistas, es actualmente Jefe de Prensa e Imagen en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La oposición de los legisladores de Libre y de la bancada del PINU-SD, liderada por Doris Gutierrez, desató la furia de Rodríguez Coello que en su cuenta de twitter, los declaró enemigos del gremio de los periodistas y de la libertad de expresión por oponerse a la impunidad y la antitransparencia.

“Hoy quedó evidenciado en @Congreso_ HND quienes son los enemigos de los periodistas de los periodistas y la libertad de expresión. Lamento que en ese grupo esté Doris Gutiérrez y @BancadaLibre”, dijo el dirigente en su cuenta @darocohn.

El decreto 113-2019 aprobado en el Congreso Nacional presidido por el también precandidato presidencial nacionalista, Mauricio Oliva, es el último en la cadena de decretos dirigidos a obstruir la rendición de cuentas y transparencia en el ente de pensiones, y fue sancionado por Hernández Alvarado el 6 de noviembre de 2019.

SÓLIDA IMPUNIDAD

Y constituyó la ampliación del decreto 59-2000 o escudo de impunidad de los directivos gremiales en el ente de pensiones, sancionado por el expresidente Flores Facussé el 30 de mayo del año 2000.

El fallecido expresidente Rafael Callejas, sancionó el 31 de octubre de 1991 el decreto 123-91, en el que limitó el papel auditor en el IPP únicamente a los fondos transferidos por el Estado, y desarticuló su acción coordinada con la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH).

Un ex alto funcionario del Banco Central y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que pidió el anonimato, dijo a Criterio.hn que “nunca ni la Superintendencia ni la CNBS auditaron o intervinieron el Instituto de Previsión Social del Periodista”.

El expresidente Ricardo Maduro sancionó el 30 de junio del 2004 el decreto 75-2004, que suprimió como miembros de la junta directiva del IPP a los ministros de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Trabajo y Previsión Social, quedando únicamente los directivos y miembros del CPH y los propietarios de medios.

La cúpula del CPH logró así alejar las miradas de funcionarios que no fueran de su confianza, al igual que miembros del gremio, que consideraran extraños a su círculo de control.

Un comentario en “Complicidad entre poder y cúpula de periodistas que gozan de impunidad

  • el enero 15, 2021 a las 7:05 am
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    Señores de Criterio.hn en la nota ponen veligerante y si buscan en el diccionario verán que es beligerante.

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