Por: Aimée Cárcamo
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa. -La mayoría de los estudiantes del Instituto Perla del Ulúa son de bajos recursos económicos, dice la profesora de matemáticas Claudia Motiño: Llegan a clases sin desayunar, tienen pocas posibilidades de almorzar y, con mucha suerte, pueden comprar un “churro” y un refresco para merendar.
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La pandemia hizo más evidentes otras carencias de los alumnos de ese colegio público ubicado en El Progreso, 249 kilómetros al norte de Tegucigalpa, entre ellas las dificultades para pagar una conexión a internet y la falta de equipo electrónico básico como un celular inteligente.
El Progreso es el más poblado de los once municipios de Yoro, que es a su vez uno de los departamentos con mayor cantidad de hogares con población emigrante internacional, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esa migración, cuya manifestación más extrema son las caravanas, se refleja también en el Perla del Ulúa donde “siempre tenemos deserción porque los papás emigran”, pero en 2020 “diría que hasta hubo más que otros años”, dice Motiño.
El otro factor que afectó fueron las clases no presenciales, que resultaron en más deserción debido a los problemas de conexión o de falta de un teléfono móvil o celular, ni se diga de una computadora.
Estas condiciones, además del analfabetismo digital, limitaron a los maestros en el uso de plataformas educativas en línea u otras herramientas tecnológicas.
Al final, lo único que les funcionó a los maestros fue mandar y recibir las tareas por Whatsapp.
La profesora Karla Contreras trabajó durante casi nueve meses en el Centro de Educación Básica Alfonso Guillén Zelaya de la aldea Cuevecitas, municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán, a unos 33 kilómetros al sur de la capital hondureña.
Después que el gobierno ordenó el confinamiento en marzo del año pasado, iniciando las clases virtuales, el grupo de unos 30 estudiantes de ciclo común se redujo casi a la mitad cuando los jóvenes que no tenían celular optaron por retirarse.
Cuevecitas, localizada en la montaña de Izopo, es una comunidad muy pobre dedicada a la agricultura de subsistencia y donde la educación está “sumamente olvidada”, dice Contreras, quien se encontró con que muchos de sus estudiantes no sabían usar el correo electrónico y tenían poco o nulo conocimiento de las redes sociales.
Para comunicarse -algunos de ellos con celulares prestados- la mayoría usaba Whatsapp y los menos, Facebook, o los llamaba directamente a su teléfono.
La conexión a internet en esta zona rural es muy complicada y ella misma tenía que caminar una cuadra fuera del centro educativo para buscar señal.
Para llegar a estas regiones, compensar las limitantes tecnológicas y complementar las clases a distancia, el Congreso Nacional aprobó en julio del año pasado el decreto No.60-2020 para que las televisoras y radiodifusoras cedieran espacio a los contenidos educativos proporcionados por la Secretaría de Educación.
El problema, para Motiño, es que no avisaron a los docentes los días ni los grados ni los temas de las clases. “Ellos tiraban los programas, pero a saber quién los miraba”.
En el caso de la profesora Contreras, cuando supo que las clases se transmitirían por los canales de televisión, HCH, Suyapa TV, Canal 11 y Canal 13, entre otros, envió un mensaje por teléfono con la información a sus estudiantes, pero como la comunicación era tan espaciada supo hasta varios días después que no tenían televisión por cable en sus casas.
El gobierno también distribuyó cuadernos de trabajo, pero “los temas no encajaron con los libros que nosotros tenemos actualmente, eso fue bastante desordenado, un buen recurso, pero muy mal aprovechado”, lamenta Motiño.
Mientras que Contreras ya había trabajado parte de los temas con sus pupilos de Cuevecitas y se pregunta si “solo lo hizo el gobierno como patarata para que se viera”, ya que tampoco hubo comunicación con los docentes sobre estos materiales.
En octubre, la maestra de sociales dejó el área rural y comenzó a trabajar en el instituto 21 de Octubre de Tegucigalpa. Sus nuevos alumnos del ciclo diversificado tenían mayor acceso a recursos tecnológicos, así fuera un teléfono prestado, aunque muy pocos disponían de una computadora.
Igual que en el campo, donde los jóvenes colaboran con sus padres en las labores agrícolas o del hogar, en la ciudad se encontró con que sus nuevos pupilos trabajaban o ayudaban en el negocio familiar para contribuir al sustento de sus hogares.
“Nos tuvimos que adecuar, básicamente, al horario de ellos”, dice la maestra, y reconoce las tribulaciones de estos jóvenes y sus padres por la situación económica debido a la pandemia de Covid-19.
Al final, según el balance que hace Motiño de 2020, en su colegio aprobaron unos 70 de los aproximadamente 300 alumnos de ciclo común y bachillerato a los que daba clases con notas bajas y mediocres. El resto fue a la escuelita para intentar salvar uno de los peores años en la historia de la educación hondureña.
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BAJA LA MATRÍCULA, SUBE LA DESERCIÓN
“La cantidad de niños que se han ido matriculando año con año es cada vez más baja”, dice el investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) Russbel Hernández. Mientras, la deserción ha ido en aumento.
En 2020, alrededor de un millón 300 mil niños, niñas y jóvenes no se matricularon en los niveles de prebásica, básica y media, lo que equivale a casi el 40 % de la población de 3 a 18 años del país fuera del sistema educativo.
De los que sí se matricularon, según estimaciones del Observatorio de Educación y del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la UPNFM, desertaron entre 500 mil y 600 mil.
La Secretaría de Educación por su parte establece que fueron 350 mil los que desertaron, cifra que de ser cierta equivale al triple del año previo (2019), cuando el número de menores que abandonaron las aulas entre marzo y octubre fue de 103 mil.
“Si uno suma los que ni siquiera se habían matriculado más los que desertaron, estamos hablando de casi un millón 900 mil niños, casi dos tercios de la población en edad escolar”, dice Hernández.
¿Por qué desertaron? Para el investigador de la Pedagógica, entre los factores clave está la pandemia, que dejó sin el sustento a muchos hogares que no pueden costear el internet para que sus hijos reciban las clases virtuales, y también la falta de señal telefónica y de internet en algunas regiones de Honduras.
En 2013 fue aprobada la Ley de Alfabetización en Tecnologías de Información y Comunicación con el propósito de reducir la brecha digital e impulsar la alfabetización tecnológica en el país. Los resultados aún están por verse.
Al año siguiente, se creó el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FITT), conocido como Ley Casaña.
Uno de los propósitos de este fondo es mejorar la infraestructura tecnológica y proveer de internet a los centros educativos, pero según se lee en una publicación de la página web de la Secretaría Educación, en la actualidad solo unas 500 de las 22 mil escuelas y colegios tienen conectividad. La meta para este año dice Educación, es sumar a otras 1,100 escuelas.
El decreto No.60-2020, aprobado en el marco de la emergencia sanitaria, establece también la dotación de internet “gratuito” a maestros y estudiantes del sector público.
Criterio.hn consultó a través de la oficina de Relaciones Públicas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre la cantidad que se ha percibido por concepto del fondo FITT y en qué se ha invertido, sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no se había obtenido respuesta.
Hasta 2019, los usuarios de internet en Honduras equivalían a menos del 40 % de la población, según los datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Russbel Hernández analiza que si este año no se provee de conectividad a las familias y si no se realiza un retorno escalonado a las aulas será mucha la cantidad de niños, niñas y jóvenes que no se van a matricular, incluso más que el año anterior.
Precisó que, según las estadísticas de contagios de Covid-19, hay unos 71 municipios que han tenido veinte o menos casos reportados en diez meses y casi 128 con menos de 40, en los que se pueden dar clases presenciales teniendo en cuenta las normas de bioseguridad.
En esa línea, señaló las contradicciones de algunos dirigentes magisteriales que defienden que el docente no puede ser sustituido por la tecnología, lo cual es un “argumento válido”, pero a la vez se oponen rotundamente al regreso presencial a las aulas incluso en regiones con menor propagación del virus.
Sin precisar detalles, el secretario de Educación Arnaldo Bueso anunció en declaraciones reproducidas en varios medios que este año se darán clases presenciales en algunos centros educativos de comunidades con baja incidencia de Covid-19.
Criterio.hn solicitó una entrevista con el servidor público, pero no contestó los mensajes enviados a su celular.
En 2021, dijo Hernández, hay 187 mil nuevos niños de 5 años que deberían estar en prebásica obligatoria y 191 mil de seis años que deberían entrar a primer grado, pero se deben generar las condiciones para ellos porque “si no tienen conectividad, ¿cómo se van a matricular?”.
Estudios internacionales comparativos han encontrado que los niños de noveno grado en Honduras tienen conocimientos similares a los de séptimo grado en Costa Rica y a los de quinto grado en Chile.
Un rezago que empeorará debido a la pandemia, porque “esta generación 2020 sin duda alguna va a tener un retraso fuerte en su aprendizaje”, comenta el investigador de la Universidad Pedagógica.
DESERCIÓN Y PANDILLAS
“La deserción escolar facilita el reclutamiento de NNAJ (Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes) para las pandillas”, señala el Estudio de la Situación de Maras y Pandillas en Honduras (2019) del PNUD y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
Los procesos de reclutamiento se dirigen fundamentalmente a captar preadolescentes en riesgo, según el documento, siendo el período de entre 10 y 13 años el más vulnerable “para que una niña, niño o adolescente ingrese a una pandilla”.
El estudio encontró que de los más de 80 pandilleros y expandilleros entrevistados el 40 % ingresó a estos grupos entre los 10 y 13 años; el 31 % entre los 14 y 16 años; y el 29 % entre los 17 y 19 años.
Las limitaciones en educación son parte de los factores que contribuyen a la sostenibilidad de las pandillas, a través del reclutamiento de infantes y jóvenes, añade la investigación que señala también la existencia de una correlación directa con las actividades de las pandillas y las causas de la deserción escolar.
Pero, así como la educación en Honduras ha estado en crisis desde antes de la pandemia y de los huracanes de noviembre pasado, también han venido ocurriendo los casos de reclutamiento forzado de menores, ya sea por maras o por otras estructuras criminales, dice el analista del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra.
En los últimos cinco años, las organizaciones defensoras de derechos humanos han conocido de una gran cantidad de denuncias de este tipo que padres o encargados de menores han hecho ante la Policía Nacional o el Ministerio Público y que no encuentran respuesta, afirma el defensor.
“Y claro, cuando escuchamos que este millón de niños antes de la pandemia estaba fuera de los centros educativos, obviamente, una de las primeras alertas es que pueden llegar a ser víctimas de este reclutamiento forzado”.
En febrero de 2019, la Secretaría de Educación presentó la Estrategia Nacional de Prevención y Seguridad Escolar, para atender los altos índices de violencia en la comunidad educativa relacionados, entre otros, con la actividad delictiva que incluye la asociación en grupos pandilleriles.
El riesgo que representan estas asociaciones al margen de la ley no solo es el reclutamiento forzado, sino que debido a la precarización económica estos grupos puedan representar también “un abanico muy variado de oportunidades para los niños y jóvenes en riesgo”, como apunta el informe de ASJ y el PNUD.
GENERACIÓN PERDIDA
“El gran riesgo es que esta generación se pierda”, dice el exsecretario de Educación, Marlon Brevé, quien también es el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras.
Los más de un millón de niños y jóvenes que no se matricularon en 2020, más los que desertaron, están en riesgo de desconectarse del sistema y no volver, para convertirse en una carga demográfica y en un riesgo social por su baja escolaridad. Dicha perspectiva es ilógica, dice Brevé, porque Honduras debería aprovechar su bono demográfico.
Esto es, según la definición del Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuando “la carga demográfica desciende a valores nunca observados haciendo que las poblaciones productivas sostengan menos dependientes”.
En Honduras, según el Centro Latinoamericano y Caribeño (Celade), ese bono o ventaja demográfica abarca el período de 2015 a 2040.
Este fenómeno ofrece la oportunidad de acelerar el crecimiento de un país, pero se requieren políticas y acciones en capital humano.
“Honduras se ha empobrecido aún más con la pandemia y las dos tormentas”, dice Brevé, para quien es posible que más de un 70 por ciento de la población esté en la pobreza y más de esa mitad en extrema pobreza.
“Son los que han desertado, no tienen recursos para comprar internet, a veces no tienen dispositivos en sus casas, no tienen computadora”. Esa es la población que está en riesgo, pero no solamente los niños y jóvenes, también sus padres.
“Me gustaría que Conatel demostrara que son empresas del Estado, que hacen su labor y que preparen la infraestructura tecnológica para que después haya acceso gratuito” para docentes y estudiantes en centros públicos. Y que, al menos, la Secretaría de Educación provea a cada uno de los 60 mil docentes con un dispositivo; lamentablemente, “hemos tenido diez meses para planificar y no se ven resultados todavía”.
En una reunión con el secretario de Educación “nos decía que de esos 17,500 centros (públicos del país) cinco mil tenían computadoras, que le entregaron cinco mil tablets a los niños… pero cinco mil tablets en una matrícula de dos millones es insignificante”.
Brevé es categórico en que el gobierno tiene que hacer algo y que este año tiene que ser de inversión, recuperación y protección social “y eso incluye salud y educación”.
El presupuesto de 32 mil millones de lempiras asignado a educación para el 2021 “es el más alto de toda la historia y, sin embargo, no hay todavía certeza de que esos recursos van a llegar a tener una incidencia en la educación o en la cobertura”.
Con esa cantidad de fondos hay una holgura para invertir que se tiene que aprovechar, el problema es que no se ejecuta ni se invierte ni se transfiere debido, en parte, a la centralización “porque hay una concentración de poder increíble en el país”, reflexiona Brevé.
Si esos recursos no llegan a los 298 municipios no habrá un impacto en la cobertura y en la calidad de la educación, sostiene.
Brevé enfatiza que en Honduras no solo hay una crisis sanitaria, sino también educativa y la preocupación es tan grande que los rectores de las 21 universidades públicas y privadas, así como la Asociación de Medios de Comunicación entregaron al secretario Bueso una propuesta basada en el Plan Estratégico del Sector Educativo (PESE) para el período 2021-2030, pero priorizada y adaptada a las pandemias y a los huracanes.
El documento plantea 38 acciones, 20 de mediano plazo y 18 de corto plazo, de las que 12 son de «altísima prioridad». Una de las propuestas es identificar a los niños, niñas y jóvenes que han abandonado el sistema educativo y generar un plan de recuperación de estos estudiantes en los 298 municipios. “Si se hace desde Tegucigalpa no se va a lograr nada, hay que descentralizar”, insiste Brevé.
Por ahora, las autoridades educativas tienen el beneficio de la duda, pero el primer indicador será la matrícula que se extenderá hasta marzo con una meta de dos millones de niños y adolescentes.
Para el también rector de Unitec, Honduras está al borde de un abismo debido al deterioro educativo y si este no se frena va a ser desastroso para el futuro de esa generación y del país.
