Tegucigalpa. Cuando faltan 24 días para la realización de las elecciones generales, la incertidumbre que rodea el proceso electoral podría generar una nueva crisis postelectoral con mayores repercusiones en materia económica sumado a la problemática causada por la pandemia de la COVID-19 y las repercusiones por la devastación de los fenómenos climáticos Eta e Iota.
El fantasma del fraude o la no aceptación de los resultados, son temores permanentes entre el electorado y esas posibilidades son también analizadas por el empresariado de Honduras y por organismos vigilantes del proceso electoral y del comportamiento económico del país y sus posibles repercusiones.
Estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), indican que alrededor de diez millones de lempiras se pierden a diario cuando se realizan protestas y tomas de carretera.
Proyecciones del Fosdeh indican que Honduras podría cerrar el año con un crecimiento económico entre el 3 y 4%, sin embargo, una nueva crisis postelectoral como sucedió en 2017 generaría un crecimiento negativo.
Según datos del Foro Hondureño de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), durante las protestas, tomas de carreteras y saqueos en diferentes regiones del país en el proceso electoral de 2017 las pérdidas económicas ascendieron a más de 70 millones de dólares, es decir, más de 1,600 millones de lempiras.
Además, unos cuatro mil empleos se perdieron debido a que la crisis de ese año se extendió hasta diciembre época del año que genera ingresos superiores a los cinco mil millones, según cifras del Banco Central de Honduras (BCH).
Ismael Zepeda, economista del Fosdeh, advierte que las elecciones serán determinantes en el tema económico si no se tiene un proceso electoral confiable que desemboque una convulsión social.
“Ante la recta final de un proceso electoral, posiblemente con alguna polarización, violencia política y no aceptar los resultados, estaríamos hablando que podría haber una reducción de estas proyecciones y el gran problema sería los próximos cuatro años teniendo un gobierno ilegítimo que no tenga la legalidad y sobre todo el respaldo popular que genere más incertidumbre”, advierte.
Según Zepeda, si el escenario político se repite, en el que asuma el poder un gobierno ilegítimo, se continuará con una reducción de la inversión extranjera y nacional viviendo otros cuatro años en el deterioro de Estado y económico.
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LA PANDEMIA Y LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS
Informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y del Cohep, revelan que la pandemia junto a los meteoros Eta e Iota generó 792,409 nuevos pobres y un diez por ciento de las empresas cerraron operaciones lo que causó que tres de cada diez asalariados perdieran su fuente de trabajo.
Las personas desempleadas aumentaron en 207,242 y el subempleo en 573,297, mientras que 708,608 hondureños económicamente activas no salen a buscar trabajo porque no creen que encontrarán una oportunidad.
Zepeda augura que, si de las votaciones generales de noviembre resulta un gobierno ilegítimo, los crecimientos económicos serían mínimos por lo que “es vital un proceso electoral confiable, creíble, libre y democrático y que la institución electoral dé la certeza que, quien haya ganado, haya ganado bien”.
VÍCTIMAS MORTALES, OTRO RESULTADO DE CRISIS ELECTORALES
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH), confirmó que al menos 20 muertes de 43 casos son consecuencia de la crisis electoral de 2017 siendo 17 civiles asesinados por miembros de la seguridad del Estado y tres oficiales de la Policía Nacional.
En tanto, la máxima entidad empresarial, organismos de sociedad civil e internacionales instan a la clase política firmar un acuerdo de paz en el que se comprometan a respaldar el proceso electoral, acompañar al organismo rector de los comicios y respetar los resultados que surjan de las votaciones.
