Nación.

Honduras envía un pésimo mensaje a la inversión extranjera al no cumplir sentencias de la CIDH

Emilio Álvarez Icaza

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Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Ante el incumplimiento de sentencias y de medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  el Estado de  Honduras está enviando un pésimo mensaje a la inversión extranjera porque está poniendo en precario el Estado de Derecho.

Lo anterior lo advirtió el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icazo, quien hizo una radiografía de la situación actual de Honduras en el marco del cumplimiento de las sentencias y medidas cautelares impuestas por el organismo ante la violación de varios derechos fundamentales.

“Cuando un país no cumple una sentencia se genera un pésimo mensaje en cuanto a la vigencia del Estado de Derecho y eso no solo afecta la legalidad sino que afecta la imagen de cumplimiento de país a nivel internacional que inclusive para los inversionistas es un factor de decisión, si un país no cumple sus compromisos internacionales  no hay ni siquiera certeza jurídica que pueda ampliarse a otros terrenos”, expresó Álvarez Icazo.

El jurista también dijo que con el proceder las autoridades hondureñas tampoco quieren reconstruir el tejido social fuertemente afectado por el golpe de Estado de 2009, que trajo como consecuencia varias arbitrariedades producto de violaciones.

El incumplimiento de Honduras hacia las sentencias de la CIDH, ha sido señalado durante las dos últimas presentaciones del Examen Periódico Universal.

El tribunal con sede en San José, Costa Rica ordenó a Honduras el pasado 10 de noviembre a  restituir a tres jueces y una magistrada, destituidos por rechazar el golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya en 2009.

Los jueces Adán López Lone, Luis Chéves de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, fueron víctimas de «procesos disciplinarios arbitrarios» y de la pérdida de sus cargos «por manifestar públicamente su defensa de la democracia y el estado de derecho en Honduras», dijo en su momento la CIDH.

“Es preocupante, en  términos que se genera una tensión de incumplimiento y por eso subrayamos la importancia que estamos en el momento de cumplir con la sentencia que la Corte ha dicho”, apuntó, Álvarez Icazo, al referirse al caso de los jueces  y la magistrada.

Álvarez Icazo dijo que quien sufre el incumplimiento es el pueblo de Honduras porque se desaprovecha una oportunidad para reconstruir el tejido social y de avanzar en la justicia que es importante en Honduras.

También manifestó que les  “preocupa mucho la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras, porque junto a México, es uno de los países donde más riesgo se corre”, en el ejercicio del periodismo.

Por su parte Ana Pineda, quien fungió como secretaria de Justicia y Derechos Humanos de Honduras durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), dijo que le “ha impresionado que nuevamente el  Estado de Honduras haya sido condenado por una actuación de la Corte Suprema de Justicia en este último caso, ante la separación de tres jueces y una magistrada del Poder Judicial, cuando la Corte Suprema de Justicia tuvo la posibilidad de avenirse a la solución amistosa”.

Ana Pineda
Ana Pineda

Apuntó que cuando fungió como secretaria de Justicia y Derechos Humanos informó al pleno de la CSJ que como consecuencia de la aplicación del Examen Periódico Universal, se recomendaba la restitución de los jueces, “no obstante no se recibió una respuesta favorable”.

Honduras fue sacado del capítulo cuatro de países violadores de derechos humanos, pero pese a ese extremo, “no es menos cierto que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como otros organismo, todavía tienen la facultad para poder emitir informes concretos sobre la situación de Honduras”, expresó la defensora de los derechos humanos.

Pineda añadió que en los próximos meses se conocerá un informe sobre la situación de los derechos  humanos, y ahí vamos a conocer situaciones concretas  sobre niñez, mujer, diversidad sexual, privados de libertad, sobre la escogencia de funcionarios para el Poder Judicial y otras instituciones del Estado”.

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