Hablar de aborto en Honduras es un tema tabú, pese a ser una realidad que debe ser atendida
En este reportaje Criterio.hn cuenta la historia de una joven mujer que fue criminalizada durante cinco años por un sistema sanitario y judicial que le marcó negativamente su vida.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
El sistema sanitario público contabilizó entre 2019 y agosto de 2023 más de 30,000 abortos, pero la cifra podría ser mucho más amplia, sí se considera el subregistro de atenciones.
Texto: Breidy Hernández
Edición: Emy Padilla
Diseño y gráficos: Guillermo Burgos
Fotografías: Horacio Lorca
Tegucigalpa, Honduras. – A lo lejos vi caminar a una mujer joven, con una personalidad fuerte, cada paso que daba –mientras se acercaba— lo dio sin bajar la mirada, segura de sí misma, pero sobre todo con una fortaleza que desarrolló en los últimos cinco años.
Claudia Barrientos, una mujer de 26 años, se enfrentó a un sistema judicial que, según las mujeres de Honduras les ha dejado mucho a deber.
A penas tenía 21 años cuando fue acusada por el delito de aborto y capturada, en el materno Infantil del Hospital Escuela, el principal centro hospitalario de este país centroamericano donde confluye la mayor cantidad de pacientes en el sector público.
Claudia dialogó con Criterio.hn, nos contó el proceso judicial que vivió y, lo más duro para ella, perder a su hijo cuando tenía seis meses de gestación.
Nos sentamos en una banca, justo debajo de unos árboles de almendra, donde los rayos de sol traspasaban levemente por las hojas que se movían al compás del viento.
Un fuerte suspiro fue el inicio –sabía que era la señal para iniciar con la conversación— Claudia nos comenzó a contar que durante los primeros meses del año 2018 visitó, en varias ocasiones, el Centro de Salud de la Aldea de Támara –a unos 26 kilómetros al norte de la capital— por una diversidad de problemas: dolores estomacales, gripes, irregularidades hormonales –confesó que esto último no le generaba mayor preocupación debido a su historial de periodos menstruales irregulares—.
Los médicos que la atendieron en el centro de salud, nunca le mandaron a hacer una prueba de embarazo, razón por la cual, no se percató del embarazo, sino hasta los seis meses, cuando acudió a la emergencia del Hospital Escuela.
A falta de educación sexual y reproductiva, Claudia ignoraba muchas cosas que ocurrían con su organismo, además, al momento de tener relaciones sexuales, de acuerdo con su testimonio, “jamás pensé que en la primera relación quedara embarazada”.
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“MI BEBÉ ESTABA MUERTO”
Nos comentó que en una ocasión –de las tantas que visitó el centro de salud, con dolor abdominal—, le expresó a la ginecóloga que la atendió que sentía que algo se le movía en el vientre. “Me revisó, me palpó y puso un aparatito, para escuchar; me dijo que era normal, que había muchas mujeres que sufrían de dolores cuando ya les iba a venir la regla [menstruación] y que incluso hasta pedían ambulancia”.
Esa visita, la realizó en mayo, un mes antes de darse cuenta que estaba embarazada. Relata que continuó con dolores que no le generaban alarma, porque estaba a la espera de su periodo menstrual. A Claudia le habían diagnosticado ovario poliquístico –un problema hormonal que se produce durante la edad reproductiva, se forman muchos sacos pequeños de líquido, denominados quistes, a lo largo del borde exterior del ovario, además en la mayoría de los casos, el periodo menstrual se ausenta—.
Un día antes de darse cuenta sobre lo que realmente pasaba con su organismo cuenta que empezó con un dolor más fuerte, pero la distancia y la falta de dinero, evitaron que acudiera de manera rápida al hospital.
“No sé si mi bebé ya estaba muerto y por eso el dolor era espantoso”, nos relató alzando su mirada al cielo mientras sus ojos se cristalizaron, quizás el elevar su mirada era una manera de contener las lágrimas, pero fue en vano, las gotas transparentes empezaron a recorrer sus mejías redondeadas, pero con un movimiento rápido de sus manos desvió su curso y prosiguió el relato.
María Antonia Martínez, madre de Claudia y fiel compañera en todo el proceso, comentó sentirse impotente al ver sufrir a su hija por una acusación injusta.
Claudia y su familia viven en El Matazano, una aldea localizada a 30 minutos de la comunidad de Támara, un asentamiento humano que en los últimos 20 años se ha poblado, en su mayoría por familias desplazadas de la capital hondureña por los daños causados por el huracán Mitch en 1998. En El Matazano no hay medios de transporte, hay que llegar hasta Támara, que está a 30 minutos caminando, para tomar un autobús.
Claudia cuenta que antes de llegar al médico y al no soportar el dolor, presionó sus dedos en las costillas, dejando marcas en su abdomen. Esto fue suficiente para que el personal médico, que la atendió, la acusara directamente de provocarse un aborto.
Siguió relatando que, en las afueras del Hospital Escuela, su madre, María Antonia Martínez, esperaba alguna noticia sobre el diagnóstico, cuando de pronto el pequeño celular sonó, la llamaron, los médicos necesitaban una prueba de embarazo –la primera que Claudia se realizaría –, escéptica María Antonia fue a la farmacia más cercana y regresó lo más rápido posible.
Al cabo de una media hora, un médico le confirmó el estado de Claudia. “Me dijeron que mi hija estaba embarazada y que tenía un bebé pero que ya estaba muerto, fue duro y difícil”, recordó Antonia, mientras alzaba su mirada al cielo, de pronto las lágrimas empezaron a recorrer sus mejías. “Era mi primer nieto”, dijo entre lágrimas.
Al recordar lo sucedido, comentó “fue desilusionante que en las cinco veces que mi hija fue al centro de salud, en ninguna le dijeron que estaba embarazada”.
En la sala de emergencia ginecológica, Claudia esperaba se le informara sobre el procedimiento a realizársele después de saber que estaba embarazada, pero que su bebé estaba sin vida. Pero fue hasta tres días después que le realizaron una cesárea.
“Me quedaban viendo feo [personal médico] y comentaban entre ellas. Me hablaban como enojadas, pensaban que yo había abortado”.
Para la doctora Pavlova Polanco, médico general y especialista en salud sexual y reproductiva, este tipo de comportamiento del personal médico tiene que ver con “percepciones personales”. Una situación que no debería darse debido a que debe haber una separación entre lo moral, lo personal y lo científico laboral.
“Lamentablemente el personal de salud no está en constante capacitación con enfoque de derechos humanos donde evitaríamos la estigmatización hacia las mujeres”, señaló la médico.
Hablar de aborto en Honduras, es abordar un tema que genera mucha controversia en todos los sectores, incluyendo al personal de salud, de hecho, para realizar este trabajo periodístico fue difícil entablar una entrevista con alguien que tratara el tema desde la ciencia, porque la mayoría de los médicos que acceden a ser entrevistados optan por hablar desde la moral o de bases religiosas.
Los médicos contactados nos manifestaron que era mejor no hablar del tema porque si lo hacían desde la ciencia corrían el riesgo de ser señalados por la sociedad.
Consultada sobre la situación clínica de Claudia, la doctora Pavlova Polanco, explicó que muchas mujeres pueden presentar algunas diferencias en el embarazo, que dependerá de su estilo de vida, uso de métodos anticonceptivos o problemas hormonales.
“Es un error pensar que todos los embarazos en las mujeres son iguales”, expuso la galena, quien a la vez comentó que Claudia presentaba un periodo menstrual irregular, por lo que la falta de su menstruación no significaba mayor alarma, ni la hizo sospechar de un embarazo.
Entre 2019 y agosto de 2023, en el país se registraron 30,120 abortos entre mujeres, niñas y adolescentes, según una respuesta a una petición de información que Criterio.hn hizo a la Secretaría de Salud a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
El Instituto Guttmacher – organización líder en investigación y políticas comprometidas con el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos— estima que en Honduras hay un promedio de 53 mil abortos cada año desde 2015.
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¿QUÉ ES UN ABORTO?
Un aborto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la terminación de un embarazo antes de las 22 semanas de gestación.
La doctora Pavlova Polanco explicó que el aborto se clasifica en aborto espontáneo –asociado con problemas de salud o inviabilidad del óvulo fecundado—, aborto recurrente [tres abortos en un periodo de un año], aborto inducido –por medio de medicamento o procedimientos quirúrgicos—.
Entre tanto la Secretaría de Salud de Honduras, clasifica el aborto como: aborto espontáneo, aborto no especificado y otro aborto, sin ahondar en las diferencias entre uno y otro.
De acuerdo con el protocolo médico, explicado por la doctora Pavlova Polanco, al presentarse una mujer con amenaza de aborto se debe ingresar como complicación o sospecha, posteriormente realizar exámenes, ultrasonidos etc., para determinar el tipo de aborto.
Aunque aclaró “es muy difícil determinar a primera instancia, sobre todo, en el primer trimestre, si fue inducido”.
De igual manera, explicó que en el segundo y cuarto semestre, es más fácil determinar si el aborto fue inducido debido a características físicas en los genitales o perforaciones en el útero.
Añadió, que en el sistema de salud pública el protocolo médico les obliga a informar al Departamento Legal, cuando se presenta un caso sospechoso de aborto inducido y son ellos quienes se encargan de investigar a profundidad si ocurrió un aborto. Pero aclaró que sólo se da en casos cuando las características físicas arrojan que fue un aborto inducido.
En el caso de Claudia, pese a no tener mayores indicios, el Departamento Legal fue informado por las marcas de sus dedos en un costado del abdomen.
En Honduras el aborto es ilegal, y está tipificado como un delito, penado por la ley. El Código Penal, en su artículo 126, lo define como “la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”, de igual manera señala que quien lo cause de manera intencional será castigado.
Además, en el artículo 127, establece que se impondrán las penas señaladas anteriormente y una de multa de 15 mil a 30 mil lempiras [USD 608 a USD 1,216] al médico que, abusando de su profesión, cause o coopere en el aborto, a los profesionales de la salud, parteros o comadronas que causen o cooperen en el aborto. Estas sanciones se aplicarán a los practicantes de medicina, paramédicos, enfermeros, parteros o comadronas que cometan o participen en la comisión del aborto.
De igual manera, el artículo 128 indica una pena de reclusión de tres a seis años a la mujer que provoque su aborto o consienta que otra persona se lo provoque.
CAPTURADA COMO UNA DELINCUENTE
“Había un policía al salir de la sala y me dijo que ella no iba para la casa, sino que iba detenida”, rememoró María Antonia Martínez, al contar el episodio cuando su hija Claudia fue llevada del hospital a una fría celda acusada por el delito de aborto.
Relata que salió del hospital, junto a su hija en la parte trasera de una patrulla policial, rumbo al Centro Integrado, más conocido como Core 7, para iniciar su proceso judicial.
En este lugar, [posta policial] Claudia recuerda que una mujer le dijo, en tono grosero: “si no lo quería lo hubiera parido y regalado”, una frase que hasta la fecha la sigue recordando. Justo al recordar este episodio, Claudia rompió en llanto por la impotencia de haber sido juzgada por un delito que ella asegura no cometió.
Claudia recordó que al ser trasladada al juzgado para el desarrollo de la primera audiencia iba esposada de pies y manos.
“Yo logré verla, iba encadenada de las manos y de los pies, trataron a mi hija como una delincuente, no les importó que recién había tenido una cesárea”, expresó entre lágrimas María Antonia al recordar el trato que recibió su hija.
Al término de la primera audiencia de imputado, Claudia quedó detenida judicialmente y con orden judicial de ser enviada a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde ocurrió la peor masacre en la historia de este centro penitenciario en junio de 2023, cuando 46 mujeres privadas de libertad fueron asesinadas con saña.
Sin embargo, la gestión de una abogada evitó que Claudia fuera trasladada a la PNFAS, quedó con medidas sustitutivas a la prisión, obligada a presentarse cada semana a los juzgados a firmar y a no salir del país.
Al imaginarse que su hija pudo ser una de las víctimas en la PNFAS. nuevamente, María Antonia se quebrantó.
En los últimos cinco años 19 personas acusadas por el delito de aborto han sido recluidas, 13 mujeres y seis hombres, según una respuesta de información proporcionada a Criterio.hn por el Instituto Nacional Penitenciario.
Claudia pasó judicializada cinco años, y tras un trabajo de organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres, logró tener su carta de libertad, después de un proceso sin pruebas consistentes de haber sido la responsable, ya que su expediente clínico desapareció del centro de salud, además, 15 días después de ser enterrado, realizaron una exhumación del cuerpo de su hijo, ya que al momento que realizaron la cesárea no practicaron la autopsia.
Ella responsabiliza de lo que ocurrió, durante todo este tiempo, al sistema sanitario, más que al sistema judicial, pues fue el primero que la acusó sin tener una base científica para hacerlo. Aunque los tribunales de justicia la mantuvieron en un tortuoso proceso que la criminalizó durante cinco años.
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SISTEMA DE JUSTICIA SIN ENFOQUE DE GÉNERO
El proceso legal por el que pasó Claudia es sólo una muestra de la necesidad urgente de implementar procesos judiciales con enfoque de género, a esto se le suman los innumerables casos de violencias en contra de la mujer que están a la espera de justicia y que van desde violencia doméstica hasta feminicidios.
Jenn Osorto, activista feminista, parte de Optio Choice Freedom Justice e integrante de la plataforma Somos Muchas, reflexiona que en este país centroamericano, las mujeres, “vivimos en un sistema de justicia que tiene grandes carencias con deficiencias en enfoque de género”.
Esta falta de enfoque de género, de acuerdo con la abogada, Kenia Paz, del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos –una pieza clave en la defensa de Claudia— también abarca al Ministerio Público.
“El Ministerio Público no está haciendo investigaciones con perspectiva de género”, por el contrario, su manejo en la temática conlleva a la criminalización de las mujeres y las lleva a enfrentar procesos de muchos años, como el caso de Claudia, señala Paz.
En la data del Ministerio Público, a la que tuvo acceso Criterio.hn, sobre las denuncias por el delito de aborto, de 2028 a 2022, 107 personas fueron sometidas a investigación por esta causa.
Las mujeres que se enfrentan a procesos judiciales como Claudia, se ven limitadas en el desarrollo de su vida porque tienen antecedentes penales, policiales, una situación que las limita a tener un empleo y a gozar a plenitud de todos sus derechos.
Para la abogada Kenia Paz, estas limitaciones a las mujeres son a consecuencia de la cultura no solamente patriarcal, sino machista, misógino y que, además, pese a que Honduras es un Estado laico, se siguen tomando en consideración aspectos religiosos en la aplicación de la justicia.
“El Estado sigue viendo a las mujeres como esclavas, o como ciudadanas de segunda clase, como esclavas de la maternidad; las mujeres están obligadas en el Estado de Honduras a parir”, cuestionó la abogada Kenia Paz.
¿QUIÉNES SON CRIMINALIZADAS POR ABORTO EN HONDURAS?
Pese a tener pocas estadísticas sobre las mujeres que han sido criminalizadas por aborto, los pocos estudios indican que el perfil de las mujeres que han sido víctimas del sistema de justicia, sin enfoque de género, son mujeres pobres.
“Las mujeres que han sido criminalizadas, en su mayoría, sino en su totalidad, son mujeres que viven en la pobreza”, precisó Kenia Paz.
En su análisis, “Aborto: entre la autonomía de las mujeres y el delito”, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, señala que pese a la prohibición absoluta y al subregistro o inexistencia de estadísticas fiables, el aborto ha constituido la segunda causa de egresos hospitalarios en Honduras, después del parto. Se estima que sólo en 2013 egresaron de los hospitales públicos y del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 13,692 mujeres con diagnóstico de aborto, apunta el texto de Mejía.
Mejía exterioriza que “se puede presumir que son las mujeres pobres las que acuden a la sanidad pública cuando se presentan complicaciones después de un aborto inseguro, pues las que tienen dinero acuden a clínicas privadas o van al extranjero, y, por tanto, son las mujeres pobres las que enfrentan la posibilidad de ser encarceladas”.
Bajo esta lógica y las estadísticas, analistas en el tema, indican que el aborto aparte de ser un problema de salud pública es una “cuestión de clase”.
“El aborto es un problema de clase social, es un privilegio de clase y no es verdad que en los estratos altos no se practican abortos”, expresó a Criterio.hn Kenia Paz.
Si bien, la Secretaría de Salud registra que, entre 2019 y agosto de 2023, más de 30,000 mujeres acudieron al sistema sanitario por atención de aborto, las organizaciones de mujeres hacen hincapié que la cifra es mayor debido a que no hay registro de quienes buscan la asistencia en centros médicos privados o tienen medios económicos para viajar a países donde es legal el aborto.
Para evitar la criminalización de mujeres por aborto, para Lucía Hernández, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos –organización global de defensa legal dedicada a promover los derechos reproductivos— es imperante que se tome como referencia la sentencia de Corte IDH en el Caso Manuela y otros vs. El Salvador del 2 de noviembre de 2021, mediante el cual se señala a la vecina nación de ser responsable por la violación de los derechos humanos a la salud, a un juicio justo, a la vida y a la integridad personal de una mujer, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al iniciar procedimientos penales contra “Manuela”, como se identificó a la víctima de este caso, por homicidio agravado y ser detenida mientras sufría una emergencia obstétrica.
“Si bien, son específicas para El Salvador, al ser un tribunal regional que cobija los países de Latinoamérica, hace sentar estándares específicos y claros para evitar que los hechos se repitan”, explicó Lucía Hernández.
Además, señaló que en Honduras se han dado casos de mujeres que están siendo acusadas por parricidio, por lo que aconsejó que en este país se ponga la mirada en decisiones y tratados internacionales en materia de derechos humanos para evitar la vulneración y debilitamiento de los derechos de las mujeres.
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SIN RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A DECIDIR
Honduras es uno de los cinco países de América Latina con una prohibición absoluta del aborto. La Constitución de la República, en su artículo 67, prohíbe el aborto en todas sus causales, además, en enero de 2021 la iniciativa, conocida como “Escudo contra el aborto en Honduras”, presentada al pleno del Congreso Nacional por el diputado del conservador Partido Nacional –Mario Pérez, fue aprobada en un sólo debate.
Esta reforma constitucional significa, de acuerdo con las organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, un retroceso en el reconocimiento de estos derechos pese a tener convenios internacionales.
La reforma constitucional implica que para eliminar la prohibición del aborto se requiere del voto de la mayoría calificada de los diputados, es decir, 86 votos de un total de 128, algo casi imposible de lograr porque la clase política hondureña, en su mayoría, es conservadora.
Lucía Hernández, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, considera que el reconocimiento al derecho a decidir de las mujeres “es preocupante”, debido a la reforma constitucional de 2021 que blinda la prohibición del aborto.
Añade que la situación se agrava con la resolución de la Corte Suprema de Justicia al declarar, “sin lugar” el recurso de apelación presentado por las organizaciones de mujeres, el 13 de abril de 2021, sobre la reforma constitucional de enero de ese mismo año.
A raíz de dicha resolución, adoptada en febrero de 2023, previo a la vacancia de la Corte anterior, las organizaciones de mujeres y derechos humanos, presentaron un recurso de reposición, que recibió la misma sanción “no a lugar”.
Cabe señalar que la nueva Corte aseguró “estar comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres”, pero pese a ese compromiso mantiene la prohibición absoluta del aborto.
Para Lucía Hernández las acciones del Poder Judicial, indistintamente de las administraciones, “cierra las puertas a la garantía de los derechos de las mujeres, específicamente la garantía del aborto.
Para Jenn Osorto, con las acciones de la Corte Suprema de Justicia se están dejando de lado los criterios de organizaciones de sociedad civil, mujeres y organizaciones internacionales que han presentado amicus curiae, como la organización regional «Protegiendo los derechos de la salud reproductiva de las mujeres más vulnerables en Centroamérica y México (Ipas-CAM)» y como el presentado por el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés)
Si bien, Claudia, no decidió practicarse un aborto, es importante poner en contraste que, debido a la prohibición absoluta del aborto, al precario sistema de salud, y a una justicia sin enfoque de género, pasó por un proceso estigmatizante y criminalizador por más de cinco años.
Con esta penalización, el derecho a la maternidad deseada sigue teniendo obstáculos, y limita a las mujeres, adolescentes y niñas a tener acceso a un aborto seguro, incluso cuando el embarazo es producto de una violación sexual.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) indican que el derecho de la mujer a la salud incluye su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, Honduras no ha aprobado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que pone de manifiesto el poco compromiso del Estado para con los derechos de las mujeres pese a que representan el 51% de la población.
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Las discusiones sobre la educación sexual integral en Honduras, al igual que la despenalización del aborto por tres causales, son temas tabúes que se centran en discusiones religiosas y moralistas.
Un ejemplo de ello, fue el veto presidencial a la Ley Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes. La presidenta Xiomara Castro recurrió al veto una semana después de que el movimiento fundamentalista y conservador—, integrado por las iglesias católica y evangélica, políticos y militares, “Con mis hijos no te metas”—, realizara sendas manifestaciones por diferentes ciudades de Honduras para exigir el veto a la referida ley.
A criterio de las organizaciones de mujeres, este veto presidencial es “un retroceso” en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas, y además desnudó la problemática de las niñas y adolescentes.
En tanto la violencia de género, sigue en aumento en el país centroamericano que registra la tasa más alta de femicidios en toda América Latina y los delitos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres se cometen sin tener ninguna responsabilidad penal.
“Prácticamente nos han dado la espalda [el gobierno], sentimos que también, no están cumpliendo con lo que prometieron con respecto a las mujeres”, recriminó Jenn Osorto.
La doctora Pavlova Polanco, destacó que la educación sexual, que anunció el gobierno hace algunos meses, se basó en una fuerte campaña de desinformación.
“No tenemos un sistema de educación sexual integral en todos los niveles para todas las personas, que prepare a la población a ser consciente de sus derechos sexuales y reproductivos”, lamentó la profesional de las ciencias médicas.
Además, refirió que la educación sexual debe ser un trabajo integral y articulado en el que converjan, los sistemas de salud y educación, medios de comunicación, padres y madres de familia.
Criterio.hn recopiló información sobre los delitos sexuales cometidos entre 2018 a 2022 y encontró que se cometieron 9,633 delitos que se subdividen en 32, que van desde abuso sexual, acoso sexual, actos de lujuria, estupro, exhibición, incesto, pornografía de menores, explotación sexual, violación, entre otros.
Las organizaciones de mujeres señalan la importancia de la educación sexual para que la niñez hondureña pueda detectar a tiempo señales de alarma y evitar un abuso sexual.
La historia de Claudia, y el panorama de desprotección y la no garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, son una muestra de la deuda histórica del Estado de Honduras con las mujeres que representan más de 50 % de la población.
