La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe que destaca avances en la reducción de homicidios y pobreza en Honduras, pero también subraya preocupaciones sobre la independencia judicial, seguridad ciudadana y conflictividad agraria
Tegucigalpa, Honduras. – La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Ocnudh), presentó el informe Situación de los Derechos humanos en humanos 2024, en que se revela que, a pesar de algunos avances, Honduras enfrenta desafíos significativos en la protección y promoción de los derechos humanos.
Destaca preocupaciones en áreas clave como la independencia judicial, el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana.
Alejandro Álvarez, coordinador residente de las Naciones Unidas en Honduras, señaló que, en el país durante el 2024, hubo avances en materia de derechos humanos, en ese sentido, destacó la reducción de al menos 9 puntos en la tasa de homicidios, la reducción de la tasa de mortalidad materna, datos de crecimiento económico y reducción de la pobreza, entre otros.
Sin embargo, enfatizó que aún persisten desafíos en el país como la conflictividad agraria y de los recursos naturales. “Este tipo de conflictividad genera muertos, desplazamiento y sufrimiento”, remarcó, añadió que estos conflictos son de larga data que requieren la atención de las autoridades nacionales y actores sociales para resolverlos.
La persistencia del histórico conflicto agrario en el Bajo Aguán es motivo de preocupación, especialmente ante la falta de establecimiento de la Comisión derivada de los acuerdos suscritos en 2022 con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, un mecanismo fundamental para avanzar hacia una solución basada en el respeto a los derechos humanos, incluyendo la reparación a las víctimas y el acceso a la justicia.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Bardia Jebeli, representante adjunto y oficial a cargo de la Oacnudh, destacó que, aunque se ha registrado una leve reducción en los niveles de pobreza relativa y extrema, Honduras sigue siendo el país con el índice de desarrollo humano más bajo de la región.
De igual manera, señaló que la tasa de homicidios disminuyó un 9%, pero sigue siendo una de las más altas de América Latina. El desplazamiento forzado, la extorsión y la violencia sexual son problemas persistentes.
Uno de los puntos críticos señalados por la Oacnudh es la debilidad institucional y la falta de independencia judicial. El informe denuncia la posible influencia indebida de actores externos en los procesos judiciales y la falta de medidas de protección para los operadores de justicia que investigan casos delicados. La ausencia de una ley de carrera judicial y la falta de recursos técnicos y financieros también socavan la independencia del sistema judicial.
De igual manera, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío importante en Honduras, especialmente en casos de violaciones de derechos humanos. Oacnudh destaca deficiencias en los procesos de investigación y persecución penal, incluyendo la falta de coordinación entre fiscalías, la ausencia de análisis contextuales adecuados y la escasa participación de las víctimas.
También, señaló que la prolongación del estado de excepción, adoptado en 2022, también genera preocupación debido a la falta de control legislativo y las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Jebeli, enfatizó que la persistencia de la cultura patriarcal “atenta cualquier esfuerzo de construir una sociedad más igualitaria”. Añadió que persisten desafíos en la integración de la perspectiva de género, en la investigación y judicialización de casos de muertes violentas y otro tipo de violaciones contra las mujeres.
Por otro lado, Jebeli lamentó que, aunque se aprobó la ley de casas refugio, esta no cuenta con su reglamento, lo que ha limitado su aplicación.
RECOMENDACIONES DE LA OACNUDH
De las múltiples recomendaciones emitidas en el informe, destacan aquellas dirigidas a fortalecer el Estado de derecho y el acceso a la justicia. Se insta a garantizar la independencia judicial mediante una ley de carrera judicial que asegure la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales, además de proveer recursos técnicos y financieros adecuados.
Asimismo, se recomienda fortalecer los mecanismos de investigación y persecución penal, especialmente en casos de violaciones de derechos humanos, asegurando la coordinación entre fiscalías y la participación de las víctimas.
Otra área prioritaria de recomendaciones se enfoca en la seguridad y los derechos humanos. El informe subraya la importancia de adoptar políticas de seguridad con un enfoque de derechos humanos, evitando medidas represivas que puedan afectar las libertades fundamentales.
