Analistas coinciden en que herramientas dejadas por el régimen de JOH se mantienen
Tegucigalpa.- Las herencias del régimen autoritario del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora enfrentando cargos por narcotráfico en Estados Unidos, se mantienen vigentes dentro de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
A nivel del Ejecutivo, normas como la actual Ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNDS), aprobada en 2011, continúa sin ser derogada a falta de consensos entre las bancadas del Congreso Nacional, desde agosto de 2022, cuando una comisión legislativa sometió al pleno el dictamen. El rechazo provino de las bancadas del Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH).
La Ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa fue una herramienta que Juan Orlando Hernández utilizó a su favor con el propósito de someter, a voluntad del Ejecutivo, a los poderes Legislativo y Judicial.
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«Si uno ve el CNDS, está claro, pues, que más que un órgano de coordinación de poderes es un supragobierno, bajo el cual los otros dos poderes se someten al Ejecutivo, aunque el nuevo Gobierno ha intentado hacer esta reforma», consideró el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), Joaquín Mejía, en conversación con Criterio.hn.
El 1 de septiembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) con la vigente normativa, sentándose por primera vez con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y con el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, dos personas leales al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ahora extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
Durante dicha reunión, la primera que se realiza desde que Castro ascendió al poder el 27 de enero de 2022, se nombró a los comisionados policiales Raúl Mejía y Ángel Luque, respectivamente, como director y subdirector de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), ente ejecutor de políticas públicas de defensa y seguridad.
LOS SUPLENTES EN EL CONGRESO NACIONAL
A nivel del Congreso Nacional, una reforma hecha al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, permitió que la actual Junta Directiva del Congreso Nacional fuera elegida con votos de diputados y diputadas suplentes, al igual que la aprobación de la Ley de Amnistía Política. La reforma, publicada en decreto días antes de que finalizara la cuarta legislatura del periodo 2018-2022, establece que los 128 diputados suplentes deben incorporarse a las sesiones.
«La forma en que se eligió la Junta Directiva del Congreso, con suplentes, es una muestra de que los actuales diputados se han dado cuenta de que algunas herramientas que era nociva ahora son útiles», expresó, en entrevista con Criterio.hn, el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, sigla en inglés), Luis León.
Por su parte, el sociólogo Armando Orellana lo atribuyó a maniobras políticas. «En el Congreso la reforma al artículo 49 se presta a maniobras políticas, lo de integrar a los suplentes, y deja abierta esa posibilidad y ese riesgo», dijo a este medio digital.
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Además, dijo que es importante que «se discuta para que se tomen las iniciativas en la legislación hondureña» y «modificar estas estructuras que facilitan acciones que implican trastornos del funcionamiento correcto del Estado a los tres niveles».
Añadió que existen estructuras que dejó el gobierno anterior que deben ser modificadas en función de fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho.
SUPERPODERES DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Otro ejemplo recientemente expuesto por Criterio.hn es la concentración de poderes que ostenta el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ante la ausencia de una apropiada Ley de Carrera Judicial se atribuye funciones administrativas, como el nombramiento y remoción de funcionarios del Poder Judicial, algo que además promueve el sectarismo político a lo interno del sistema de administración e impartición de justicia.
«Creo que el peligro que corre la nueva administración es caer en un nuevo abuso, por lo que veo necesario hacer una revisión, pero eso le corresponde al Congreso Nacional, que debe identificar cómo ha quedado estructurado el Estado y así volver a los principios básicos de la separación de poderes, y que se permita que Honduras vuelva a ser un estado más parlamentarista que presidencialista. Eso pasó con Juan Orlando Hernández, que el Legislativo dejó de ser el centro del debate del poder y pasó al Ejecutivo», concluyó Joaquín Mejía.
