Por: Engels López
En el período del 23 al 29 de junio la coyuntura electoral giro alrededor de los siguientes acontecimientos: i) renuncia forzada del ministro de SEDESOL por irregularidades en el manejo de fondos públicos para fines electorales y, ii) movilización en la conmemoración de 16 años del Golpe de Estado y contra el fraude. Lo anterior acontece en un marco de país, donde la corrupción política sigue marcando la dinámica partidaria en una ventana de legalización de la corrupción heredada del neoliberalismo y de las lógicas clientelares del sistema de partidos.
Con relación a la renuncia forzada (utilizo este término) porque José Cardona se vio obligado a renunciar, más por un dilema ético-moral, que, por un compromiso político e ideológico de militante, en un Partido que en sus estatutos comulga con los principios del progresismo y la izquierda política. Sin duda este punto es crítico, debido a que LIBRE, como Partido que tiene un origen subalterno, (no es un Partido de las élites tradicionales) su militancia espera que actúe acordé a sus principios fundacionales y coloque a sus mejores cuadros al frente de instituciones estratégicas, como la SEDESOL. Siempre he sostenido que uno de los principales límites del Proyecto de la Refundación, ha sido una gestión institucional precaria determinada por la corrupción de lo político y la fechitización de poder presente en gran parte de las secretarías del estado.
En Honduras, la corrupción a través del desvío de fondos públicos para fines electorales es una expresión de los desajustes políticos e institucionales del modelo económico neoliberal. ¿Como ha operado lo anterior? Primero, mediante la desregularización y privatización del Estado. Segundo, a través de mecanismos de legitimación de la corrupción para la acumulación de capital. Y tercero, alrededor del control de las élites políticas sobre los sistemas de contrapeso institucional. Esto ha generado que la corrupción se presente como un factor estructural producto de lo cambios que ha sufrido la sociedad hondureña en términos económicos y políticos en las últimas décadas, parafraseando a Manuel Castells y Fernando Calderón.
En ese sentido lo que ha movilizado la corrupción política electoral en la sociedad hondureña, ha sido la corrupción de lo político y la fetichización del poder. El primero consiste en la “Voluntad-de-No-Hacer”. Los funcionarios corrompen lo político, mediante prácticas corruptas que vacían el rasgo democrático de las instituciones públicas hasta que las hacen perder su rumbo. El segundo consiste en la “Voluntad-de-Poder”. Mediante el dominio absoluto sobre las instituciones y los demás, en un marco de obediencia y violencia permanente. El poder del pueblo, la soberanía popular y la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes se aleja de la voluntad general de la comunidad política, como en su momento lo expuso Karl Marx, Enrique Dussel y Rousseau.
¿Qué tiene que ver esto con el proceso electoral? Tiene mucha relación, ya que Honduras, además de ser una sociedad polarizada, es también una sociedad hiper privatizada, donde las relaciones sociales y políticas se determinan por transacciones de coste y beneficio, conllevando a que la democracia electoral sea un juego exclusivamente competitivo que funcionan bajo las lógicas del mercado, como ampliamente ha sido expuesto por Schumpeter. Esta racionalidad política competitiva del sistema electoral ha generado la legitimización de la corrupción y aumentado la falta de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos.
En ese marco de tensiones, se presentan algunas consecuencias de la corrupción política en la actual coyuntura electoral. Por un lado, la destrucción del vínculo de confianza entre los partidos políticos y la ciudadanía, lo cual trasciende aspectos ideológicos como izquierda o derecha, dictadura y democracia, las personas pueden desconfiar de cualquiera partido político.
Por otro lado, la consagración de la política del escándalo como forma de conflicto político, como ha quedado evidenciado con el caso de Cardona y otros más, donde las posiciones no se dirimen en las instituciones, sino en un espacio público sesgado por las redes sociales y los medios de comunicación. Es decir, la política mediática consiste en la destrucción de la imagen del oponente exponiendo su corrupción, como señala Manuel Castells. Por último, la judicialización de la política, ante un sistema judicial débil y con falta de autonomía que conlleva a que las diferencias políticas entre los partidos escalen a estadios de violencia pura y dura confrontación.
¡Hasta la próxima semana!
