Peligra vida de periodistas, abogados y grupos sociales

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. Un informe del Centro de Políticas Internacionales (IPC, siglas en inglés) hace una radiografía completa de la situación de defensores de la vida, miembros de la diversidad sexual y periodistas en Honduras. Los niveles de violencia, amenazas y ataques que recortan drásticamente las libertades de expresión y asociación, son atroces. Los problemas son similares para todos estos grupos: la falta de investigaciones y de procesamiento judicial serios respecto a las amenazas y ataques en su contra; La presunción de participación de funcionarios del gobierno local y nacional y/o de miembros de las fuerzas oficiales de seguridad en algunas de estas amenazas, intimidaciones y ataques; y La falta de políticas gubernamentales para su protección.

Este informe, a través de muchas entrevistas e investigaciones de campo, deja claramente establecido que el Estado de Honduras está incumpliendo con proteger al pueblo. Unos 50 periodistas han sido asesinados en Honduras desde 2003 a la fecha; 46 de ellos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Asimismo, los periodistas enfrentan amenazas e intimidación, que provienen de funcionarios públicos, de miembros de las fuerzas de seguridad y también del crimen organizado; así como desplazamiento interno debido a amenazas y al uso indebido del sistema jurídico para intimidarlos.

Los periodistas señalan que reciben presión por autoridades del gobierno y editores para limitar su cobertura, y reportan que los peligros que enfrentan resultan en autocensura. Entre 2011 y 2014, el reportero Alex Sabillón sufrió 11 actos de intimidación y asedio por funcionarios locales, la Policía Nacional, funcionarios de empresas y fuentes desconocidas, mientras trataba de cubrir casos de corrupción local y extracción de recursos naturales, entre otros temas, en la ciudad de Choloma, Cortés, norte de Honduras.

En mayo de 2014, a los periodistas Emy Padilla y Jorge Burgos les fue cerrado su programa en canal 6 por órdenes de Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Hernández, aduciendo que criticaban mucho al actual gobierno. Otra situación que fue denunciada por los periodistas hondureños es que si reportan sobre casos de corrupción, los funcionarios del gobierno los acusan de defender a los traficantes de drogas, señalaron varios comunicadores entrevistados.

A la fecha, veintidós defensores de derechos humanos han sido asesinados en Honduras desde el 2010, según el Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos (Cofadeh). El organismo tiene documentado dos desapariciones, 88 robos de información, 15 secuestros y 3,064 casos de uso indebido del sistema judicial para intimidar a los defensores de la vida. Al menos 31 sindicalistas han sido asesinados en Honduras desde junio del 2009 hasta febrero del 2014, según el Centro de Solidaridad del sindicato de trabajadores de EEUU, AFL-CIO.

Dirigentes sindicales sufrieron amenazas e intimidación, al igual que sus familiares. Entre junio de 2009 y diciembre de 2014, han sido asesinados 174 hondureños de la diversidad sexual o comunidad LGBT, incluyendo varios importantes activistas del colectivo. Han denunciado casos de detención arbitraria por parte de la policía y discriminación, así como ataques y acoso. Las mujeres transgénero son blanco de abusos. En el campo la situación es igual o peor y hasta marzo de 2015, 109 activistas ambientales y del derecho a la tierra han sido asesinados en Honduras, 100 de ellos entre 2010 y 2013.

DEFENDER DERECHOS ES MORTAL
Global Witness asegura que Honduras es el segundo país en el mundo, después de Brasil donde los esfuerzos para conquistar o proteger el derecho a la tierra, como los desplegados en Bajo Aguán, y la oposición a la explotación minera y forestal así como la construcción de represas y otro tipo de proyectos a gran escala, figuran entre los riesgos asociados a esta violencia. Señala además que los desalojos forzados a manos de efectivos policiales, militares y de seguridad privada, constituyen una preocupación generalizada y grave.

La criminalización de la protesta social constituye un enorme obstáculo para los esfuerzos de las comunidades para proteger sus derechos. Y el mes de abril el diputado gobiernista de extrema derecha, David Chávez, anunció que está proyectando introducir al Poder Legislativo un decreto para penalizar las protestas sociales, dejando claro que la represión estatal seguirá en aumento. Un miembro de la cooperación internacional, que labora en el Valle del Aguán, noreste de Honduras, señaló que casi todos los activistas con quienes trabajan tienen denuncias en su contra y agregó que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Honduras en diciembre de 2014, “recibió alarmante información sobre asesinatos, actos de violencia y amenazas de muerte contra dirigentes indígenas, particularmente quienes defienden sus territorios y recursos naturales, en el contexto del desarrollo de mega-proyectos sin un proceso de consulta previa e informada”.

En abril anterior, el diputado gobiernista de extrema derecha, David Chávez, anunció que está proyectando introducir al Poder Legislativo un decreto para penalizar las protestas sociales, dejando claro que la represión estatal seguirá en aumento.

Pero esta situación no solo atañe a periodistas o campesinos, los abogados también son asesinados. Desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2014, han sido asesinados 86 abogados. Según información recibida por la CIDH, aunque el gobierno brinda cierta protección, los presupuestos son insuficientes y el tipo de protección ofrecida, no corresponde a sus necesidades. Tal como un fiscal dijo a la comisión: “A veces contar con protección personal realiza tu perfil y te convierte en un objetivo más buscado”. Además los mensajitos que envían son: ‘Vamos tras uno de sus hijos’… No sirve de nada tener seguridad para mí, mientras mi familia está en casa, indefensa”. Dijo temeroso el fiscal.

Esto deja claramente demostrado que las medidas de protección brindadas por el Estado son absolutamente inadecuadas. Mismas que han sido observadas y evaluadas por la CIDH y las califica de deficientes e inefectivas. Es, de todos, conocido, que la clave para la protección reside en un avance real en cuanto a la investigación y procesamiento judicial de amenazas y ataques y esos avances brillan por su ausencia en Honduras. Sólo para citar dos ejemplos, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), el 95 por ciento de los asesinatos de abogados aún están impunes y de los 49 periodistas asesinados tan solo tres casos han sido judicializados.

NULA RESPUESTA
Pese a esfuerzos desplegados por el gobierno de los EEUU para alentar a las autoridades hondureñas a resolver casos de violencia contra la comunidad LGBT, de las 141 muertes ocurridas entre enero de 2010 y octubre de 2014, según estas organizaciones, sólo 30 casos han sido procesados judicialmente, de los cuales nueve han resultado en condenas y cuatro en veredictos exculpatorios.
Otra de las situaciones más complicadas es que muchas veces Las autoridades a menudo culpan a la víctima o lo estigmatizan diciendo que era vendedor de droga, homosexual o ladrón y que por eso lo asesinaron.

¿CÓMO PROTEGERLOS?
La acción más importante que el gobierno hondureño puede emprender es mejorar la investigación y el procesamiento judicial tanto de las amenazas como de los ataques, incluyendo aquellos casos en los cuales se sospecha la participación de agentes del Estado. En segundo lugar, es crucial establecer un programa de protección efectiva para los defensores de los derechos humanos y periodistas. Realizar una investigación efectiva de los asesinatos y su posterior judicialización hasta condenar tanto a los ejecutores materiales del crimen como a los autores intelectuales.

Se ha aprobado una la Ley para Proteger a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia pero tiene muchas críticas debido a la inexistencia de fuentes de financiamiento para implementarla y porque la capacidad de la Policía Nacional y la Policía Militar creada por el actual gobierno no tienen ni el número de efectivos necesarios para ese trabajo y la última no tiene la formación requerida. Con todas las situaciones descritas, más las que maneja el pueblo por las experiencias vividas casi a diario podemos asumir que lejos de ser protegidos, los defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas en Honduras enfrentan y seguirán enfrentando constantes ataques y poniendo en riesgos sus vidas por el simple hecho de realizar sus tareas.

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