Tegucigalpa. «¡Honduras no se vende, el pueblo la defiende!» Este fue el lema usado por la ciudadanía que se movilizó este jueves en Roatán y Tegucigalpa para exigir la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como poner un alto a cualquier modificación que se pretenda realizar a favor de la misma.
Desde Roatán, la abogada Paola Bonilla expresó: «Estamos en contra de la Ley ZEDE y solicitamos su derogatoria, y que no se permitan las nuevas inclusiones y reformas que quieren introducir el Congreso y los interesados en este proyecto ley». Aseguró que esta normativa actúa en detrimento de la sociedad y del departamento de Islas de la Bahía.
«Nosotros como hondureños nos sentimos desplazados porque ya nadie está seguro» dijo la profesional del derecho con relación a los artículos de la Ley ZEDE que permiten la expropiación [Art. 25] e incorporación de territorio [Art. 26 y 39].
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En Tegucigalpa, el analista político y social, Tomás Andino, manifestó que uno de los aspectos más graves de la Ley ZEDE es que una vez instalada, facilita que puedan ir ampliando y tomando cada vez más territorio. Lo que provocará que los municipios pierdan jurisdicción sobre estos. «Si no actuamos ahora vamos a perder lo mejor del territorio nacional», advirtió.
El pasado 23 de marzo, los directivos de la ZEDE Próspera en Roatán aprobaron sin consulta previa la anexión del «Puerto de Satuyé» en La Ceiba, Atlántida, un municipio y departamento completamente distinto al de Roatán, Islas de la Bahía.
El líder de la Vía Campesina, Rafael Alegría, declaró que el pueblo hondureño rechaza contundentemente la instalación de las ZEDE porque atentan contra la soberanía, la dignidad y los recursos naturales. Además, exigió «que desistan de ese proyecto que es lesivo al país».
A los inversores y asesores extranjeros, el dirigente agrícola reclamó que respeten la soberanía y abandonen el país. Asimismo, aseguró que las movilizaciones continuarán y se extenderán a las costas norte y sur, en pro de la defensa de la patria, los territorios y los recursos
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En la acción realizada en la capital de Honduras participaron las organizaciones Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Convergencia Contra el Continuismo, la Acción Ecuménica de Derechos Humanos, y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, entre otros, quienes entregaron una carta al bufete Central Law para exigir se retiren como asesores legales de las ZEDE.
PROFESIONALES DEL DERECHO REAFIRMAN VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
El profesional del derecho y oficial Jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Rafael Jerez, sostuvo que «desde una perspectiva técnico-jurídica, las ZEDE tienen vicios de inconstitucionalidad» por lo que no debieron existir, pues de la forma en que fueron aprobadas van en contradicción a la Constitución de la República.
El vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Antonio García, afirmó que la Ley Orgánica de las ZEDE es inconstitucional. Agregó que la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), antes de la remoción de magistrados del 12 de diciembre del 2012, la declaró inconstitucional.
En ese momento, eran conocidas como Redes Especiales de Desarrollo (RED), el concepto se mantuvo y lo que hicieron fue cambiarle el nombre para enviarlas nuevamente al Congreso Nacional, manifestó.
El abogado García también alertó que las ZEDE pueden servir de refugio para quienes sean solicitados en extradición. Esto debido a las libertades extendidas por medio de la Ley Orgánica en relación a la administración de justicia e independencia de administración territorial.
CONOCE MÁS SOBRE LAS ZEDE
Criterio.hn publicó en noviembre de 2020 una serie de artículos a profundidad en los cuales se ahondó en la instalación de la primera ZEDE en Honduras y a través de los cuales se identificaron la asociación de los expresidentes Ricardo Maduro y Porfirio Lobo Sosa, junto al actual mandatario Juan Hernández en el controvertido proyecto, que según expertos en Derecho Constitucional violenta la soberanía nacional.
También se profundizó en la problemática que enfrentan los pobladores de Crawfish Rock ante la amenaza de expansión en su territorio ancestral de la ZEDE Honduras Próspera, y cómo desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente -antes Serna, ahora Mi Ambiente- se aprueban licencias ambientales en una zona clasificada como “restringida” por la Ley Especial de las Áreas Protegidas de Islas de la Bahía.
