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COPINH exige esclarecer responsabilidad de Ficohsa, BCIE y FMO en crimen de Berta Cáceres

crimen de Berta Cáceres

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Tegucigalpa. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) exigió el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos Ficohsa, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco holandés FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.

El reclamo fue realizado durante una conferencia de prensa organizada por el COPINH y que contó con la participación del Equipo Legal de la Causa Berta Cáceres, la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, la Global Justice Association y las organizaciones holandesas Both ENDS y SOMO.

El COPINH saludo la decisión del banco FMO en no otorgar el préstamo por US $60 millones a banco Ficohsa, subrayando la importancia de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que sufren el coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las elites. Sobre todo cuando estos proyectos afectan los derechos al agua, el territorio y que conllevan al desplazamiento, la criminalización y el asesinato de personas que reinvindican sus legitimos derechos.

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Resaltaron mediante un comunicado que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento de Banco Fichosa al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de la reiterada negación por parte de Ficohsa.

Las organizaciones holandesas Both ENDS y SOMO, a través de sus representantes Anne de Jonghe y Luis Scungio, respectivamente, hicieron un llamado a transparentar las motivaciones para la no aprobación del préstamo a Ficohsa, y las implicaciones de esta decisión sobre otras relaciones que mantienen con el banco hondureño. Asimismo, le solicitaron dialogar con los grupos interesados (sus stakeholders) y ser cristalinos sobre cuál es el destino final de sus inversiones que realizan a través de este banco que ha ejercido funciones de intermediario en Honduras.

El COPINH recordó que Agua Zarca no es el único proyecto inconsulto que violenta los derechos de los pueblos en Honduras. Reconoció el trabajo de otras comunidades y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como es el caso del proyecto Jilamito en Atlántida.

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LLAMADO AL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

La coordinadora general del COPINH, Bertha Zúniga Cáceres, exhortó a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional que financia y respalda proyectos de despojo, responsables del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades hondureñas, otras regiones del Abya Yala y el sur global.

«Para nosotras este es un momento muy importante ya que venimos luchando para que se asuma la responsabilidad, luchando también por el acceso a la información de cuánto invierten, de qué manera hacen contrato con empresas. Deben demostrar también los antecedentes que tienen muchas de estas instituciones», declaró Zúniga.

El abogado Víctor Fernández, integrante del equipo legal de la Causa Berta Cáceres, remarcó que las comunicaciones obtenidas del vaciado telefónico infieren un reclamo de transparencia y mayor publicidad en lo que refiere a los términos en que el sistema financiero se involucra en los proyectos.

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Asimismo, expuso que ojalá esos fondos del sistema internacional financiero fuesen realmente usados para el desarrollo de los pueblos, sin embargo, están financiando disputas, violencia y a los generadores del subdesarrollo de los pueblos como es el sistema financiero nacional.  «Es el sector que más se lucra, el que más genera desigualdades aquí en nuestra sociedad», apuntó.

La representante de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Mara Bocaletti, sostuvo que no se puede seguir aceptando proyectos que vulneren los derechos humanos y que no cumplen los mejores estándares posibles, pues al no cumplir con derechos fundamentales como el derecho de consulta «abre lugar a un círculo vicioso negativo» que exacerba la conflictividad y ruptura social.

También afirmó: «Las empresas modernas deben ser reconocidas por su coherencia en la promoción del desarrollo sostenible y de los derechos humanos. […] No estamos para nada en contra del desarrollo, pero nuestro trabajo es exigir que los proyectos cuenten con reglas claras sobre información, participación y cumplir con las salvaguardas sociales y ambientales que no es un costo económico o un obstáculo sino un proceso para promover la efectividad y reducir los riesgos y daños de los proyectos».

Finalmente, manifestó que es obligación de los Estados diseñar políticas públicas desde y para los pueblos indígenas, mestizos y campesinos «que prioricen las necesidades de la población y que no sean impuestos desde los intereses de los sectores privados».

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